Un hombre de 37 años, integrante de la comisión de padres de la EPET N.º 34 de Posadas, permanece detenido e imputado por presunta administración infiel. La investigación comenzó tras detectarse un faltante de casi $5,8 millones y actualmente analiza movimientos y comprobantes que elevarían el monto involucrado a unos $20 millones.

El dinero había sido recaudado por estudiantes y familias para financiar su participación en la Estudiantina 2026. Según la denuncia, parte de los fondos habría sido utilizada en consumos personales, mientras que el acusado habría reintegrado $3 millones tras los primeros reclamos.

El caso combina una investigación judicial con un fuerte impacto dentro de la comunidad educativa. El eje central es el presunto desvío de recursos que estudiantes, familias y docentes reunieron durante meses mediante ventas y aportes destinados exclusivamente a cubrir los gastos de la Estudiantina.

La investigación presenta una diferencia significativa entre el primer faltante detectado y el monto actualmente bajo análisis. La denuncia inicial hablaba de $5.769.757, mientras que el relevamiento de movimientos bancarios, comprobantes y otros elementos incorporados a la causa llevó la cifra investigada a aproximadamente $20 millones. Ese monto, de acuerdo con el relato de las familias, todavía podría aumentar.

El detenido, Héctor E. B., de 37 años, no era docente ni empleado de la escuela, sino padre de una estudiante y miembro de la comisión de padres. Su designación como tesorero le permitió administrar los recursos recaudados para la participación de la institución en la tradicional celebración estudiantil.

Entre las principales dificultades que enfrentó la comunidad aparecen la falta de fondos para retirar los trajes, una deuda de $3,4 millones con la modista y la necesidad de volver a recaudar dinero para afrontar el Show de Escolas. Incluso, un vehículo fue dejado como garantía para poder recibir las prendas.

Desde el punto de vista judicial, el hombre permanece detenido e imputado por administración infiel, mientras que su pareja, quien presidía la comisión, fue notificada de la investigación. La responsabilidad penal deberá determinarse en el marco de la causa y a partir de las pruebas incorporadas.

El aspecto social del caso también resulta relevante: detrás del dinero investigado hay meses de trabajo de estudiantes y familias que organizaron ventas de comidas y distintas actividades para financiar trajes, instrumentos y carrozas. La comunidad educativa inició nuevas acciones para reunir fondos y abrió una cuenta con mayores controles para administrar las futuras recaudaciones.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante el alias fondo.epet34, a nombre de Diana Micaela Ávalos. Desde la comunidad educativa advirtieron que comenzaron a circular cuentas falsas y pidieron verificar la escritura exacta del alias.