Docentes universitarios anunciaron un paro de hasta 72 horas y profundizan el reclamo salarial
La CONADU anunció un paro de 72 horas desde el miércoles 30 de septiembre en reclamo por la recomposición salarial prevista en la Ley de Financiamiento Universitario. El gremio reclama una actualización del 33,4%, mientras que el Gobierno había ofrecido un aumento del 3%. La protesta se produce en medio de una disputa judicial por la aplicación de la Ley 27.795 y de cara a una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre.
El conflicto universitario atraviesa una nueva instancia de tensión a partir del anuncio de un paro de hasta 72 horas por parte de los docentes nucleados en CONADU. El eje central de la protesta es la diferencia entre la recomposición salarial reclamada por los sindicatos y la propuesta presentada por el Gobierno en la última negociación paritaria.
De acuerdo con lo planteado por la organización gremial, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario contempla una recomposición del 33,4%, mientras que la oferta oficial fue del 3%. Esta brecha constituye uno de los principales puntos de la disputa y explica la continuidad de las medidas de fuerza.
El conflicto no se limita al ámbito salarial. La discusión también se desarrolla en el plano judicial, a partir de una medida cautelar relacionada con la aplicación de la Ley 27.795. Mientras la Justicia sostuvo que el cumplimiento de la medida no había sido integral y fijó un plazo para que el Ejecutivo avance en su aplicación, el Gobierno sostiene que la cautelar ya fue cumplida y decidió apelar la resolución.
En este contexto, el paro anunciado para el 30 de septiembre adquiere relevancia dentro de un esquema de protestas más amplio. Las organizaciones sindicales buscan además coordinar acciones con CONADU Histórica, mientras que ya está prevista una quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.
Así, el conflicto universitario combina tres dimensiones: el reclamo por los salarios docentes, la discusión sobre el financiamiento del sistema universitario y la disputa judicial por la aplicación de la legislación vigente. La evolución de las negociaciones y de la situación judicial será determinante para definir si las medidas de fuerza se mantienen, se amplían o encuentran una instancia de negociación.