La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso una medida cautelar interina que suspende los efectos del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, disposición que había derogado la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. Con esta resolución, vuelven a regir provisoriamente las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros, mientras continúa el proceso judicial.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. El magistrado Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

El pronunciamiento se originó en una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, entre ellos representantes de comunidades indígenas. El reclamo está relacionado con el proceso colectivo que había impulsado el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, aunque corresponde a un expediente diferente.

Los demandantes solicitaron que la Corte aclarara los alcances de sus decisiones anteriores y precisara qué efectos tenían sobre su causa. Ante ese planteo, el máximo tribunal resolvió suspender temporalmente la aplicación del artículo cuestionado hasta que el juzgado competente determine si los actores están legitimados para intervenir y analice el pedido cautelar.

Entre los fundamentos de la medida, la Corte consideró la necesidad de garantizar una respuesta judicial efectiva y prevenir posibles daños irreparables, especialmente en relación con la protección ambiental.

La resolución no representa una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, sino una suspensión provisoria mientras avanza el expediente.

La decisión de la Corte se conoció pocos días después de que el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyera a la Fiscalía de Estado a promover acciones judiciales para defender los intereses de la provincia ante las consecuencias de la derogación de la Ley 26.737.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto Provincial N.º 1935, firmado el 2 de octubre de 2026. La norma faculta al organismo a impulsar las presentaciones y defensas que considere pertinentes, de acuerdo con las vías procesales más adecuadas.

El Gobierno provincial sostiene que la eliminación del régimen de protección de tierras rurales podría afectar la autonomía territorial, el control de los recursos naturales, las finanzas públicas y la estructura económica y social de Misiones.

Passalacqua fundamentó su postura en las características geográficas y productivas de la provincia, que cuenta con más del 90 % de su perímetro en frontera internacional y alberga una importante diversidad ambiental. También destacó la necesidad de proteger a los pequeños productores y resguardar los recursos estratégicos del territorio.

En ese marco, el decreto establece que la Fiscalía de Estado deberá representar legalmente a la provincia y ejercer las acciones necesarias frente a los posibles efectos de la derogación.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales en Argentina. Su derogación había sido dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023.

Con la nueva medida cautelar, los efectos de esa derogación quedan suspendidos de manera provisoria. El alcance definitivo de la controversia dependerá de los próximos pronunciamientos judiciales y del tratamiento de los planteos presentados.

Para Misiones, el debate adquiere especial relevancia por su condición fronteriza, la preservación de sus ecosistemas y la importancia de la actividad agropecuaria familiar en su economía.

La provincia ya había iniciado su propio camino judicial para defender sus intereses. Ahora, la resolución del máximo tribunal incorpora un nuevo elemento a la discusión nacional sobre la regulación de la propiedad rural, la protección ambiental y el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo mediante el DNU 70/2023.