El Gobierno avanza con un nuevo plan de retiros voluntarios para empleados estatales
El Gobierno nacional ultima los detalles de un nuevo régimen de retiros voluntarios destinado a trabajadores civiles de planta permanente de la Administración Pública Nacional y determinados organismos dependientes de la estructura central. El decreto que pondrá en marcha el programa sería publicado durante los próximos días, mientras que la apertura de las inscripciones está prevista para noviembre.
La iniciativa forma parte de la política de reducción de la estructura estatal que lleva adelante la administración de Javier Milei. Según cifras oficiales citadas por el propio Gobierno, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 la cantidad de trabajadores del Estado se redujo en 74.332 personas, lo que representa una disminución del 21,6%. De acuerdo con esa estimación, el ajuste habría generado un ahorro superior a los US$2.500 millones.
Tres perfiles que podrían acceder al retiro
El programa estaría pensado especialmente para tres grupos de empleados. Por un lado, quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria y cuentan con los años de aportes necesarios. También contempla a trabajadores que reúnen la edad requerida pero todavía necesitan completar períodos de aportes. Finalmente, se incluiría a empleados más jóvenes que decidan abandonar voluntariamente la administración pública.
El mecanismo económico no sería idéntico para todos los casos. La intención oficial es que quienes están próximos a jubilarse puedan utilizar la compensación para completar los requisitos previsionales, mientras que para los trabajadores más jóvenes el incentivo estaría asociado directamente a la indemnización prevista por el régimen.
Dentro del Ejecutivo calculan que el programa podría alcanzar al menos a un millar de empleados.
Una medida diseñada dentro del área de Transformación del Estado
El diseño del régimen estuvo a cargo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. En la elaboración también participaron funcionarios de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y de las áreas vinculadas con la modernización del empleo público y la reforma estatal.
Desde el Gobierno sostienen que la convocatoria será comunicada formalmente en los próximos días para que los trabajadores interesados puedan conocer las condiciones antes del comienzo de las inscripciones.
El alcance también requiere una precisión administrativa: el esquema anunciado estaría dirigido a dependencias de la administración central y organismos desconcentrados. Estos últimos forman parte de la estructura central del Estado y no cuentan con personalidad jurídica propia, una característica que los diferencia de los organismos descentralizados.
El antecedente de otros organismos estatales
Los retiros voluntarios ya fueron utilizados en distintas dependencias durante la actual gestión. Uno de los casos recientes fue el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde se ofreció una compensación equivalente a 1,5 salarios por cada año trabajado, con límites determinados según la edad.
El organismo tenía alrededor de 5.750 empleados activos a comienzos de año y buscaba reducir esa cifra hasta aproximadamente 4.500. La meta suponía unas 1.200 desvinculaciones.
Finalmente, 905 trabajadores se adhirieron al programa, equivalente al 75,4% del objetivo establecido y al 15,7% de la dotación total. De esos casos, 377 ya habían obtenido la aprobación correspondiente, mientras que otros permanecían bajo análisis.
También se aplicaron mecanismos similares en organismos como ANSES, mientras que desde el sindicato estatal ATE señalaron que existieron conversaciones o iniciativas vinculadas con dependencias como el Instituto Nacional de Vitivinicultura, Parques Nacionales y PAMI.
El rechazo de ATE
La Asociación de Trabajadores del Estado cuestionó la iniciativa. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el gremio interpreta los retiros voluntarios como una forma de desvinculación encubierta y anticipó resistencia sindical si el programa adquiere un alcance generalizado.
Según Aguiar, ATE buscará desalentar la adhesión de los trabajadores y no descarta medidas de fuerza. El dirigente también planteó que la aplicación de este tipo de mecanismos debe analizarse de acuerdo con los convenios colectivos y las normas laborales específicas de cada organismo.
El tamaño del Estado se redujo más de 74.000 puestos
El nuevo programa se conoce en un contexto de fuerte reducción de la plantilla estatal.
Los datos oficiales indican que el conjunto del sector público nacional pasó de 343.357 trabajadores en noviembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026. En ese período, la Administración Pública Nacional perdió 51.218 empleados, al pasar de 233.098 a 181.880, una caída cercana al 22%.
Las empresas y sociedades estatales también redujeron sus plantillas: pasaron de 110.259 trabajadores a 87.145, con 23.114 puestos menos.
Dentro de la administración nacional, la estructura centralizada —que comprende ministerios, Presidencia y Jefatura de Gabinete— registró una reducción del 32,8%. Allí la cantidad de empleados cayó de 55.858 a 37.543.
La administración descentralizada, en tanto, concentró la mayor reducción en números absolutos: perdió 26.775 trabajadores y pasó de 136.763 a 109.988. Los organismos desconcentrados redujeron su dotación de 24.932 a 21.123 empleados.
Los casos con mayores reducciones
Algunas de las entidades estatales registraron caídas especialmente pronunciadas en sus plantillas. Télam, luego de su reconversión en la Agencia de Publicidad del Estado, pasó de 810 a 167 trabajadores, mientras que Educar redujo su personal de 446 a 167.
También disminuyeron sus dotaciones Contenidos Públicos, que pasó de 234 a 103 empleados, y Casa de Moneda, cuya plantilla descendió de 1.411 a 694 trabajadores.