La Justicia volvió a intimar al Gobierno por la Ley de Financiamiento Universitario
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 volvió a intimar al Gobierno nacional para que, en un plazo de cinco días, cumpla con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. El juez Diego Cormick consideró insuficiente la documentación presentada por el Poder Ejecutivo para acreditar el cumplimiento de las medidas ordenadas.
La resolución exige avanzar con la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y con la recomposición de las becas destinadas a estudiantes, tal como establecen los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.
Según el magistrado, el Gobierno acreditó algunas medidas, entre ellas convocatorias a negociaciones paritarias y órdenes de pago, pero no logró demostrar que los incrementos salariales hayan sido calculados de acuerdo con los parámetros establecidos por la normativa.
En ese sentido, el fallo señala que la inflación acumulada entre el 1 de diciembre de 2023 y junio de 2026 alcanzó el 312,19%, mientras que la ley establece que los haberes universitarios deben actualizarse tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante ese período.
La situación de las becas estudiantiles
El tribunal también cuestionó la documentación presentada respecto de los programas de asistencia estudiantil. La ley establece la recomposición de las becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras prestaciones, de acuerdo con la variación acumulada del IPC desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma.
Además, la legislación contempla un incremento progresivo de la cantidad de beneficiarios en función de la matrícula de las instituciones públicas de educación superior y secundaria.
Para el juez Cormick, el informe presentado por el Estado no acreditó el cumplimiento de todos estos puntos. En su presentación, el Gobierno sostuvo que la única beca alcanzada por los términos de la Ley 27.795 era la Beca Manuel Belgrano, mientras que consideró que Progresar, Enfermería y las demás prestaciones mencionadas no formaban parte del programa alcanzado por la norma.
El planteo del Gobierno
El Poder Ejecutivo había solicitado que se dejara sin efecto la medida cautelar y rechazó la posibilidad de que se aplicaran multas, al sostener que había cumplido con lo ordenado judicialmente.
La causa colectiva fue iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros actores contra el Poder Ejecutivo a raíz del decreto 759/25, mediante el cual se promulgó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
Mientras la medida cautelar continúa vigente, el Gobierno deberá presentar dentro de los próximos cinco días documentación que permita acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Justicia.