El Gobierno apelará la intimación judicial para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales suma una nueva instancia judicial. El Gobierno nacional anticipó que apelará la decisión que le otorgó un plazo de cinco días para avanzar con el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que analiza, además, solicitar que la medida tenga efecto suspensivo.
La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en respuesta a la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick. El magistrado había intimado al Poder Ejecutivo a cumplir con lo dispuesto bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas diarias.
El eje de la disputa está vinculado con la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan medidas relacionadas con la recomposición de los salarios del personal docente y no docente y con la actualización de las becas universitarias. La Justicia había ordenado su aplicación inmediata, mientras que el Ejecutivo sostiene que las medidas adoptadas hasta el momento acreditan el cumplimiento de la cautelar.
El expediente tiene antecedentes relevantes. La Cámara había confirmado la medida cautelar y, posteriormente, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno. De esta manera, la orden judicial continuó vigente mientras avanza la discusión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto 759/2025, norma que vinculó la ejecución de determinadas disposiciones presupuestarias con la disponibilidad de fuentes de financiamiento.
En paralelo al proceso judicial, el Gobierno intentó avanzar mediante la negociación salarial con los representantes del sector universitario. Entre las medidas anunciadas previamente se incluyeron incrementos para docentes y no docentes y una suba destinada a los gastos de funcionamiento de las universidades. Sin embargo, las conversaciones posteriores no permitieron cerrar un nuevo acuerdo y el rechazo sindical a una propuesta adicional del 3% profundizó el conflicto.
El escenario también se trasladó al debate por el Presupuesto 2027. El proyecto oficial contempla una partida de $7,349 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional calcula que las instituciones requerirían alrededor de $11 billones para afrontar sus necesidades. La diferencia entre ambas estimaciones anticipa otro de los principales puntos de discusión durante el tratamiento parlamentario.
La estrategia del Ejecutivo combina, por un lado, la vía judicial para cuestionar la intimación y, por otro, la posibilidad de introducir modificaciones al financiamiento universitario durante el debate presupuestario. Desde el oficialismo consideran que un eventual acuerdo político podría constituir un cambio en las circunstancias del expediente, aunque cualquier modificación sobre una medida cautelar vigente deberá ser evaluada por la Justicia.
Mientras el Gobierno define su presentación ante la Cámara, el conflicto continúa en el ámbito universitario. Los gremios mantienen la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, en un contexto marcado por la discusión salarial, el financiamiento de las casas de estudios y la disputa sobre el alcance de las decisiones judiciales.
El punto central de la controversia ya no se limita al monto de los recursos destinados a las universidades. También está en juego cómo se compatibilizan una ley sancionada por el Congreso, las restricciones presupuestarias planteadas por el Poder Ejecutivo y las decisiones de los tribunales que ordenaron avanzar con determinadas disposiciones de la norma.