El proyecto, planificado desde noviembre de 2025, fue implementado tras la finalización de los procesos administrativos, permitiendo ahora avanzar en la readecuación operativa entre el Servicio Penitenciario Provincial y la Policía. Read More A partir de ahora, agentes del Servicio Penitenciario Provincial custodiarán las comisarías de Misiones
según un informe de la consultora Fundar, es comparable en magnitud al desplome registrado durante la pandemia y marca la peor contracción en los primeros 25 meses de gestión para un gobierno desde 2003 Read More Desde el comienzo del mandato de Javier Milei, cerraron unas 22.608 empresas
Durante la manifestación, los vecinos denunciaron cobros que consideran excesivos y desproporcionados, muy por encima de los montos habituales que venían pagando meses atrás o del consumo real de cada hogar.
Muchos de los presentes exhibieron facturas que oscilan entre $300.000 y $500.000, e incluso más, cifras que -según sostienen- resultan imposibles de afrontar para familias con ingresos promedio o jubilaciones.
varios vecinos denunciaron problemas en la prestación del servicio, como cortes, baja presión e incluso aire en las cañerías.
los vecinos adelantaron que presentarán una denuncia colectiva para exigir explicaciones por los montos facturados y reclamar controles sobre el servicio. Señalaron que la intención es visibilizar el problema y lograr una revisión de las facturas, ya que aseguran que la situación afecta a numerosos hogares de la ciudad. La concentración comenzó en la esquina de avenidas Tacuarí y Corrientes, desde donde marcharon hasta la sede de la empresa Samsa.
fuente: elterritorio
En el Congreso se realizó un pedido de informes, impulsado por el diputado nacional Esteban Paulón, reclamando precisiones sobre si Angeletti integró formalmente la delegación, quién solventó su traslado y alojamiento, qué rol cumplió durante la visita y si se analizaron posibles incompatibilidades o conflictos de interés. El planteo tomó fuerza luego de que, en un primer momento, trascendiera que la esposa de Adorni se encontraba en Nueva York por motivos personales y que no formaba parte de la comitiva oficial.
Sin embargo, en declaraciones televisivas posteriores, Adorni confirmó que Angeletti efectivamente abordó el ARG-01 desde Buenos Aires. Según explicó, su esposa ya tenía previsto viajar a Estados Unidos con un pasaje comprado, pero el itinerario cambió y Presidencia la invitó a acompañarlo “porque no había otra forma”. En ese contexto, justificó la decisión con una frase que amplificó la polémica: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”.
La controversia se produce, además, en un contexto particular: hace pocos días la Jefatura de Gabinete modificó el régimen de viajes oficiales al exterior, estableciendo que las comitivas deberán quedar limitadas a un máximo de un funcionario por evento o actividad internacional, salvo justificación expresa para incorporar más integrantes. La norma fue presentada por el Gobierno como parte de una política de simplificación administrativa y optimización de recursos.
La opulencia del viaje dejó al desnudo una vez más que es difícil resistirse al archivo. En el caso de un vocero presidencial devenido en jefe de Gabinete, mucho más. En agosto de 2024, el propio Adorni fue el encargo de anunciar, como vocero, la entrada en vigencia del decreto 712/2024, firmado por Milei en agosto del año pasado, que limitar el uso de los aviones del Gobierno.
En esa época, se habían filtrado los viajes que la exprimera dama Fabiola Yañez había realizado precisamente en el avión presidencial. “Cuando utilizás para beneficio personal cuestiones del Estado, estás abusando de tu posición de poder”, había dicho Adorni. La paja, siempre, en el ojo ajeno.
No fue la primera vez que lo hizo. Un repaso por los viejos tuits del funcionario –cuando todavía no usaba el “FIN” para cerrar sus posteos– dan cuenta, por ejemplo, de su desprecio por el empleo público:
*“País inviable: dícese de la brecha existente entre el empleador (que siente que su costo laboral es el más alto del mundo) y el empleado (que siente que su sueldo es el más bajo del mundo), la cuál se explica por la mera existencia del Estado que hace de todos, ciudadanos pobres”, escribió el 2 de enero de 2019.
*“Al empleado de Estado no se lo puede echar, muchas veces gana más que un empleado privado y en general su productividad nula. Todo esto genera un costo adicional. Parte de este costo lo debería afrontar el propio empleado en favor del trabajador privado”, posteó el 1 de marzo de 2019.
*“País inviable: dícese de la brecha existente entre el empleador (que siente que su costo laboral es el más alto del mundo) y el empleado (que siente que su sueldo es el más bajo del mundo), la cuál se explica por la mera existencia del Estado que hace de todos, ciudadanos pobres.”, siguió en mayo de ese mismo año.
*“El estado nacional gasta 16 millones de pesos por minuto (267.000 pesos por segundo). Con esto logramos llegar al 50% de pobreza, al 11% de indigencia, a tener una inflación sin control y por sobre todo, a que 25 millones de personas dependan de un cheque público. Saludos.”, posteó el 31 de marzo de 2021.
*“Es hermoso vivir del Estado. Más aún cuando lo mantienen los demás…”, posteó con con fecha del 21 de abril de 2017.
Página/12 reveló en su momento que Adorni había sido él también empleado público –más bien, un ñoqui– del Ministerio de Cultura durante el gobierno de Cambiemos, algo que había intentado ocultar. La paja, siempre, en el ojo ajeno.
La mujer que denunció al intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, por presunto acoso y abuso sexual ratificó este miércoles los hechos ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico y amplió su testimonio con nuevos detalles sobre los episodios denunciados.
“Hoy vino a ratificar la denuncia la denunciante y dio más detalles de lo que ya había declarado en la fiscalía, pero esta vez ante el juez”, reveló una fuente consultada sobre el desarrollo de la audiencia.
De acuerdo con esa misma fuente, la mujer sostuvo los dichos ya vertidos en la denuncia inicial y describió nuevamente las circunstancias en las que se habrían producido los hechos. “Ratificó sus dichos, comentó todo, se mostró muy mal, muy triste”, agregó.
el gobernador Hugo Passalacqua, solicitó que el intendente tome licencia en su cargo mientras avanza la investigación judicial.
El pedido fue realizado a través de su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter), donde el mandatario provincial se refirió a la situación y pidió que el jefe comunal se aparte de sus funciones de manera temporal.
“Ante la denuncia por abuso sexual contra el intendente de Caraguatay, le solicité que pida licencia del cargo y se ponga a disposición de la Justicia a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, expresó Passalacqua en su publicación.
fuente: misionesonline
De igual manera los trámites también pueden gestionarse en las oficinas de SUSA , con turno previo.
Para completar la renovación, los estudiantes deberán presentar la constancia de inscripción al BEM vigente, el DNI original junto con una copia y contar con registro en la aplicación Servicios Urbanos S.A. o SUBE.
La constancia de inscripción debe estar validada por la institución educativa y, en algunos casos, por la autoridad policial. Si el sistema indica que el estudiante ya fue comprobado como tal, no será necesaria la firma de las autoridades educativas.
El domicilio declarado en el formulario debe coincidir con el que figura en el DNI. En caso de que exista una diferencia, el documento deberá contar con la firma y el sello de la Policía que respalde el cambio.
La asociación civil sin fines de lucro Ecoplas dio a conocer un informe sobre el desarrollo sustentable de los plásticos en la Argentina durante las últimas dos décadas del que se desprende un aumento en la concientización de la sociedad y de las empresas respecto al cuidado del medio ambiente. Read More Difundieron cifras sobre la actualidad del reciclaje en Argentina
El eje del conflicto es el incumplimiento del gobierno de la Ley de Financiamiento Universitario. El año pasado, la ley fue aprobada por el Congreso, pero el Poder Ejecutivo la vetó. El Congreso hizo caer este veto y la ley quedó firme, pero el gobierno igual no la cumplió. El tema fue llevado a la justicia, donde un fallo judicial favoreció a los docentes y ordenó al gobierno nacional pagarles un aumento salarial acorde a lo que perdieron por la inflación -es decir, un 51 o 52 por ciento de aumento-. El gobierno se niega a cumplirlo.
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