Adorni ante la Justicia: las claves de una defensa basada en sus ahorros en criptomonedas
El exjefe de Gabinete atribuye el crecimiento de su patrimonio a inversiones en Bitcoin realizadas antes de su llegada al Gobierno. Su defensa también cuestiona el costo de las refacciones de su casa y justifica el uso de tarjetas de terceros. La Fiscalía había señalado un desfasaje entre los ingresos del grupo familiar y los gastos realizados durante su paso por la función pública.
El descargo presentado por Manuel Adorni ante la Justicia busca explicar el crecimiento de su patrimonio durante los años en los que ocupó cargos en el Gobierno de Javier Milei a partir de una premisa central: una parte sustancial de los recursos que utilizó ya estaba en su poder antes de asumir como funcionario.
Según su defensa, Adorni habría invertido unos 200.000 dólares en criptomonedas entre 2014 y 2017 y, tras la valorización de esos activos, habría acumulado cerca de 600.000 dólares. Posteriormente, sostiene, convirtió parte de esas inversiones en efectivo y conservó los dólares en su domicilio. La explicación apunta a desvincular el origen de su patrimonio de su actividad como funcionario público.
El planteo debe enfrentar, sin embargo, varias cuestiones señaladas durante la investigación. La Fiscalía había calculado que Adorni y su pareja no contaban con ingresos suficientes para cubrir el nivel de gastos registrado durante los dos años y medio analizados. El requerimiento fiscal incluyó 402.578 dólares y 43 millones de pesos cuyo origen y utilización debían ser explicados.
Otro punto relevante es la evolución temporal de la explicación. En sus primeras declaraciones públicas, Adorni atribuyó su patrimonio a sus actividades privadas. La referencia a las inversiones en Bitcoin apareció posteriormente, en junio, después de que trascendieran cuestionamientos sobre sus gastos y su declaración jurada. La defensa sostiene que las rectificaciones fueron presentadas antes del requerimiento formal de la Fiscalía y que, por lo tanto, no existió intención de ocultar bienes.
El descargo también intenta explicar el incremento de los gastos a partir de cuestiones de seguridad familiar. En ese marco, Adorni vinculó la compra de un departamento en Caballito y de una propiedad en el country Indio Cuá con la necesidad de preservar a su familia. También atribuyó los viajes y otros gastos al dinero proveniente de sus ahorros y a los ingresos habituales del matrimonio.
La remodelación de la propiedad de Indio Cuá constituye otro punto de controversia. Mientras el contratista Matías Tabar habría estimado el costo en 245.000 dólares, la defensa de Adorni sostiene que el desembolso real fue de aproximadamente 175.000 dólares y cuestiona la forma en que fueron registradas distintas obras, materiales y pagos. Entre los elementos mencionados aparecen desembolsos en efectivo sin comprobantes y diferencias en fechas y registros.
El uso de tarjetas de crédito pertenecientes a terceros también fue abordado en la presentación. Adorni explicó que recurrió a su secretaria, una empleada y un amigo debido a su carga laboral y que luego reintegró los gastos. La defensa niega que esa modalidad haya tenido como objetivo ocultar consumos o patrimonio.
En síntesis, la estrategia judicial busca instalar tres argumentos: que el dinero utilizado provenía de un patrimonio anterior a la función pública, que las omisiones en las declaraciones juradas fueron errores posteriormente rectificados y que las diferencias detectadas en los gastos pueden explicarse dentro de la dinámica económica del grupo familiar.
El punto central de la investigación, por lo tanto, pasa por determinar si esas explicaciones permiten reconstruir de manera documentada el origen de los fondos, su disponibilidad previa al ingreso de Adorni al Gobierno y su correspondencia con los gastos y bienes incorporados durante su paso por la función pública. La presentación de la defensa constituye una versión de los hechos; la valoración de su consistencia corresponde ahora al proceso judicial.