El Gobierno impulsa un nuevo proyecto de ley de Discapacidad que volvería atrás en todas las conquistas conseguidas
El Gobierno nacional se niega, cumplir con la ley vigente, es decir a pagar la deuda acumulada con profesionales, transportistas y centros de día, lo que ha provocado la suspensión de tratamientos y servicios esenciales.
No será el único cambio de aprobarse el proyecto libertario: también desregula los valores de las prestaciones, lo que rompe con la igualdad de acceso a los tratamientos. Es decir, quiere aplicar la ley de la oferta y la demanda a un sector social especialmente vulnerable.
Cientos de personas con discapacidad, familiares y profesionales de la salud se movilizaron este miércoles en distintos puntos de Argentina para rechazar un proyecto de ley impulsado por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, que afectaría las pensiones por discapacidad, mientras que exigieron además la aplicación de la ley de emergencia en el sector, aprobada el año pasado pero aún sin implementar.
La principal protesta -convocada por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad- tuvo lugar frente al Ministerio de Salud, en el centro de Buenos Aires, mientras que también se registraron movilizaciones en ciudades como Mar del Plata y Córdoba.
Laura Aichino pasó quince años haciendo trámites y presentando reclamos para que su hijo Leandro, nacido con Síndrome de Down, tuviera una pensión. La obtuvo en el 2008, cuando el Congreso aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al sancionar una ley que cambió el paradigma, pasando de un modelo asistencialista a uno de derechos humanos. “Conseguirla fue un alivio, porque la preocupación de quienes tenemos hijos con discapacidad es qué va a pasarles el día que no estemos”, dijo Laura. Contó, sin embargo, que todo el andamiaje que hoy sostiene la vida de su hijo –el centro de día donde Leandro tiene sus amigos y hace deportes, sus varias terapias, incluso el subsidio que ella creyó poder dejarle de por vida– está ahora en peligro de ser borrado de un plumazo.
Laura y su hijo vivieron en carne propia la consecuencia de aquella campaña. Los hicieron presentarse a revalidar el certificado de discapacidad de Leandro, pasar por una auditoría para demostrar que el chico con Síndrome de Down era titular legítimo de su certificado de discapacidad. “Fuimos a la entrevista. El funcionario que nos atendió, teniéndolo enfrente a Leandro con su síndrome, me preguntó si yo contaba con algún documento que acreditara su discapacidad. Fue realmente humillante. Creí que con aquella auditoría se terminaba el problema, pero hoy el gobierno vuelve con la idea de sacarle a los discapacitados el subsidio que les corresponde por derecho. Quieren volver al sistema anterior, para dar un subsidio sólo en el caso de que el discapacitado pueda demostrar que tiene una incapacidad laboral”.
Si lo que espera el gobierno es que la discapacidad desaparezca, sería bueno que se enterara que eso no va a suceder-, opinó Cristina, dueña de un centro de estimulación temprana. -Tal vez crean que quitandole recursos al sector están ahorrando, pero se equivocan: sin atención va a aumentar la cantidad de personas que no se van a poder integrar.
Una delegación cruzó la calle para dejar un petitorio en el Ministerio. Estacionado contra la plazoleta, el acoplado de un camión hizo de escenario para un acto
¿Qué decía el petitorio? Expresaba el rechazo al proyecto de ley del gobierno y exigía el cumplimiento de la Ley de Emergencia vigente.
Desde el escenario, familiares y prestadores hablaron de la pesadilla que vive el sector. Además, remarcaron el cinismo de la Casa Rosada, que habla del “fraude de las pensiones por invalidez” mientras está siendo investigado por quedarse con el 3 por ciento del valor de las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad, una acusación que toca de lleno a la hermana del presidente, Karina Milei.
Fuente: Infobae-Pagina 12
