Sara Acosta fue una de las pocas testigos que declararon este miércoles en el juicio por el vuelco trágico del colectivo de Águila Viajes ocurrido sobre la ruta provincial 201, cerca de Apóstoles el 7 de noviembre de 2012 y que le costó la vida a cuatro personas. Una de las víctimas fatales de ese accidente fue precisamente la hija de la mujer, Marcia Gavina Ríos, de 24 años.
“Lo único que espero de este juicio es que el responsable pague por lo que hizo”, respondió ante una pregunta de la fiscal María Laura Álvarez. Ese responsable no es otro para ella que el chofer micro, Víctor Alejandro Zarski (41), acusado de homicidio culposo cuatro hechos.
Fue la segunda audiencia del debate oral, que se realiza en la sala de audiencias de los juzgados del fuero Correcional y de Menores. El imputado es juzgado por el magistrado César Raúl Jiménez.
“Ese 7 de noviembre tenía turno en el hospital de Apóstoles. Salimos de Concepción de la Sierra y en la estación YPF cambiamos de colectivo, porque al que habíamos subido, se descompuso. Salimos a mucha velocidad. Cuando llegamos a la Curva del Tacuaral, volcamos. Yo no recuerdo si alcanzó a frenar, por el susto que me agarró”, recordó.
Apenas reaccionó, Sara empezó a buscar a su hija. La encontró muerta, debajo de los asientos. “Ella tenía 24 años, no tenía novio, iba a la iglesia y estudiaba”, dijo la mujer acerca de la chica.
El abogado Ramón Camargo, representante del actor civil, convocó al padre de otra de las víctimas fatales, Viviana Dlutowski, quien tal como había hecho ante los medios, volvió a criticar a los responsables de la transportista por el estado del ómnibus. Reiteró que para él el colectivero debe ser condenado y la empresa sancionada.
Finalmente, pasó ante el estrado el abogado Juan Manuel Fouce, apoderado de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros, quien explicó el funcionamiento de las empresas de media distancia y a quién le corresponden los controles.
En un crudo análisis, precisó que de las 76 transportistas que hay en la provincia, alrededor de 60 son familiares y todas trabajan a pérdida. Dijo que lo que recaudan no les permite renovar las unidades y por eso tienen flotas que datan de la década del 80 o 90.
Afirmó que las empresas chicas, ante ese cuadro económico adverso, optaron por “el traslado de los pasajeros en detrimento de la calidad del servicio. Las firmas chicas hacen patria”.
Señaló que las compañías tienen que tener al día la Verificación Técnica Vehicular de los micros y que el control lo tiene que hacer el área de Transporte de la Provincia, pero que “lo único que controlan es la frecuencia del servicio y la prestación, no si funciona correctamente la unidad”.
Para mañana se espera el relato de siete u ocho testigos, entre ellos el del guarda, quien durante la instrucción de la causa, apuntó al chofer como el responsable de la tragedia.
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