El fraude digital ha alcanzado una nueva dimensión con el auge de las redes sociales. Un hombre de 44 años, oriundo de Misiones, ha sido identificado como el presunto autor de estafas vinculadas a alquileres inexistentes que eran ofrecidos a través de Facebook.
Cinco personas damnificadas han denunciado este delito que consistía en cobrar una seña por un inmueble inexistente. Luego de concretar la transacción, las víctimas eran bloqueadas por el estafador, perdiendo todo contacto con él.
Eliana Galarza, jefa de la División de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, confirmó a El Nueve que el allanamiento fue efectivo y revelador. Se encontraron evidencias concretas que incriminan al acusado. Este ofrecía falsos alquileres de un edificio ubicado en calle Gualeguaychú de Paraná. Utilizando un perfil falso de Facebook, solicitaba grandes sumas de dinero a sus víctimas.
«Siempre solicitaba el pago de la mitad del monto total del alquiler. Tenemos registro de una víctima que entregó $50,000 y otra que pagó $20,000. Las transacciones se realizaban tanto por transferencia bancaria como en efectivo. Incluso, se llegó a organizar un encuentro en persona entre el estafador y una de sus víctimas», mencionó Galarza, quien enfatizó la importancia de no realizar este tipo de operaciones a través de plataformas no verificadas en redes sociales.
Detalles del allanamiento en Paraná por alquileres truchos
Durante el operativo, se lograron confiscar varios elementos que podrían ser esenciales para el caso:
- Una chequera con recibos de cobro que, curiosamente, tenía los nombres de los denunciantes que habían señado el ficticio alquiler a través de un contrato de locación.
- Un teléfono celular que parece ser de uso personal del estafador.
- Una notebook que podría contener información vital para el esclarecimiento de la estafa.
La situación destaca la creciente necesidad de ser cautelosos en el ámbito digital, en especial cuando se trata de transacciones económicas. La policía continuará con las investigaciones y se espera que, con las pruebas recolectadas, el presunto estafador enfrente las consecuencias legales de sus actos.
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