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La investigación por el espionaje a los jueces de la Corte Suprema y de Comodoro Py 2002 sigue buscando respuestas. Por lo pronto, la Cámara Federal porteña dispuso que Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro —el llamado hacker misionero— siga detenido en el marco de la causa. En un fallo, al que accedió Infobae, el tribunal sostuvo que la investigación está en pleno curso y que existen riesgos procesales para mantener su arresto por el momento. Es que, según se subrayó, falta esclarecer quién está detrás de las maniobras e investigar las comunicaciones de los implicados.
“Existen razones de peso para sostener la improcedencia de la excarcelación”, dijeron los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. “Se trata de hechos que revisten gravedad institucional y que están caracterizados por el modo clandestino y oculto en que se manejaban sus autores, operando a través de redes informáticas con alias y mediante transferencias de valores en `criptomonedas’ en cuentas digitales ajenas al sistema bancario. Las características propias de los eventos y el rol central que en aquellos habría tenido el encausado, permiten sostener un riesgo concreto de entorpecimiento de la instrucción”, agregaron.
“Yo metí la pata, pero no sabía de quiénes eran los teléfonos. Ni me fijé. De política no sé nada”, le había dicho a este medio Nuñes Pinheiro cuando llegó con sus abogados Sebastian Noguera y Marcos Kapko a entregarse a Comodoro Py 2002 el 27 de junio pasado.
La Cámara Federal subrayó que “la detención de Nuñes Pinheiro fue antecedida de una intensa actividad de investigación de la fiscalía, que la llevó a sospechar sobre la existencia de una organización criminal conformada por un grupo de personas que, de manera coordinada y sostenida en el tiempo, habrían llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, obteniendo datos personales de aquellas para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso (en un supuesto) haciendo requerimientos de dinero a su nombre”
El fallo añadió que “la pesquisa está en plena etapa de producción de pruebas, que tienden a determinar los alcances reales de los acontecimientos y la identidad de los demás involucrados –entre ellos, quienes supuestamente ‘contrataron los servicios’ de Nuñes Pinheiro”. Y resaltó que “hay, en la actualidad, medidas en curso dirigidas a obtener información de artefactos electrónicos secuestrados y a intentar seguir la ruta de los pagos”.
Por lo tanto, el joven seguirá preso. Aunque ahora está alojado en una sede de Gendarmería Nacional, ya se le pidió cupo al Servicio Penitenciario Federal para derivarlo, señalaron las fuentes consultadas.
Aquí se investiga por qué “al menos desde febrero de 2022, por un grupo de personas que, actuando de manera coordinada, realizaron un conjunto de actos —entre ellos, el acceso ilegítimo a bancos de datos personales de las víctimas— tendientes a tomar el control de las líneas telefónicas de magistrados del Poder Judicial de la Nación, para con ello acceder ilegítimamente a aplicaciones de comunicación; lo que les permitió conocer su historial de conversaciones y demás documentos e información existente en dichas plataformas (fotografías, vídeos, opiniones, etc.), suplantar la identidad digital de las víctimas (lo que posibilitó enviar mensajes a su nombre) y tener en su poder información privada y acceso a sus cuentas con el fin de cometer otros delitos”.
A fines de junio, este medio reveló que el juez Marcelo Martínez de Giorgi había ordenado la detención de Nuñes Pinheiro y del ex policia Ariel Zanchetta por el hackeo a los teléfonos de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uruirubu y Andrés Basso. También ordenó detener a Santiago Machado y Nelly Soledad Valdes, dos personas de Misiones por la creación de líneas telefónicas a nombre de los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, junto a la jueza de Misiones Verónica Skanata.
Todos negaron su vinculación con los hechos. El juez ahora deberá resolver las situaciones procesales de cada uno.
Las principales miradas están puestas sobre Zanchetta. Es el ex policía que hizo más de dos mil búsquedas que hizo en 2022 en la base SudamericanaData, que incluyó a jueces, políticos y famosos, y que sellaron su imputación en esta causa. Infobae reveló la lista de todos los consultados.
El mismo día que buscó los datos del juez de Casación Mariano Borinsky, al magistrado le hackearon el teléfono. Zanchetta también buscó los datos de los jueces Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ernesto Kreplak y de los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. También investigó a uno de los principales colaboradores de Rosatti, Silvio Robles. Precisamente, Robles se convirtió en querellante en esta causa en los últimos días, confirmaron a este medio fuentes judiciales.
Solo a Nelly Valdés el juez le dio la excarcelación tras la indagatoria, pero el fiscal Gerardo Pollicita apeló. Hoy la Sala II de la Cámara Federal confirmó que siga excarcelada, pero exigió que se le fije una caución real (fianza) para mantenerse en libertad y que se le coloque una tobillera electrónica.
“Teniendo en cuenta las características de los eventos (en particular, la identidad y funciones que cumplía el conjunto de damnificados por sucesos similares, informados en el legajo) y las derivaciones de las medidas en curso de producción, a esta altura las condiciones fijadas en la anterior instancia lucen insuficientes a los fines de asegurar los objetivos del proceso”, sostuvieron los jueces que analizaron su situación.
Es por eso que a las obligaciones ya impuestas por el juez, se añadió la orden de “una caución real, cuyo monto deberá ser razonablemente establecido devueltas que sean las presentes” y “la vigilancia de la imputada mediante un dispositivo de rastreo o posicionamiento de su ubicación física, cuya aplicación quedará encomendada al director del enjuiciamiento”.
El último detenido
Esta semana, Martínez de Giorgi ordenó la detención de un hombre vinculado a la estafa que se hizo desde el teléfono de uno de los jueces del tribunal oral que juzgó a Cristina Kirchner luego de que le hackearan el celular, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Es el caso del juez Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio por la causa Vialidad con Cristina Kirchner en el banquillo y pidiendo también su recusación.
El 8 de septiembre, el mismo día en que desconocidos tomaron el control del celular del juez de Casación Mariano Borinsky, también entraron al teléfono de Rodriguez Uriburu. A diferencia del resto de los jueces, en el caso de él se exigieron distintas sumas de dinero a sus contactos vía Telegram y WhatsApp, con destino/transferencia una cuenta de Mercado Pago registrada a nombre de Julian Bellido, vinculada a su cuenta del Banco Francés.
El juez ordenó entonces localizarlo y detenerlo a los fines de su indagatoria. Personal de Gendarmería Nacional lo trasladó al cuarto piso de los tribunales federales. Bellido resultó ser un paseador de perros que aseguró que no tenía nada que ver con el espionaje a los jueces y no conocía nadie. Es más: dio a entender que él también había sido hackeado. Al menos en su cuenta bancaria, según pudo saber Infobae.
“Antes que nada quiero decir que niego todo lo que se me está diciendo, no conozco a las personas que se mencionaron. Ese alías (de Mercado Pago) es mío, no sé cómo llegó ahí. Ese alías me lo bloquearon en febrero o marzo de este año, fui al banco y me dijeron que fue bloqueada por una orden judicial”, afirmó. “En esa cuenta cobraba lo de mis clientes, soy paseador de perros”.
Según explicó, como le habían bloqueado la cuenta y tenía otra en el mismo banco, no vio la necesidad de recuperar la anterior. “No volví a averiguar qué paso, por cuestiones de trabajo y personales no me hice el tiempo para ir al banco, pero quedó un remanente de dinero que iba a solucionar más tarde ya que, en definitiva, las dos cuentas eran en el mismo banco y con una de ellas seguía operando”, dijo. Fue desde esa cuenta que se reclamó dinero. Ahora se están llevando adelante distintas diligencias para averiguar la versión dada por el joven, quien ya fue liberado pero sigue investigado en el caso.
Fuente: Infobae
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 31, 2023
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