Decidido a cambiar la deprimente agenda política argentina dominada por noticias de ajuste, tarifazos y recesión, el Gobierno nacional salió al ruedo con dos anuncios orientados a reactivar la economía: el programa Argentina Exporta y una serie de medidas pensadas para mejorar el acceso a la vivienda. El propio Macri fue el encargado de comunicar las nuevas líneas de acción que por ahora tienen más de voluntarismo que de medidas concretas.
Los anuncios apurados por un contexto de creciente enfrentamiento interno dentro de la alianza Cambiemos, responden a un pedido desesperado del ala política del Gobierno. Quienes están pensando la estrategia electoral de cara a 2019 vienen advirtiendo que no se puede sostener la imagen de un presidente que solamente sale a anunciar malas noticias, ni siquiera con la ayuda del desfile de arrepentidos de la causa de los cuadernos. Pero como bien advirtieron varios analistas esta semana, cuando la macroeconomía está complicada, es difícil generar medidas proactivas o anticíclicas que tengan una incidencia significativa. “Es como salir a repartir aspirinas en un pabellón de enfermos de cáncer”, graficó uno de los tantos comentaristas televisivos de la economía.
La primera de las intervenciones públicas del presidente fue para anunciar el programa para recuperar las ventas al exterior. Las metas establecidas son muy ambiciosas: triplicar las exportaciones en doce años y cuadruplicar la cantidad de empresas que exportan, que así pasarían de las menos de 6.000 actuales a 40.000 en 2030. Pero como suele ocurrir cada vez que el Gobierno nacional plantea objetivos grandilocuentes –pobreza cero, supermercado del mundo, inflación de un dígito, no cobrar ganancias a los trabajadores- no queda muy claro cómo hará para alcanzarlos.
La única medida concreta que se incluyó hasta ahora tiene que ver con facilitar el acceso a Pymes exportadoras a la línea de pre y post financiamiento del BICE en créditos por hasta 100.000 dólares con el respaldo del Fondo de Garantías Argentino (Fogar). Los antecedentes no son auspiciosos, en junio el Gobierno había lanzado con bombos y platillos una línea de créditos blandos para pymes con una tasa anual de 29 por ciento, hasta ahora se otorgaron alrededor de 20 mil que alcanzaron a solo el 3 por ciento del universo al que apuntaban.
El objetivo detrás de este plan es apuntalar al único sector de la economía real que ganó algo con la megadevaluación. Desde el Gobierno confiaban en que de la mano del dólar a 40 pesos llegaría una rápida recuperación de las exportaciones, cosa que hasta ahora no ocurrió, en buena medida por las elefantiásicas tasas de interés que impuso el Banco Central para frenar la corrida cambiaria. La idea es ofrecer financiamiento en dólares a tasas razonables para que los exportadores arranquen antes de que la inflación se termine comiendo la ventaja comparativa del dólar alto.
Sobre el final de la semana, llegó el turno de los anuncios relacionados a las viviendas. Nuevamente el tamaño de las declaraciones excedió por mucho al de las medidas concretas. En su alocución, el presidente prometió que llevaría tranquilidad y previsibilidad a las más de 100 mil familias que sacaron un crédito UVA, les dijo que iba a evitar que sus cuotas se dispararan. Trascartón comunicó la medida concreta que consiste en un techo a las cuotas que no podrá superar por más de 10 puntos porcentuales al promedio de variación de los salarios que calcula el INDEC. Si el índice UVA aumentara por encima de ese parámetro, la diferencia se convertiría en un saldo a favor del banco que sería cobrado la primera vez que el índice UVA aumente por debajo del techo establecido.
Todo ese palabrerío quiere decir que si la inflación –principal parámetro que toma en cuenta el índice UVA- sigue aumentando por encima de los salarios tal como viene ocurriendo este año, las cuotas de los créditos seguirán creciendo por encima de los salarios. Pero si el desfase entre los salarios y la inflación fuera muy pronunciado –de más de 10 puntos- el traslado de la inflación al precio de la cuota sería un poco más progresivo. Muy poco para llevar tranquilidad a familias que se endeudaron a 15 años bajo un sistema en el cual su deuda crece mucho más rápidamente que sus ingresos.
En la misma conferencia, el presidente anticipó un nuevo Procrear al que se destinarán 10 mil millones de pesos del FGS de ANSES. No se difundieron todavía las condiciones de los créditos pero se adelantó que habrá un componente de subsidio en los intereses y para la compra de terrenos y que se actualizarán los montos máximos. Además se relanzará la línea Mejor Hogar, que ofrece créditos por hasta 80 mil pesos destinados a jubilados y beneficiarios de AUH.
Con el antecedente negativo de los créditos UVA y ante un contexto de pérdida acelerada del poder adquisitivo de los salarios, habrá que ver cuántas familias están en condiciones de encarar la construcción de una vivienda y cuántas de ellas se animan a un crédito a largo plazo desafiando la volatilidad que caracteriza a la economía argentina.
También hubo noticias para los desarrolladores que hagan de menos de 100 mil dólares. Para ellos habrá exenciones impositivas considerables. Con esto se busca que el sector privado salga a cubrir la retirada de la Nación como motor de la vivienda social. Más allá de los beneficios que reciban las constructoras, está por verse si los naturales destinatarios de la vivienda social están en condiciones de comprarlas.
Finalmente Macri anunció que dará impulso a la ley de alquileres que tienen media sanción en el Senado. Se trata de un proyecto que procura mejorar las condiciones para los inquilinos y genera rechazo por parte de las inmobiliarias que aseguran que tendría un efecto contrario al buscado. Entre otros puntos establece que los valores se podrán actualizar cada seis meses de acuerdo al coeficiente de variación salarial, aumenta a tres años el plazo de los contratos y prevé que la comisión a las inmobiliarias la pague solamente el inquilino.
Del gas a Lilita, interna al rojo vivo
Los anuncios con los que el Gobierno pretende recuperar la sonrisa se dieron en una semana particularmente delicada por la creciente tensión en la interna de Cambiemos que ya nadie dentro del Gobierno se molesta en ocultar.
El escandaloso aumento retroactivo del gas que impulsó el gobierno para favorecer a las prestatarias en detrimento de los consumidores resultó un sapo demasiado grande para las gargantas radicales que plantearon abiertamente su oposición y propusieron una alternativa todavía más ominosa: que el aumento se cubra con los impuestos que pagan todos los argentinos, incluso quienes no tienen la suerte de tener un gasoducto frente a sus casas, y que se haga cargo el próximo gobierno.
El Gobierno no dejó pasar la oportunidad de empeorar algo que ya estaba mal y terminó haciéndoles caso –por una vez- a sus socios del centenario partido, en consecuencia, millones de argentinos eternamente condenados a cargar garrafas –entre ellos todos los misioneros- deberán hacer su aporte para garantizar la rentabilidad de las empresas que prestan un servicio al que nunca accederán.
Si bien el gobierno de Macri accedió a discutir quién, cómo y cuándo se pagarán las compensaciones retroactivas a las gasíferas, lo que no puso jamás en discusión fue la necesidad de compensar a dichas compañías.
En un país en el que casi todos pierden plata, especialmente los asalariados, y nadie recibe compensaciones de ningún tipo, la Nación entiende que debe garantizar las abultadas ganancias de las prestatarias, las principales y únicas ganadoras de la política de “sinceramiento” de tarifas. El año pasado Metrogas ganó 774,8 millones de pesos; Gas Natural BAN tuvo una utilidad neta de 542,9 millones, un 124,6% más que en 2016; Camuzzi Pampeana ganó 824,9 millones frente a una pérdida de 207,4 millones en el ejercicio anterior; Gas del Centro obtuvo una ganancia de 770,5 millones, un 444% más que el año anterior y Gas Cuyana ganó 588,4 millones, un 136,6% más.
El cambio de rumbo del Gobierno con relación al aumento del gas dejó enfervorizados a los radicales y convencidos de haberle torcido el brazo al presidente. Pero no fue suficiente para tranquilizar a Carrió, que había operado a la par de la UCR en ese tema, quien volvió a amenazar abiertamente a Macri.
La mediática había sacudido al mundo Cambiemos al anticipar que pediría juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, y luego emplazar al presidente “hasta fin de año” para que eligiera bandos en la disputa que la enfrenta con el mencionado funcionario y su “mentor”, Daniel Angelici.
En la épica batalla del bien contra el mal que se libra en la cosmovisión Carrió no hay lugar para tibios. La chaqueña se lo hizo saber a Macri nuevamente esta semana cuando declaró públicamente que se iba a amigar con el presidente “cuando lo saque a Garavano”. Después uso Twitter para decir que aquello era solo una broma, pero a ninguno de sus socios les hizo gracia el chiste.
Los demás integrantes de la mesa chica entendieron que esta vez la fundadora del ARI fue demasiado lejos al apuntar contra Macri en un momento de extrema debilidad y salieron a marcarle los límites. En honor a sus antecedentes, difícilmente Carrió acepte que le impongan límites, lo que sugiere que el conflicto se agudizará.
La virtud del desendeudamiento
La brusca devaluación marcó una zanja profunda entre las provincias que supieron manejar sus cuentas con prolijidad y aquellas que se vieron obligadas a recurrir al endeudamiento externo, muchas veces siguiendo el consejo de un Gobierno nacional que se apoyó en la toma de deuda como ejercicio habitual. En medio de la crisis, Misiones cosecha los frutos de haber mantenido una política consistente de desendeudamiento a lo largo de los últimos 15 años, lo que le permite tener respaldo financiero para encarar medidas de contención social y programas orientados a reactivar la economía y sostener las fuentes laborales como el Ahora Misiones en todas sus variantes.
Otras jurisdicciones no tienen esa suerte. Según datos del ministerio del Interior, la deuda total de las provincias se incrementó un 120 por ciento a partir de la devaluación. Buenos Aires por ejemplo, triplicó su deuda y aumentó el pago de intereses en un 133 por ciento. La amortización de su deuda paso de los 10.399,2 millones a 30.289,4 millones de pesos, mientras que los intereses subieron de 6.536,3 millones a 15.201,6 millones.
La mayor endeudada en relación a su PBI es Chubut. Si bien su deuda se incrementó casi a la mitad del promedio de sus pares, alcanzó los 4.083,9 millones, lo que equivale prácticamente al total de la deuda de Capital Federal.
Neuquén y Río Negro casi duplicaron el pago de intereses (178,5% y 185,2%) y alcanzaron niveles de endeudamiento muy altos en relación a su economía ($2.693 millones y $3.312,8 millones, respectivamente). Santa Cruz, por su parte, duplicó tanto la amortización de su deuda como sus intereses, en cuanto que Tierra del Fuego fue la menos golpeada con una suba de sus servicios del 82,6%.
En el otro extremo se ubicaron provincias como San Luis, La Pampa, Formosa, Catamarca, Santiago del Estero y Misiones, que registraron niveles mínimos de endeudamiento.
Paz a un alto precio
En el plano económico, el Central consiguió otra semana de paz cambiaria, pero como siempre al enorme costo de una política monetaria que mantiene a la economía congelada y transfiere enormes cantidades de recursos de la economía real a la economía financiera.
Por otra parte, el festival de la especulación que generaron las Leliq a 74 por ciento hace que la “bomba de las Lebac” parezca un Chaski Bum, lo que pone en duda la consistencia de la política monetaria del Central.
Al respecto Diego Giacomini, economista jefe de la Consultora Economía & Regiones –fundada por el ministro del Interior Rogelio Frigerio- fue contundente en una editorial titulada sin medias tintas “La nueva Política del BCRA fracasará: ojalá me equivoque” que fue publicada hace pocos días en El Cronista.
El economista anticipó que la inflación no bajará. “Cambiar Lebac por Leliq es como cambiar angina por pulmonía. Las Leliq generan más déficit cuasi fiscal que las Lebac. Más déficit cuasi fiscal es mayor promesa de emisión monetaria futura. En este marco y bajo expectativas racionales, los agentes económicos descuentan más emisión monetaria futura. Con previsiones de mayor emisión monetaria futura, las expectativas de inflación no bajan (o suben). La inflación no bajará (o subirá). De hecho, no habría que sorprenderse si la inflación interanual se dirigiera hacia +50% y +60% interanual para fin de año y fin del primer trimestre 2019; respectivamente”, argumentó.
Consideró además que las Leliq son más caras, más cortas y capitalizan más rápido que las Lebacs, lo que terminaría destruyendo el balance del Central y con ello la política monetaria. “El BCRA ya está quebrado, pero la nueva política monetaria lo quiebra aún más. Cuánto más quebrado este el balance del Central, menos credibilidad, reputación y confianza; ergo, más probable que la política monetaria fracase y la inflación sea más alta. El efecto cantidad opera través del impacto negativo que las Leliq tienen en el sistema bancario y la intermediación financiera”, afirmó.
Barajó además la posibilidad de que la deuda en Leliq aumente de tal modo que el Central no tenga con qué pagarla, lo que llevaría a un posible “default selectivo”.
Más despidos
Otro informe privado que hizo mucho ruido esta semana fue uno elaborado por la consultora Willis Towers Watson, que cada seis meses les pregunta –entre otras cosas- a 454 compañías presentes en la Argentina si tienen pensado despedir personal. Hace medio año solo 18 por ciento de ellas respondió afirmativamente esa pregunta, pero en la última edición ese porcentaje ascendió a 56 por ciento.
En coincidencia con el panorama de recesión, las perspectivas de contrataciones cayeron: en marzo, el 42 por ciento de las empresas proyectaba incorporar empleados pero ese dato descendió hasta el 38 por ciento en septiembre.
La consultora destacó que los aumentos promedio de las empresas para el personal fuera de convenio rondarán entre 30 y 32 por ciento en 2018. “Nos quedaremos muy por atrás de la inflación este año. En promedio, entre un 10% y 12%”, observa el trabajo.
¿En el piso?
Las encuestas difundidas esta semana muestran que la imagen de Macri y de su gestión siguen bajando pero a una menor velocidad que en meses anteriores, lo que entusiasma a los funcionarios de Cambiemos que confían en estar cerca de encontrar su piso electoral. Según la un trabajo de Julio Aresco, Macri conserva una intención de voto de 35,5 por ciento en una primera vuelta; seguido por Cristina, con 32,6 por ciento y Sergio Massa con 11,4 por ciento.
Según este informe, pese a la crisis económica, el Gobierno de Macri mantiene un 36,7 por ciento de evaluación positiva de gestión, frente a un 59,3 por ciento de imagen negativa.
Curiosamente, parte del electorado de Macri, lo volvería a votar a pesar de que son críticos en relación al rumbo de la economía y no ven expectativas de mejoría. Según Aresco sólo el 21,1 por ciento de los encuestados evalúa como positiva la situación general del país y un 76,5 por ciento tiene una evaluación negativa. Respecto a las expectativas, el 37,3 por ciento es optimista, mientras que el 54,7 por ciento cree que las cosas empeorarán.
En cuanto a la definición de “núcleos duros”, el trabajo sostiene que 28 por ciento de la población se define como “oficialista” y difícilmente cambie su voto aunque el panorama empeore y 47,3 por ciento se define como opositor.
Datos similares muestra una encuesta realizada por la consultora Gustavo Córdoba y Asociados. Entre otros datos señala que 62 por ciento de los argentinos desaprueba la gestión de Macri y 35 por ciento la aprueba. Indica además que 70 por ciento de los consultados tiene expectativas negativas y solo 23 por ciento cree que el año próximo será mejor que este.
La inflación a parece como el principal problema, seguido por la corrupción y el nivel de endeudamiento del país.
Macri aparece como el dirigente con mayor imagen negativa, con 58,6 por ciento; seguido por Sergio Massa con 53,5 por ciento; Cristina, con 53,4 por ciento y Eugenia Vidal con 49,3 por ciento.
En cuanto a imagen positiva, Vidal y Cristina están muy cerca con 42,4 y 41,6 por ciento respectivamente; en tercer lugar aparece Macri con 33,7 por ciento y finalmente Sergio Massa con 28,5 por ciento.
Presupuesto social
Esta semana Misiones se convirtió en la primera provincia en contar con un Presupuesto aprobado para 2019. Atendiendo el panorama incierto de la economía, lo propios diputados encargados de redactar el dictamen que se aprobó en el recinto de la Legislatura se ocuparon de aclarar que el mismo “no contiene números fijos sino proyecciones estimativas de este momento que deberán ser modificadas de acuerdo con las variaciones del contexto económico como principio de emergencia reconocido por el Poder Ejecutivo nacional”.
La volatilidad de la economía nacional hace del presupuesto más una declaración de principios y una herramienta para orientar el gasto público, que un instrumento contable preciso. En principal de los lineamientos que deja el Presupuesto 2019 es un claro perfil social en el gasto público. Áreas como Salud, Educación y Desarrollo Social se llevan más del 60 por ciento del total presupuestado.
Para el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, el presupuesto aprobado está sujeto a un contexto muy incierto, “pero tiene muchas virtudes porque es muy equilibrado, sigue mostrando como todos los años un fuerte desendeudamiento de la provincia de Misiones, que a diferencia de otras provincias y el Estado nacional que han ido por la corriente de endeudarse y salir a tomar deuda, inclusive en moneda extranjera, con el peligro y los riesgos que esto significa”.
Como viene reiterando en cada contacto con la prensa, el ministro de Hacienda hablo de una provincia ordenada, suficiente con los recursos propios, “pero por supuesto no tenemos para tirar manteca a techo, sino que nos obliga a ser muy austeros y muy inteligentes al momento de gastar y ver qué programas se llevan a cabo y otra virtud que tiene el Presupuesto es que la obra pública se sigue ejecutando sin tomar deuda mientras que en la Nación y muchas provincias la obra pública se ejecuta con endeudamiento interno o externo.
Sobre los programas sociales aseguró que van a continuar ya que hay un fuerte incremento en ellos como el Boleto Estudiantil Gratuito que sigue vigente, “no hay riesgo de que caiga el año que viene, al contrario se lo mantiene y se refuerzan las partidas, planes sociales como el Plan Mamá, el proyecto de la Universidad Popular, Conozco Misiones con mi Escuela, Agricultura Familiar, Ministerio del Agro, Industria todos los distintos programas que lleva a cabo cada organismo están asegurados porque lo que se busca es la presencia del Estado en programas de contenido social o económico para que permitan el desarrollo económico de la provincia como ha ocurrido en estos últimos 15 años”.
A la par
Desde la renovación destacaron un crecimiento de la presencia femenina en ese movimiento. “Se siente cada vez más fuerte el clamor y el movimiento activo de las mujeres en todos los eventos y participando en la militancia, en la gestión y en las tareas en favor del proyecto. Desde que salió la paridad sienten las mujeres que tienen la palabra y son escuchadas”, remarcaron desde esa fuerza.
En las elecciones del año próximo el 50 por ciento de las listas deberán estar compuesto por mujeres. “Crecerá la visión femenina de las leyes, una visión muy sensible y necesaria que podría enriquecer las normativas y el tono de los debates legislativos”, resaltaron.
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