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La dimisión de Omar Gómez, nombrado en 2019 tras llegar al poder el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue confirmada a Reuters por un colectivo internacional de especialistas que apoya en las indagaciones (GIEI), y abogados de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, en el sureño estado Guerrero.
La Fiscalía General (FGR) no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. En la víspera, el mandatario confirmó que la FGR canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión en contra de exservidores públicos y militares por su relación con el caso porque «no estaban en el informe» de la comisión de la verdad.
El fin de semana una periodista desveló, mediante una filtración del expediente, que los estudiantes fueron asesinados, desmembrados y sus restos repartidos por distintos lugares, en contra de la versión de la anterior administración de que habrían sido quemados todos en un basurero.
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También refrendó la versión de que seis de los 43 estudiantes fueron asesinados por orden de un coronel del Ejército que fue detenido a mediados de septiembre.
López Obrador, que ha prometido resolver el caso antes de dejar el poder en 2024, ha afirmado que las acusaciones contra el Ejército no manchan la imagen de la institución castrense, a la que ha entregado el liderazgo en tareas de seguridad pública y el desarrollo de importantes obras de infraestructura.
México | El ex fiscal Jesús Murillo será procesado por la desaparición de 43 estudiantes en 2014https://t.co/iIbcRQ9LTT
— misionesonline.net (@misionesonline) August 25, 2022
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