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Eduardo Magno Scherer, presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Misiones, contó que hasta el momento no recibieron información oficial de la autopsia del joven. Tras el fallecimiento de Pintos, se solicitó como medida urgente a la Fiscalía de Instrucción y al Juzgado que está interviniendo en la causa, que otorguen el resultado de la autopsia para determinar cuáles son las causas del fallecimiento. “El hecho del intento de suicidio no está claro”, añadió.
Scherer además se refirió a la información que circula en la que se expone que no se detectaron signos de ahorcamiento: “Hay que tener presente que pasaron 44 días de esa situación, entonces es muy difícil, según nuestro asesor médico, que salga después de 44 días una lesión en el cuello. No es determinante de que si haya existido o no esa situación, pero sí está claro que es un proceso de infección lo que culminó con la vida de Pintos”, comentó.
La Comisión de Prevención de la Tortura de Misiones comenzó a intervenir en el caso a partir del traslado de Pintos al SAMIC de Oberá por un supuesto intento de homicidio en la Comisaría de Campo Grande: “Ante esa situación intervenimos y solicitamos a la Jefatura de la provincia de Misiones que informe lo que ocurrió respecto a este supuesto intento suicidio que habría intentado perpetrar el joven Pintos y por el cual estaba alojado en el SAMIC”, indicó.
Por otra parte, desde la Comisión toman conocimiento de que la madre del joven fallecido, Nélida Fernández, expresó a través de un medio de Oberá, que previamente su hijo le manifestó que fue golpeado por personal policial y que se encontraba asustado. Debido a esto, el integrante de la comisión, Fabián Mantau, se entrevista en el hospital SAMIC con Fernández, quien narró de manera circunstanciada, precisa y cronológica los relatos de Pintos.
“El doctor labró un acta, la madre firmó y se le recomendó que se dirija a la Fiscalía de Instrucción en turno de dicha jurisdicción en Oberá para que realice la denuncia de lo que estaba expresando”, desarrolló Scherer. Por esto, Fernández realizó la denuncia y la comisión hizo una copia de la misma.
Luego se solicitó una medida de protección para la madre de Pintos, porque se encontraba con cierto temor. “También solicitamos los informes para saber porque un menor de 17 años estaba alojado en una comisaría, cuando es un hecho que está prohibido por la Ley N° 14, recientemente sancionada hace aproximadamente dos años en la que se prohíbe la permanencia de menores de edad en comisarías”, apuntó.
Por otro lado, la hermana de Gabriel Pintos, también expresó públicamente que fue detenida y habría sufrido maltratos de parte del personal policial: “En este caso intervino la comisionada Constanza Yudar, quien viene trabajando en la comisión con una perspectiva de género y diversidad. Fue con una asistente social que trabaja con nosotros, se entrevistó con la joven y se le tomó la denuncia”, indicó.
A partir de la sugerencia de la Comisión, la joven realizó la denuncia:»También mandamos un escrito vía mail a la Fiscalía que estaba interviniendo en ese momento solicitando que se le de un tratamiento con perspectiva de género a la cuestión. Entendemos que la hermana de Pintos, Gisela, fue violentada por su condición de género”, desarrolló.
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En este marco, la Municipalidad de Oberá apersonó un equipo interdisciplinario para realizar un abordaje más complejo junto a psicólogos y asistentes sociales. En este sentido, afirmó que “se realizó un trabajo más profundo, se corrió vista de estas actividades a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, al subsecretario de Seguridad y Justicia”. Además, se solicitó la historia clínica del joven Pintos.
De esta manera, el Perito de la Comisión, quien también es perito del Tribunal Superior de justicia de la provincia y del Poder Judicial de la Nación, pudo observar la historia clínica. Debidoa a esta situación, se esperaba que el joven Pintos reciba el alta para dirigirse a la Fiscalía de Instrucción a ratificar o rectificar los hechos denunciados por la madre, como así también en presencia de la Comisión, poder ver realmente qué es lo que ocurrió. “Sin embargo, esto no pudo ser posible debido al fallecimiento del joven”, lamentó.
Tras este hecho, se solicitó informe inmediato, se enviaron las pruebas, el informe del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial para que el perito pueda evaluar y determinar si las cuestiones son realmente ciertas: “Tenemos que poder verificar que esto realmente sea así sin perjuicio de que a la madre le informaron verbalmente que el joven falleció por un shock séptico, es decir, una infección generalizada que aparentemente habría comenzado en su pulmón. A la madre le llamaba poderosamente la atención, porque el estaba bien”, reiteró Scherer.
Actualmente, se espera el informe médico sin perjuicio de ello, pero aun queda determinar las responsabilidades y especialmente de los funcionarios que permitieron u ordenaron el alojamiento de un menor de edad en una comisaría, lo cual está totalmente prohibido. De esta manera, Scherer se reunió esta mañana junto al comisario de la Policía de la provincia: “Analizamos la actuación de Asuntos Intternos de la Jefatura, más allá de la responsabilidad penal que tienen por el tipo penal y por el delito que se está tramitando por la vía judicial. Hay una responsabilidad de orden administrativo también”, señaló.
Desde la Comisión de Prevención de Tortura, pudieron observar la declaración de la guardia de turno, quien estuvo el día del supuesto intento de suicidio. Además, se pudo tener conocimiento a través de dichos informales que se les citó a declarar a los 12 detenidos que estaban en la comisaría de Campo Grande.
Por otro lado, agregó que en el sumario administrativo intervino la denuncia de la hermana de Pintos, donde también estaban identificados algunos agentes. “La División de Asuntos Internos de la Policía estaba llevando adelante todas las investigaciones de rigor para determinar las responsabilidades administrativas y penales que le quepa a cada uno de los actores de toda la lamentable situación”, remarcó.
Scherer aclaró que la Comisión no es un organismo de investigación, debido a que existe internamente cada repartición pública que cuenta con su organismo de control interno para verificar las responsabilidades que tiene cada uno en el ejercicio de su tarea.
Finalmente, aseguró que no tienen la facultad de constituirse como querellantes: “No podemos impulsar el proceso, ni participar de las medidas probatorias, tampoco hacer preguntas a los testigos ni recusar o apelar a ningún tipo de participación procesal”, afirmó. Ante esta situación, tanto la Fiscalía como la Justicia tienen la obligación de realizar la investigación de estos delitos que son dañosos para toda la sociedad. “Nosotros acompañamos a la familia, acompañamos a las víctimas, tratando de asesorar y tratar de informar de cómo puede ejercer de la mejor manera posible sus derechos”, concluyó.
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— misionesonline.net (@misionesonline) August 10, 2022
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