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Dos días después de que la asamblea constitucional entregara el texto al presidente chileno Gabriel Boric y cerrara sus funciones, la autoridad electoral dio luz verde a partidos políticos, legisladores independientes y organizaciones de la sociedad civil a registrarse para la campaña del referendo del 4 de septiembre.
La franja electoral televisada estará al aire entre el 5 de agosto y el 1 de septiembre, dijo por su parte el organismo que vela por el funcionamiento de la televisión.
«Ahora parten las campañas y se van a empezar a sincerar un poco más las posiciones», dijo a Reuters el analista político Kenneth Bunker.
Chile vivió un sismo político el martes cuando el expresidente socialista Ricardo Lagos, que gobernó el país a inicios de los 2000, publicó una carta en la que afirmó que tanto la Constitución vigente como la propuesta por la asamblea no concitan apoyo y «están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana».
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«Lo que pasó con Lagos es un hecho tremendamente importante en un contexto en que ya iba cayendo el apoyo a la propuesta», añadió el analista.
La carta magna actual, originada en 1980 en plena dictadura militar con un claro enfoque hacia el libre mercado, ha sido reformada decenas de veces. El cambio más profundo -que eliminó los llamados «enclaves autoritarios» como los senadores designados y dio más facultades fiscalizadoras a los diputados, entre otras- ocurrió precisamente en el gobierno de Lagos.
Durante la jornada, varias otras figuras del sector de centroizquierda que gobernó Chile durante 30 años tras la caída de la dictadura, como el exministro de Hacienda Andrés Velasco o el expresidente del directorio de Codelco Oscar Landerretche, anunciaron que votarán rechazo.
En la vereda contraria, la expresidenta y actual jefa de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet mostró previamente su respaldo al órgano constitucional y la necesidad de la nueva carta magna.
Pero más allá de los anuncios, desde abril las encuestas han mostrado una paulatina caída en el apoyo ciudadano al nuevo texto y un alza en el rechazo, en la misma línea que ha caído el respaldo a Boric, cuyo gobierno ha moderado su discurso en torno al proceso aunque aspira a la aprobación del nuevo texto.
El gobierno progresista ha señalado que garantizará un proceso justo y transparente, pero aclara que la actual Constitución limita las reformas que busca impulsar.
«Si gana el rechazo tiene que haber algún tipo de ‘plan B’, el gobierno no puede salir a improvisar el día 5 de septiembre, debe tener un andamiaje político para hacerse cargo de las demandas sociales. La gente quiere una nueva Constitución, pero al parecer no quiere esta nueva», planteó Bunker.
Cambiar la Constitución que dejó la dictadura de Augusto Pinochet es un largo anhelo de varios sectores.
En octubre de 2020, un año después del estallido social, una mayoría aplastante de casi 80% abrió la puerta a la redacción de un nuevo texto. Y aunque ahora ha caído la opción por aprobar, los electores siguen apoyando un cambio y algunos se inclinan por una especie de tercera vía, dicen sondeos.
Esta semana en el Congreso, una comisión de senadores aprobó rebajar a 4/7 la mayoría calificada para reformar la actual Constitución. Una de las principales críticas que se plantean al articulado vigente es que exige muy altas mayorías, de incluso 2/3, para modificar ciertos temas. La iniciativa ahora tendrá que ser revisada por el pleno.
El Gobierno de Boris Johnson pende de un hilo tras la renuncia de 17 integrantes del gabinete británico en las últimas horashttps://t.co/4Ry9Xzqcv2
— misionesonline.net (@misionesonline) July 6, 2022
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