Alfredo Gamarra, titular del Sindicato de Taxistas en Posadas habló de un alto acatamiento al paro nacional en la capital misionera: alrededor de un 90 por ciento de adhesión a la medida. A su vez asegura que por los tarifazos disminuyó la demanda del servicio y desmiente la llegada de Uber a Posadas.
Alfredo Gamarra en Radio Libertad.
Específicamente en Posadas, donde hay unos 1.200 móviles trabajando en marco de este servicio entre taxis y remises, en el día de hoy no superarían el 10 por ciento. Gamarra afirmó que en inmediaciones del centro hay gran cantidad de móviles “apilados”, ya que existe poca demanda de los usuarios.
Con respecto a los tarifazos y aumentos de combustible que también golpea al sector, agregó que se comunicaron con compañeros de otras provincias como ser Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán, quienes le informaron que no llegaban a los 700 pesos de recaudación dentro de 14 y 16 horas de trabajo. Por este motivo, Gamarra aseguró que en dicho rubro es donde más se siente este tipo de medidas.
“Esto sucede a nivel país, y acá en Posadas no se hace la excepción”, remarcó.
Respecto a la disminución de la demanda, dijo que el aumento del combustible juega un papel importante ya que es un detonante. “Es incontrolable la caída, los compañeros tienen que cumplir con la patronal, el combustible y lo que le sobra es para poder llevar el sustento diario a su casa”, manifestó.
La llegada de Uber a Posadas
Según el titular del Sindicato de Taxistas, la posibilidad de que el servicio de Uber desembarque en la capital misionera está “descartada”. Además, dijo que el dictamen presentado ante la Corte Suprema con las distintas especificaciones para llevar adelante la legalización e implementación de Uber “es malicioso“.
“Nosotros tenemos una ordenanza presentada en la ciudad de Posadas, con la cual se pretende prohibir la captación de pasajeros a través de sistemas informáticos como ser Facebook o Whatsapp”, ratificó.
Gamarra expresó que los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de deliberar y tratar dentro de un Concejo, deben tener presente que van a tratar sobre un servicio ilegal y que no presta la garantía necesaria, a pesar de que se le cobre una tarifa más barata al usuario.
“Las normas reguladoras existentes son a beneficio del usuario, nunca del propietario o del empresario ni del trabajador”, concluyó.
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