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Intrigas palaciegas, promoción de candidaturas, artilugios reglamentarios, peleas internas, operaciones baratas, la politiquería hace pata ancha a ambos lados de la grieta y de la amplia avenida que alguna vez se intentó construir en el medio, no queda ni un trillo.
La vice Cristina Fernández de Kirchner y Juntos por el Cambio se disputan a los codazos las vacantes del Consejo de la Magistratura que generó la Corte Suprema, organismo máximo de una justicia que la mayoría de las veces actúa como un partido político más.
16 años demoró la Corte en darse cuenta que la ley que determinaba el funcionamiento del Consejo de la Magistratura era inconstitucional (en Argentina los criterios con los que se maneja la justicia son lo suficientemente maleables para adaptarse al contexto político) y determinó que el organismo volviera a funcionar de acuerdo a la ley anterior que había sido derogada por el Congreso.
Desde el oficialismo objetaron que la Corte estaba asumiendo funciones propias del Poder Legislativo al revivir una ley derogada y exigieron que se le otorgara al Congreso un plazo para sancionar una nueva ley que reemplazara a la que fue tachada de inconstitucional.
El Supremo Tribunal hizo caso omiso del planteamiento del Gobierno y avanzó con la reinstauración de la ley derogada.
El cambio más importante tiene que ver con la cantidad de componentes. Volver a la ley anterior implica un Consejo de la Magistratura con 20 integrantes en vez de los 13 de la composición posterior.
Una lectura política bastante lineal indica que cuando el kirchnerismo redujo la cantidad de componentes del Consejo lo hizo para quitar representatividad a la oposición y que la decisión de volver a la composición anterior busca darle más participación a la oposición.
En este punto vale aclarar que el presidente de la Corte es Horacio Rosatti, un verdadero ejemplo de la autogestión: primero aceptó que el expresidente Mauricio Macri lo designara por decreto, luego se autovotó para llegar a la presidencia de ese cuerpo y más recientemente emitió un fallo en el que se autodesignó presidente del organismo encargado de la poner y sacar jueces.
Coincidentemente la reactivación del antiguo régimen de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, medida impulsada por el citado Rosatti que como recordamos fue designado por Mauricio Macri, estaba llamada a ampliar la participación de representantes de Juntos por el Cambio en ese organismo. Sin embargo una nueva demostración de viveza criolla de Cristina vino a embarrarles la cancha.
Entre gallos y medianoche, la vice partió en dos el bloque del Frente de Todos en el Senado con la precisión suficiente para que el fragmento más pequeño tuviera la cantidad de componentes suficiente para erigirse como la segunda minoría, lugar que antes era de la oposición y al que le correspondería una de las vacantes en el Consejo de la Magistratura.
La oposición no ahorró grandilocuencia para cuestionar la maniobra pergeñada por Cristina para quedarse con una de las bancas del Consejo, pero los múltiples antecedentes que tiene Juntos por el Cambio en materia de fragmentación artificial de bloques legislativos a efectos de acaparar cargos juega en contra de tanta indignación.
En Diputados, donde el balance de fuerzas es diferente, avanzó la postulación de Roxana Reyes, propuesta por el radicalismo.
Tal vez confundido por el rumbo que tomó la designación en el Senado, Rosatti tomó juramento a cuatro nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, pero no hizo lo propio con las designaciones de los nombres que llegaron desde el Congreso, a pesar de que el trámite legislativo se cumplió en ambos casos.
Mejoras que no mejoran
Mientras Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se desviven por ocupar espacios de poder vitales para incidir en el funcionamiento de la justicia, la preocupación de ese colectivo difuso denominado “la gente común” pasa por cuestiones más terrenales, como llegar a fin de mes.
Ni el general Alberto, ni el capitán Guzmán, mucho menos el teniente Feletti consiguen siquiera un módico triunfo en la guerra que le declararon a la inflación y su derrota se siente en los bolsillos de casi todos los argentinos.
Con una inflación de más de 20% acumulada en el primer trimestre en el rubro alimentos y bebidas no hay paritaria que aguante y la presión social aumenta al ritmo de la pobreza.
Pero el panorama de la economía tampoco es tan desolador como pretenden presentarlo los voceros de la oposición.
Los datos del comercio exterior de marzo (INDEC) muestran una fuerte expansión de las exportaciones y de las importaciones, alcanzando el mayor registro histórico para ese mes y para el primer trimestre.
Las estadísticas de marzo arrojaron un superávit comercial de 279 millones de dólares, registrando 15 meses consecutivos de saldo positivo y la balanza comercial del primer trimestre acumuló 1.394 millones de dólares.
Las exportaciones crecieron 28,5% respecto a marzo de 2021 con subas en todos los rubros, alcanzando un nuevo máximo histórico para ese mes de 7.352 millones de dólares por un aumento de 22,6% en precios y de 4,9% en cantidades. Tanto en precios como en cantidades exportadas se logró el mejor registro histórico para el mes de marzo.
Asimismo, el primer trimestre del año también marca un récord de exportaciones para ese período con 19.352 millones de dólares y en cantidades fue el segundo mejor registro de la historia.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de febrero volvió a crecer 1,8% mensual en la serie sin estacionalidad (s.e.), superando por noveno mes consecutivo el nivel pre-covid de febrero de 2020 (+6,2%) y ubicándose a solo 2,2% del máximo registrado en noviembre de 2017.
En términos interanuales, aceleró el crecimiento hasta 9,1% (vs. +5,1% interanual en enero), acumulando así 12 meses consecutivos en alza.
Si se compara contra febrero de 2020 previo al inicio de la pandemia, el EMAE también crece 6,6%, mientras que la suba es de 4,5% frente a febrero de 2019, estando solo a 0,4% del nivel de febrero de 2018.
En materia de déficit, la situación también parece ir encarrilándose de acuerdo a lo proyectado. El primer trimestre arrojó un resultado primario de 192.735 millones, sobrecumpliendo así la meta trimestral de déficit primario establecida en el acuerdo con el FMI que estipulaba un techo de 222.264 millones.
Pero ninguno de estos avances en la recuperación de la economía se tradujo, por lo menos en lo inmediato, en una mejoría en las condiciones de vida de la gente y esto llevó al Gobierno a hablar de un problema en la distribución de la riqueza.
De allí que propusieran como paliativo la creación (cuándo no) de un nuevo impuesto, en este caso orientado a las empresas que incrementaron significativamente sus ganancias gracias al impacto que tuvo en la economía mundial la invasión rusa a Ucrania.
Por más que el ministro de Economía Martín Guzmán se desviva explicando que el nuevo impuesto solo alcanzaría a un universo que no superaría el 3,2% del total de las empresas, desde distintos sectores –especialmente del campo- salieron a plantear una férrea oposición.
Pero más allá de las medidas que consiga articular el Gobierno para transferir riqueza desde los sectores que se están beneficiando con el empujón que la guerra le dio a los precios de las commodities, ningún alivio será efectivo si antes no se consigue reducir la inflación.
Y aunque los funcionarios nacionales repitan, como lo hizo recientemente el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, que la culpa de la inflación es toda de la guerra, las máquinas remarcadoras no descansarán en tanto el Gobierno no consiga reducir la incertidumbre política que genera con su propia interna.
Los que esperaban cambios en el gabinete después de Semana Santa, van a tener que esperar un poco más. Lejos de patear el tablero, el Presidente continúa con su estrategia de agachar el lomo frente a los chicotazos que le dispensa regularmente el kirchnerismo y hasta se permite regalarles algún anuncio –como el mencionado “impuesto a la renta inesperada”- para que puedan desplegar la retórica antiimperialista que los caracteriza.
En la ley del poroteo
Pero las internas no son patrimonio exclusivo del Frente de Todos. En Juntos por el Cambio las ambiciones personales y la ausencia de un proyecto político que aglutine a las partes están poniendo en riesgo la continuidad de esa alianza.
Sin un líder con peso específico suficiente para desalentar a los demás postulantes, son muchos los que se creen en condiciones de encabezar. Además el crecimiento del movimiento libertario no hizo más que evidenciar inconsistencias de base en esta alianza que se conformó en 2015 por motivos estrictamente electorales y sin mayores coincidencias programáticas.
Como gobernante reincidente en la estratégica jurisdicción porteña, Horacio Rodríguez Larreta entiende que le sobran credenciales para ser el candidato de la oposición en 2023. Las encuestas lo respaldan y lo ilusiona el hecho de que dos de sus tres antecesores electos en el cargo de jefe de la CABA llegaron a la Casa Rosada.
Por derecha lo desafían su exjefe político Mauricio Macri y la abanderada de la mano dura Patricia Bullrich, que encontraron en un discurso más decididamente de derecha un argumento de diferenciación no solo frente a la devaluada retórica de izquierda del kirchnerismo, sino también frente al perfil de tecnócrata moderado que supo construir Larreta.
Después de asistir con la ñata contra el vidrio a los cuatro años de gestión macrista, los radicales también están convencidos de que tienen buenas chances de encabezar la fórmula de 2023. Los anima la interna del PRO, aunque también tienen la suya que esperan se resuelva por decantación y sin estridencias.
Apuestan a llegar a las PASO con un solo candidato, lugar que disputan Facundo Manes y Gerardo Morales, e imponer su estructura territorial frente a un PRO dividido. Reconocen que probablemente ninguno de sus candidatos llegue a 2023 como el más reconocido dentro de la oposición, pero podría bastarle con estar en el momento oportuno en el lugar indicado, después de todo Néstor Kirchner ganó las elecciones de 2003 cuando no lo conocía prácticamente nadie.
Pero si a la gente le importa poco la disputa entre Cristina y la Corte de Justicia, menos todavía le interesan las internas inconducentes en Juntos por el Cambio.
Esta desconexión entre la agenda de los grandes frentes y los intereses del pueblo se traduce en una sensación de hastío con la política que no se experimentaba desde la hecatombe de diciembre de 2001.
En ese contexto crecen las propuestas rupturistas. En 2002, después del fracaso del modelo neoliberal impulsado primero por Carlos Menem y luego por Fernando De la Rua irrumpió en todas las encuestas la figura de Luis Zamora, histórico referente de la izquierda que proponía una utopía asambleísta parecida a que llevaron a la práctica los anarquistas catalanes (los primeros libertarios) en tiempos de la Guerra Civil española.
En aquel momento Zamora logró el respaldo de amplios sectores, incluso de quienes nunca se habían identificado con la ideología de izquierda, presentándose como un dirigente ajeno a las prácticas políticas de su tiempo y con una propuesta tan impracticable como opuesta al discurso promercado que era la norma de época.
20 años después, el economista Javier Milei repite la fórmula aunque con argumentos completamente opuestos a los de Zamora.
El economista irrumpió con un discurso de extrema derecha que resulta perfectamente opuesto a la retórica anticapitalista que el kirchnerismo viene sosteniendo desde 2003 y la utopía de un liberalismo puro que lleva como plataforma de gobierno resulta tan utópica y rupturista para esta época, como lo fue el asambleísmo con el que soñaba Zamora hace dos décadas.
Además del abismo ideológico, la otra diferencia entre aquel libertario comunista y este capitalista, radica en la predisposición a tejer alianzas. Zamora no estaba dispuesto a acompañar a nadie que no estuviera comprometido con su utopía, Milei en cambio recorre el país en ambulancia dispuesto a asistir a los heridos de la interna cambiemista.
Eso espanta a las palomas del PRO y a los radicales que temen la conformación de un polo de derecha integrado por halcones amarillos y libertarios.
Los radicales amenazan con patear el tablero y desandar el camino iniciado en la convención de Gualeguaychú ante cualquiera que deslice la posibilidad de que el economista de leonina cabellera haga pie en JxC.
Lo que no podrán evitar es que si Milei sigue creciendo en las encuestas, termine arrastrando a dirigentes de la alianza opositora provocando un vaciamiento en ese espacio.
Depuración y gestión
Mientras los grandes frentes y sus agendas disociadas de los intereses de la gente llevaron a un creciente descrédito en la política y al consecuente crecimiento de figuras como Milei que se apoyan en la antipolítica, en Misiones el Gobierno logró sumar credibilidad resolviendo una crisis que le estalló en las manos de modo tan sonoro como imprevisto.
La filtración de una serie de chats y conversaciones privadas que dejaron expuesto al ahora expresidente del Instituto de Fomento Agroindustrial (IFAI) en una trama de presunto intercambio de contratos por favores sexuales, le dio al gobernador Oscar Herrera Ahuad la oportunidad de honrar frente a toda la sociedad misionera la promesa de mandar a su casa a cualquier funcionario que no estuviera cumpliendo cabalmente con su trabajo.
Lo hizo. La reacción del gobernador y del conductor de la renovación, Carlos Rovira, fue rápida y contundente. No hubo protección ni corporativismo, el funcionario expuesto fue renunciado de manera inmediata, varias voces dentro del oficialismo condenaron lo sucedido, se iniciaron las investigaciones correspondientes y se puso en funciones a un nuevo presidente en el IFAI, todo eso en menos de tres días.
La gestión eficiente ante la crisis terminó reforzando la imagen del Gobierno no solo frente a los misioneros sino también frente a medios nacionales que destacaron la rapidez y el respeto institucional con los que actúo la Provincia.
La firmeza de acción le permitió al Gobierno provincial cerrar en pocos días un episodio que de permanecer irresuelto podría haber entorpecido la gestión, tal como ocurre a escala nacional cada vez que el Presidente responde con titubeos ante situaciones inesperadas.
En la Provincia la gestión siguió y lo hizo de tal modo que se logró brindar una respuesta a un reclamo histórico de los pequeños productores.
El Gobernador anunció la puesta en funcionamiento junto al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de una cobertura de salud gratuita para pequeños productores de yerba mate.
Mucho tuvo que ver en este respuesta concreta para el sector productivo y en otras anteriores como la limitación de nuevas plantaciones, el hecho de que el INYM cuente desde 2020 con una conducción (bajo la presidencia de Juan José Szychowski) coincidente con el Gobierno provincial en el objetivo de defender a los productores, especialmente a los pequeños.
La recuperación como elemento vital no solo para la economía sino para la identidad misionera de la figura del pequeño productor, que venía vapuleado por las políticas del puertismo, fue una característica constante en los casi 19 años de gobierno renovador.
En cada concertación de precios de cualquier producto, en cada discusión en la que se enfrentaron intereses de los grandes capitales concentrados frente a los pequeños productores atomizados, el Gobierno siempre estuvo del lado de los productores.
Pero espacios como el INYM, en el que intervienen distintos sectores con intereses opuestos, fue muchas veces difícil conseguir avances ante la presión de grandes corporaciones que siempre contaron el respaldo de los representantes correntinos, más cercanos a la molinería de esa provincia que a la producción de toda la región.
Justamente el representante del Gobierno de Corrientes, siguiendo órdenes del gobernador radical Gustavo Valdés, intentaron trabar la posibilidad de que los pequeños productores cuenten con una cobertura de salud cuando el tema se discutió en el seno del INYM.
En discusiones como la resolución 170, de limitación de nuevas plantaciones, y esta última de cobertura de salud para los productores, el empuje del presidente del INYM acompañando a la posición que siempre tuvo el Gobierno de Misiones, marcó la diferencia.
Reclamos históricos
El Gobierno nacional anunció con todas las pompas del caso otra inversión en gasoductos que no traerá ningún beneficio para Misiones. El Gobierno de la renovación no dejó pasar la oportunidad para hacer un planteo firme para corregir no solo esa sino también otras asimetrías y deudas que tiene la Nación con Misiones.
Primero fue Herrera Ahuad con los diputados nacionales renovadores quienes viajaron hasta Neuquén para reclamar al Presidente que apoye un proyecto de ley para construir el gasoducto hasta Misiones y para abaratar el precio de las garrafas de gas.
También Carlos Rovira hizo un enfático pedido de “integración energética, zona aduanera especial y actualización de la coparticipación”, además de una compensación ambiental y económica.
Inclusión energética y gasífera YA para misiones! Y urgente solución a las principales asimetrías de la nación con nuestra provincia: zona aduanera comercial especial, compensación energética,
— Carlos Rovira (@rovira_carlos) April 22, 2022
Ningún dirigente ni diputado opositor acompañó estos planteos. En soledad la renovación volvió a levantar la voz para reclamar beneficios para los misioneros.
Se lo permite el hecho de configurar el único espacio político de la provincia con autonomía respecto a los frentes políticos, eso le permite actuar de acuerdo a la conveniencia de la provincia sin atender órdenes que bajan de cúpulas partidarias que con suerte se las ingenian para ubicar a Misiones en un mapa.
En el contexto actual de decadencia de estos grandes frentes nacionales adquiere mayor valor la estrategia de la boleta corta en las últimas dos elecciones nacionales que ahora le permite a Misiones disponer de la independencia política y elegir el camino más razonable.
A fuerza de afirmarse en su identidad provincialista, la renovación consiguió resguardar a los misioneros de muchos de los efectos nocivos de la grieta, paradigma político que rige los destinos de Juntos por el Cambio, con figuras como Marín Arjol y los hermanos Schiavoni y el Frente de Todos con Cristina Brítez y Cacho Bárbaro, espacios políticos cuya mirada está puesta en obedecer a Buenos Aires antes que a resolver los problemas de los misioneros.
Por eso, a la cabeza de las preferencias políticas en Misiones crece la figura de Milei como candidato nacional y de la renovación con varios dirigentes en el ámbito provincial.
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