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Análisis semanal: Un ataque que conmueve al mundo, el laberinto de Alberto y resultados concretos para Misiones

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Rusia volvió a dejarle claro al resto del mundo que está dispuesta a adoptar medidas extremas para garantizarse una zona de influencia en su frontera occidental. Eso de tener una zona de influencia, es decir territorios cercanos aliados, es una suerte de derecho que implícitamente se le ha reconocido a las grandes potencias como garantía para preservar su seguridad.

El parcelamiento de Europa que hicieron los Aliados al finalizar la Segunda Guerra Mundial reconoció ese derecho a Rusia y le permitió conformar la Unión Soviética, pero el fracaso de ese proyecto seguido del desguace del bloque soviético puso en duda el status de potencia que otrora se le había reconocido a Rusia.

A pesar de que Estados Unidos se había comprometido a no avanzar hacia los países de Europa del Este, en el transcurso de los años la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) incorporó a países como Lituania, Letonia, Estonia y Polonia.

Formar parte de la OTAN implica incorporarse a una alianza militar encabezada por Estados Unidos, potencia que los rusos ven como una amenaza no solo a sus intereses geopolíticos, sino incluso a su integridad territorial.

Muchos analistas internacionales vienen criticando desde hace muchos años esta política de expansión de la OTAN y advierten que desde Rusia la interpretan como una provocación y hasta una humillación.

A favor de Estados Unidos hay que decir que ninguno de estos países fue forzado a incorporarse a la alianza que reúne a las principales potencias de Occidente sino que lo hicieron por voluntad propia y por temor a ser anexados por Rusia.

A pesar de la expansión de la OTAN, Rusia supo mantener bajo su paraguas a Ucrania, su territorio de influencia más valioso no solo por su extensión sino también por los enormes recursos naturales que alberga. Pero todo empezó a cambian en noviembre de 2013, cuando una serie de manifestaciones en las calles –en lo que se conoció como Euromaidán- exigieron la renuncia del gobierno proruso, entonces a cargo de Víktor Yanúkovich.

En una acción que fue señalada por parte de la opinión pública como un “golpe blando”, Yanúkovich fue depuesto en 2014 y después de un corto gobierno de transición ganó por abrumadora mayoría Petró Poroshenko, un candidato que proponía un cambio radical: Ucrania dejaría de mirar a Rusia y buscaría aceitar su relación con la Unión Europea.

Casi inmediatamente, se registró en la península de Crimea un levantamiento apoyado por Rusia que terminó con la anexión de ese territorio al país liderado por Putin.

Ucrania avanzó en su integración económica con Occidente, algo que Rusia debió aceptar a regañadientes, pero cuando pidió ser anexada a la OTAN el propio presidente ruso se ocupó de dejar en claro a todo el mundo que no estaba dispuesto a soportar que otro de sus vecinos establezca una alianza militar con el enemigo.

En las semanas previas a la invasión, Vladimir Putin exigió a su par estadounidense, Joe Biden, una garantía firme que asegure que Ucrania nunca sería incorporada a la OTAN, algo que el norteamericano se negó a poner sobre la mesa de negociación.

Lo que está en conflicto es el derecho de un país soberano con autoridades elegidas democráticamente a establecer las alianzas militares que crea conveniente frente al derecho que reivindican los rusos de actuar ante a lo que entienden como una agresión.

No es casualidad que por estos días muchos analistas recuerden la crisis de los misiles rusos en Cuba. En aquella oportunidad Estados Unidos reaccionó frente a la instalación cerca de su territorio de material bélico perteneciente a una potencia hostil.

Consumada la invasión a Ucrania, los países con mayor capacidad económica y militar de Occidente salieron a repudiar la agresión rusa, pero no terminan de ponerse de acuerdo respecto a las medidas a adoptar.

Al no estar Ucrania dentro de la OTAN, ese bloque no está obligado a intervenir de manera directa y la idea de entrar en combate con las tropas rusas no seduce en lo más mínimo, ni siquiera a Estados Unidos, la potencia más guerrera de la historia del mundo.

Más allá de la condena pública, las acciones de Occidente contra Rusia se limitaron hasta ahora a sanciones económicas y a enviar armamento a un ejército ucraniano que resiste como puede ante la inmensa superioridad de la maquinaria bélica rusa.

Pero Rusia no tiene solamente armas, también tiene el gas y el petróleo del que depende la Unión Europea no solo para pasar el invierno sino también para mantener en funcionamiento su industria y su logística.

Este factor hizo que Alemania, la principal potencia económica de la UE, Austria e Italia, en un primer momento plantearon reparos ante la posibilidad de adoptar la sanción económica más severa, la expulsión de Rusia del sistema financiero Swift (si, se llama igual que el picadillo) lo que dejaría a ese país sin la posibilidad de hacer pagos o cobros internacionales.

Luego el presidente de Ucrania afirmó que su par italiano le aseguró que no bloquearían ninguna sanción contra Rusia, pero Alemania todavía no cambió su tesitura inicial. Con Rusia fuera del Swift los alemanes no podrían comprar el gas ruso, vital para su industria.

 

Impacto local

Para la economía Argentina la invasión rusa tuvo un primer efecto positivo que fue el incremento de los precios internacionales de las commodities que exporta, como la soja y el trigo, pero también uno negativo: el incremento del petróleo.

Históricamente los períodos de altos precios de las materias primas fueron buenos para la primarizada economía argentina, pero en el contexto actual la suba de los precios de la energía viene a complicar severamente el panorama.

Ocurre que el Gobierno nacional enfrenta la necesidad de reducir su déficit fiscal, punto más álgido de la negociación con el FMI, y no podría hacerlo sin reducir la enorme cantidad de recursos que destina a subsidiar energía y combustibles. Si los precios internacionales se disparan, el impacto que tendría en las tarifas una reducción de subsidios sería explosivo.

La guerra también complica al Gobierno nacional en el plano de las relaciones internacionales. Si en tiempos de paz al presidente Alberto Fernández le costaba hacer equilibrio entre la necesidad real que tiene de granjearse el apoyo Estados Unidos en la renegociación con el FMI y al mismo tiempo avanzar en la consolidación de las relaciones con Rusia y China, en tiempos de guerra ese equilibrio parece directamente imposible.

Para los intereses de Argentina la invasión rusa no podía haber llegado en peor momento. Hace menos de un mes el presidente Alberto Fernández visitaba a Putin y proponía a Argentina como la puerta de entrada de inversiones de Rusia a América Latina, algo que desde el Gobierno ven como una alternativa al desinterés que muestra Occidente por poner plata en Argentina.

El problema es que la soberanía de Argentina para definir un posicionamiento geopolítico están seriamente limitadas por el impagable crédito que tomó el gobierno de Mauricio Macri de manos del FMI.  El 22 de marzo opera un vencimiento de una cuota por 2.800 millones de dólares, dinero que –demás está decir- Argentina no tiene.

Aunque no se trata de un deadline estricto, el próximo vencimiento obliga al Gobierno a apurar el acuerdo, si es que pretende evitar un default.

Mientras se discute con técnicos del FMI la letra chica del acuerdo, puertas adentro del país el principal escollo que enfrenta el Gobierno para abrochar la renegociación del préstamo está –paradójicamente- dentro de la alianza gobernante.

De hecho la guerra desatada en territorio ucraniano no hizo más que evidenciar la heterogeneidad de opiniones dentro del Frente de Todos. Hay para todos los gustos, desde la lisa y llana condena al ataque ruso expresa por Sergio Massa, hasta la justificación de la invasión a Ucrania entendida como un acto de defensa de los rusos expresada por la vertiente antiimperialista del kirchnerismo.

En el medio, tratando de pegar todo con engrudo, se ubica Alberto Fernández, quien pidió a Putin que desista de acciones violentas y vuelva a la mesa de diálogo, pero se cuidó de no utilizar términos como invasión o ataque y desestimó la posibilidad de que Argentina aplique alguna sanción económica o diplomática.

En lo que respecta al acuerdo con el FMI. Dentro del kirchnerismo duro se mantiene la resistencia a firmar algo que obligue a aplicar un severo ajuste. Entienden que la renegociación no mejorará sus chances en 2023 y, perdido por perdido, prefieren morir con las botas puestas, actuar en consecuencia con el discurso antiimperialista que sostienen y en todo caso dejarle el problema al que venga después, algo parecido a lo que hizo Macri.

La oposición en cambio no tiene demasiados reparos en apoyar el acuerdo, prefieren que el ajuste lo haga Alberto y si ganan en 2023 al menos recibirán un país un poco más ordenado.

 

Pragmatismo efectivo

Inmersa en un contexto nacional tan complejo, Misiones saca provecho del orden fiscal que supo conservar –no deberle nada a nadie es requisito para para ejercer soberanía- y de la estrategia política que adoptó el Gobierno provincial cuando profundizó su camino de movimiento provincialista independiente de cualquier armado partidario de alcance nacional.

Mientras otros gobiernos provinciales tienen comprometidos los votos de sus legisladores nacionales por disciplina partidaria, Misiones se encuentra en la posición privilegiada de hacer valer sus reclamos ante cada votación complicada que enfrente el Gobierno nacional.

No es casualidad entonces que en vísperas de que el Ejecutivo eleve al Congreso el acuerdo con el FMI, Misiones haya recibido a una nutrida delegación de funcionarios nacionales que tuvieron la delicadeza de no llegar con las manos vacías.

El ministro de Agroindustria Julián Domínguez comprometió 450 millones de pesos; el cuestionado ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, otros 300 millones; el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, equipamiento para la Policía de Misiones y el titular del Banco Nación, Eduardo Hécker, una línea de créditos con bajas tasas.

Otro que respondió a un llamado del mandatario misionero fue el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, que nunca visitó ninguna provincia pero aceptó inmediatamente cuando se trató de Misiones.

Guzmán, y el gobernador Oscar Herrera Ahuad, suscribieron un convenio de Asistencia Financiera por 2.000 millones de pesos que serán otorgados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Los fondos serán destinados a la adquisición de paneles fotovoltaicos, obras viales en la Ruta 204 y en el acceso a la ciudad de Andresito y a la recuperación de humedales, entre otras cuestiones.

Con Herrera Ahuad recorrieron obras en marcha que se están ejecutando con fondos nacionales, entre ellas la ruta costera 2, la obra donde se instalará el Silicon Misiones, como así también las próximas obras que se realizarán en el aeropuerto Libertador General San Martín de Posadas.

El ministro de Economía destacó el trabajo de la provincia y ponderó las apuestas que viene llevando adelante el gobierno provincial. Dijo que “Misiones es una provincia que crece. Una provincia que apuesta por mayor infraestructura, mejor educación, mejores condiciones de salud, por la innovación, por generar conocimiento, y ese es el futuro que hay que construir”.

 

Valor ambiental

Las lluvias llegaron tarde para evitar que las llamas destruyeran una parte del inmenso recurso natural que alberga el Iberá, otros humedales y bosques nativos de Corrientes, así como enormes extensiones de pastizales y miles de hectáreas de bosque cultivado, aun así llegaron antes que el presidente Alberto Fernández que recién visitó la zona devastada por los incendios en Corrientes el viernes último.

En un recorrido aéreo que partió desde Posadas, el presidente y su comitiva de ministros tuvieron un panorama de la catástrofe que provocó el fuego en Corrientes. El contraste de las imágenes de la vecina provincia con lo que puede verse en Misiones, que soportó condiciones climáticas muy parecidas pero sufrió daños muchísimo menores, sirvió también para que los funcionarios nacionales reconocieran el valor del esfuerzo que hace la provincia por conservar un millón de hectáreas de monte nativo y sistemas de detección y combate de incendios mejor equipados.

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A diferencia de Corrientes, Misiones preserva un tercio de su territorio como selva y la selva es mucho más eficiente que las plantaciones forestales o los lotes de pastoreo para conservar la humedad. El monte resiste mejor que las plantaciones los rigores de la sequía, lo que termina beneficiando a todos porque reduce los riesgos de incendio.

En la oportunidad el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdez, agradeció a su par Oscar Herrera Ahuad la asistencia enviada por Misiones en el combate a los incendios. Reconociendo delante de los funcionarios nacionales que sin la colaboración de Misiones la tragedia hubiera sido mucho peor en la zona de Ituzaingó, Virasoro y alrededores.

En las horas que duró la recorrida, los funcionarios nacionales y los correntinos elogiaron la política ambiental y la visión estratégica del Gobierno de Misiones en aspectos como la inversión en helicópteros para no depender exclusivamente del Plan Nacional de Manejo del Fuego, las limitaciones aplicadas a la extensión de la superficie cultivada, la ley de dendroenergía y la estrategia de buscar financiamiento a través de los bonos verdes.

Oscar Herrera Ahuad fue considerado a principios de febrero como el mejor gobernador del país en una encuesta que alcanzó a los habitantes de todas las provincias, reflejando que el modelo de gestión del mandatario se funde en una sinergia con el modelo político que lleva adelante desde hace casi 20 años el Frente Renovador.

No fue un dato menor que se encontraron en Posadas ante la dificultad de los aeropuertos de Corrientes. La conservación de la infraestructura misionera marca otra diferencia con la provincia vecina, en temas como por ejemplo en caminos, energía, agua potable y otros servicios.

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