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A 3 años de la vigencia de la Ley Micaela, desde el Ministerio de la Mujer capacitaron a más de 104 mil agentes del Estado y más de 4 mil funcionarios en todo el país

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Ley micaela

Se cumplieron 3 años de la Ley Micaela en Argentina que instituye la capacitación obligatoria con perspectiva de género contra las violencias para todo el personal de los 3 Poderes de la Nación.

En ese sentido, la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación recordó la Micaela García, la joven militante oriunda de Entre Ríos, quien fue víctima de femicidio. El caso emblemático que generó las marchas multitudinarias bajo el lema “Ni Una Menos” fue la génesis de un proceso cuya primera conquista fue la sanción de la ley que lleva su nombre.

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Lo que instauró la ley es simple y sencillo: la obligatoriedad de capacitarse en perspectiva de género para todas aquellas personas que trabajen en los 3 Poderes del Estado. Lo que en principio fue para la Nación, tuvo la inmediata adhesión de todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es que una de las razones por las cuales seguían multiplicándose las víctimas de femicidios en nuestro país, era el desinterés de los funcionarios públicos que en diversos ámbitos les negaban derechos a las mujeres y en este acto, las condenaban a muerte. Miles de testigos que lloraban a sus amigas, hermanas, hijas repetían hasta el cansancio que la difunta, había peregrinado sin cesar por comisarías y juzgados implorando ayuda pero que, por desconocimiento, desestimaban su caso.

Ley Micaela: capacitar y reconocer derechos

“El ministerio de la Mujer fue creado hace dos años por decisión del presidente Alberto Fernández y en ese acto que consideramos como una conquista más, en diciembre se cumplieron 3 años de la sanción de la Ley Micaela que dicta la capacitación con perspectiva de género. Desde entonces como organismo de aplicación de la ley, se han realizado capacitaciones a 104.600 agentes del Estado y a más de 4.600 máximas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, explicó Alcorta.

La funcionaria destacó no sólo la adhesión de las provincias sino también la de cientos de municipios que, a través de ordenanzas, hicieron propia la ley Micaela como una herramienta clave para luchar contra todo tipo de violencias.

Explicó también la lucha, tarea y el desafío constante tanto de las mujeres como de los organismos estatales y movimientos sociales de, poder trabajar en una “sociedad machista” que hoy se ve obligada a repensar sus prácticas.

Recordó tiempo de antaño donde las mujeres estaban reducidas a las tareas domésticas o el cuidado de los niños. La conquista social que llega de la mano del voto femenino y el trabajo constante para el reconocimiento de los derechos.

Si bien reconoció que mucho tiempo se definió a la violencia contra las mujeres como un asunto del ámbito doméstico, se logró romper con esas teorías para identificar acciones similares de gravedad absoluta en otros ámbitos como el público, institucional, laboral e incluso mediático.

“Todos tenemos algo para aportar o modificar o reprensar nuestras prácticas desde el sitio donde estamos”, dijo Alcorta quien reiteró que el norte siempre es el mismo: una sociedad libre de violencias.

Desde la asignación de roles por género, en el ámbito donde estemos, identificar los estereotipos y lo que nos hace pensar que “debe hacer una mujer”. “Si a la mujer siempre se le pide que traiga café…es un micromachismo. Pero muchas veces nos encontramos con situaciones de mayores niveles de violencia y es por ello que funcionarios y funcionarias públicas obligadas en hacer las capacitaciones. Pensar que políticas o acciones llevar adelante para desterrar las brechas de desigualdad, donde las mujeres siguen siendo las peores pagas, o las que padecen mayor nivel de informalidad laboral o dedican 3 veces más tiempo en el cuidado de la familia y la casa”.

Esto y mucho más forman parte del trabajo del ministerio desde su creación hace dos años y el desafío es aún mayor. Seguir trabajando, capacitando y brindando herramientas a las mujeres que así lo necesitan.

Para ello Alcorta valoró el aporte del programa Acompañar, cuyo objetivo es principal es fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. El programa también brinda apoyo económico con un equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses consecutivos a mujeres y LGBTI+ que se encuentran en situación de violencia de género, sumado a un acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial para las personas incluidas en el programa, coordinado con los gobiernos provinciales y locales.

Otra de las herramientas es el programa Producir, también dependiente del Ministerio, que está dirigido a crear o fortalecer proyectos productivos de todo el país, llevados adelante por organizaciones comunitarias -con o sin personería jurídica- en las que participen mujeres y LGBTI+ que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencia de género.

“Lo que buscamos es llegar a un mayor nivel de igualdad, porque donde más desigualdad hay, más violencia hay”.

Finalmente, y tras recordar también el aniversario de la Sanción de la Ley de Aborto seguro en Argentina, sostuvo que el desafío para el tiempo futuro es seguir brindando herramientas, políticas públicas efectivas que garanticen la generación de trabajo y acceso a derechos para las mujeres. Anunció la creación de 12 centros territoriales para que la tarea sea concretamente más federal, acompañando, asistiendo, capacitando y estando donde se necesite.

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