El gobierno dio marcha atrás con el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo
La resolución de este martes, que firma el secretario de Trabajo, Julio Gabriel Cordero, cita como fundamento de la marcha atrás el expediente tramitado en Campana que “promovió una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional, cuestionando la finalización del Programa y la consecuente interrupción de las prestaciones económicas”. Ante la orden judicial para que “mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo (VAT) hasta tanto se dicte sentencia definitiva” y “sin perjuicio de la interposición de los recursos judiciales”, ya que Pettovello anuncio la apelación de esa decisión, Cordero resolvió vehiculizar mediante la resolución “el cumplimiento de la manda judicial conforme el ordenamiento jurídico vigente, disponiendo el pago de la prestación económica prevista”.
El gobierno dio marcha atrás con el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo, de la ANSES, anunciado el mes pasado por el Ministerio de Capital Humano y que implica el pago de mensual de 78.000 pesos a más de 900 mil trabajadores informales. No lo hizo por voluntad propia sino como consecuencia de la medida cautelar del Juzgado Federal de Campana, que la semana pasada le ordenó mantener vigentes esas prestaciones hasta tanto se dice una sentencia definitiva. El cumplimiento de la decisión judicial se concretó por medio de una resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que aprobó la liquidación de los fondos para el pago correspondiente al mes de abril, por más de 72 mil millones de pesos.
Desde la UTEP afirmaron que el resultado de esta resolución es “gracias a la lucha en la calle de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y los movimientos populares en unidad en todo el país logramos la cautelar que obligó a Capital Humano a seguir pagando el programa Volver al Trabajo a los trabajadores más humildes de la Patria”.
El juez federal Adrián González Charvay hizo lugar el martes pasado a una cautelar promovida por un grupo de beneficiarios contra el cese del programa dispuesto por la ministra Sandra Pettovello, quienes actuaron por derecho propio y en representación del colectivo de beneficiarios afectados. Argumentaron que la eliminación constituía “una medida regresiva en materia de derechos sociales” que incurría en “inconstitucionalidad por omisión”, y remarcaron que quienes lo reciben son personas que trabajan en la economía popular “en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica estructural, que carecen de inserción formal en el mercado de trabajo y que dependen de la prestación” como un ingreso clave.
El juez, en los fundamentos de su decisión, explicó que la asignación monetaria “se manifiesta como una previsión con profundo contenido social, y los cambios abruptos en sus circunstancias pueden hacer que, en lo inmediato, la solución legal correcta en su comienzo se torne ahora, con su culminación, arbitraria e irrazonable”.
Fuente: pagina12
