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La resolución del INYM que pretende regular la oferta de materia prima mediante el establecimiento de ciertos límites a las nuevas plantaciones fue la respuesta a un reclamo histórico de los productores yerbateros cansados de lidiar con cíclicas crisis de sobreoferta de hoja verde que destruyen la rentabilidad del colono y multiplican los ingresos de la molinería concentrada.
Como era previsible, las grandes empresas recurrieron a la Justicia para intentar revertir la decisión que había tomado el INYM. Una de ellas, La Cachuera, consiguió que el juez federal de Paso de los Libres Gustavo Fresneda le otorgara un recurso de amparo que suspendió los efectos de la mencionada resolución.
El INYM inmediatamente solicitó que la causa pase a manos del juez federal de Posadas, José Luis Casals, porque tanto La Cachuera como el instituto yerbatero tienen domicilio legal en esa localidad. Casals solicitó el expediente, Fresneda se lo negó y lo remitió al Tribunal de Alzada de Corrientes que se declaró incompetente por obvias razones de jurisdicción y lo envió a La Corte.
¿Por qué una empresa misionera fue a Corrientes a litigar contra un instituto que también está domiciliado en Misiones? Básicamente porque la vecina provincia es un territorio mucho más amigable cuando se trata de defender los intereses de las grandes compañías en desmedro de los pequeños y medianos productores.
Haber sacado el expediente de esa jurisdicción es un triunfo para los intereses de los pequeños colonos, que coinciden con los del Gobierno de Misiones.
Ahora será la Corte la que deberá determinar si el INYM tiene facultades para regular la oferta de materia prima estableciendo límites a las nuevas plantaciones. De hecho, la rápida reacción del gobernador Oscar Herrera Ahuad y del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, que salieron públicamente a respaldar la resolución del instituto yerbatero contra el embate de la justicia correntina, aceleró los tiempos para que la causa llegara al supremo tribunal de la Nación.
Rovira elogió el coraje de autoridades de Misiones en la disputa por las plantaciones de yerba @rovira_carlos https://t.co/9muSFW74ZN
— misionesonline.net (@misionesonline) December 3, 2021
Diferencias
La disputa entre Misiones y Corrientes en torno a la limitación de nuevas plantaciones volvió a poner de manifiesto las profundas diferencias entre los modelos de desarrollo que impulsan ambos gobiernos.
El de Corrientes, encabezado por el radical Gustavo Valdez, que apuesta a impulsar su economía favoreciendo a las grandes empresas con la expectativa de que estas generen un “efecto derrame” hacia el resto de la sociedad y el gobierno de Misiones que no cree en el derrame espontáneo y pugna por un reparto más equitativo de la riqueza que genera el oro verde.
La historia demuestra sobradamente que el efecto derrame no suele producirse de manera espontánea en casi ninguna actividad y mucho menos en el sector yerbatero.
La experiencia desreguladora de los 90 desembocó directamente en una aceleración de la concentración del negocio en pocas empresas muy grandes. Estas empresas vieron crecer su rentabilidad a costilla de la pobreza de los productores, que en muchos casos dejaron de serlo porque terminaron vendiendo sus chacras ante la imposibilidad de sostenerlas.
Lo que siguió después, con instituto nacional regulando la actividad y definiendo –a veces- precios oficiales demostró ser un remedio insuficiente para detener el proceso de concentración. En los casi 20 años de existencia del INYM los precios oficiales rara vez marcaron alguna referencia para un sector que siguió valorando a la materia prima de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda.
En los casi 20 años de existencia del INYM los precios oficiales rara vez marcaron alguna referencia para un sector que siguió valorando a la materia prima de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda.
La pura verdad es que los precios de la materia prima siempre los definió el mercado y eso lo saben bien los productores que ante cada una de las crisis por sobreoferta, la última hace solo cinco años, se vieron obligados a malvender su yerba a valores muy inferiores a los costos de producción.
Cuando los precios bajan, los productores desatienden sus plantaciones y se cosecha menos. Entonces empieza a faltar hoja verde, la industria trata de disimularlo acelerando los tiempos de estacionamiento, se deteriora la calidad del producto y cuando ese recurso ya no alcanza, los molineros terminan disputándose la poca yerba que hay ofreciendo mejores precios.
Poca o nula injerencia tienen en esta dinámica los precios oficiales. Hasta ahora el INYM no consiguió definir realmente los valores de la hoja verde y de la canchada y luego de casi dos décadas de experiencia, resulta evidente que si pretende hacerlo para garantizar un piso de rentabilidad a los productores necesitará una herramienta más potente que la concertación de precios.
Los representantes de la producción, los secaderos, las cooperativas, los trabajadores rurales, la Provincia de Misiones y el propio presidente del INYM, Juan José Szychowski, encontraron esa herramienta en la limitación de nuevas plantaciones.
Se trata de una medida que busca establecer un orden en la oferta y demanda de materia prima, pero también busca emparejar la cancha entre grandes, pequeños y medianos productores al establecer el mismo límite para todos.
El Gobierno de Misiones salió inmediatamente a defender lo resuelto por el instituto, no solo por convicción ideológica sino también por motivos estrictamente relacionados a la economía.
En la Tierra Colorada hay más de 9.000 productores y casi 200 secaderos de yerba mate, cuando estos dos eslabones de la cadena productiva tienen rentabilidad, se verifica un efecto multiplicador que beneficia a todas las demás actividades, algo que no ocurre cuando el negocio queda en manos exclusivamente de los grandes.
La posición del gobernador correntino, en abierta oposición a los intereses de los productores yerbateros, dejó en offside al electo diputado nacional misionero Martín Arjol, que durante su campaña lo trajo a la provincia y lo presentó como ejemplo de gestión.
Luego de resultar electo, Arjol contestó con peros y postergaciones a la invitación al diálogo extendida por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien pretendía avanzar en una agenda común de temas de interés para la provincia que deberán dirimirse en el Congreso de la Nación.
El desaire del radical posadeño a una convocatoria que tenía como objetivo dejar de lado banderías políticas para definir ejes de trabajo en común en beneficio de los misioneros, fue interpretado desde el oficialismo como un gesto de dependencia directa de Arjol a la estructura partidaria nacional de Juntos por el Cambio.
“Con esa postura queda claro que (los diputados nacionales de Juntos por el Cambio) pasarán a ser un voto más en la grieta entre macristas y kirchneristas, donde Misiones no tiene participación ni es prioridad. Su voz y su voto quedarán diluidos en un torbellino de acusaciones y denuncias cruzadas entre los dos bandos, sin discutir cosas que realmente interesen o beneficien a los ciudadanos”, observaron desde la renovación.
Alberto el equilibrista
Relanzada la segunda parte de su mandato, el presidente Alberto Fernández enfrenta ahora la difícil tarea de llegar a un acuerdo con el FMI en términos que resulten digeribles para la pata kirchnerista de la alianza gobernante. El mandatario repite hasta el hartazgo que no tomará ninguna medida que perjudique a ese colectivo difuso que suele denominarse “el pueblo”, pero los antecedentes conspiran contra tan aventurada afirmación.
Para acordar con el Fondo habrá que hacer algún sacrificio, de allí que los dirigentes que se ubican a la izquierda en el amplísimo espectro ideológico del peronismo unificado directamente se opongan a sentarse a negociar con el organismo de crédito.
“Si yo fuera presidente no acordaría con el Fondo Monetario Internacional”, dejó en claro Juan Grabois, uno de los dirigentes sociales con mejor llegada a Cristina Kirchner, tesitura a la que se sumaron los diputados del Frente Patria Grande, integrantes del bloque del Frente de Todos, que anticiparon que no votarán el acuerdo con el FMI, ni siquiera en acatamiento de la disciplina partidaria.
Durante la última semana, desde el Gobierno nacional intentaron instalar la idea de que el acuerdo con el Fondo estaba avanzado e incluso corrieron versiones que indicaban que podría estar listo antes de fin de año, pero la propia directora del FMI, Kristalina Gueorguieva, salió a aclarar que “todavía hay mucho por hacer”.
Pero llegar a un entendimiento con el FMI es solo la primera parte, después el Gobierno deberá integrarlo al Plan Plurianual que fue anunciado el mismo día de las elecciones y que deberá ser tratado por un Congreso en el que el Frente de Todos no tendrá mayoría en ninguna de las cámaras y probablemente tampoco tenga consenso dentro del propio bloque.
El escenario es más que propicio para que el bloque neorevisionista que fue propuesto por el conductor de la renovación misionera, Carlos Rovira, y que va tomando forma con el correr de las semanas, haga valer sus votos en defensa del federalismo.
Al interés planteado por representantes de Neuquén, Rio Negro, Salta, Córdoba y San Juan, se sumó esta semana un legislador de Santa Cruz. “Por ahora somos 5 diputados con la posibilidad de llegar a 6 y si pudiéramos sumar más, creo que está tomando cuerpo esto que se transmite de sumarse a una idea provincialista, que sume en el Congreso y que defienda los intereses regionales”, indicó Carlos Fernández, diputado nacional electo.
Inclemente inflación
Para sorpresa de nadie, la política de control de precios impulsada por Roberto Feletti, “el policía de las góndolas”, no logró un efecto significativo en la inflación. Desde el Gobierno nacional reconocieron que el índice de variación de precios de noviembre no bajará de 3%, algo que tampoco ocurriría en diciembre y enero, meses en los que el pago de bonos y aguinaldos combinados con fiestas y vacaciones recalientan el consumo.
Como cada vez que en Argentina aumenta todo menos el dólar, crece la presión sobre el tipo de cambio y cuando Alberto o su ministro de Economía Martín Guzmán salen a asegurar que “no habrá devaluación”, suenan cada vez más como un presidente de club de fútbol cuando sale a respaldar a un técnico que pierde todos los partidos y que indefectiblemente se terminará yendo.
Ocurre que sostener el tipo de cambio le está costando muchos dólares al Central y está cocinando un atraso cambiario que ya está perjudicando seriamente a las economías regionales exportadoras.
En los tres primeros días de diciembre, la autoridad monetaria acumuló un saldo negativo de 200 millones de dólares en sus intervenciones en el mercado oficial, que se suman a un rojo de 890 millones durante todo noviembre.
La buena noticia es que en diciembre se prevé una mayor liquidación de divisas por exportaciones del campo gracias a la cosecha fina.
Pero el modelo de rifar reservas para contener al dólar oficial ya no da para más y desde el Gobierno son conscientes de que en algún momento, más temprano que tarde, deberán hacer converger los porcentajes de inflación y de aumento del dólar.
Para hacerlo sin generar una catástrofe social, el primer paso debería ser bajar la inflación para que luego no sea necesaria una devaluación pronunciada. Así lo dio a entender el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, que esta semana supeditó el alza del tipo de cambio al avance general del nivel de precios: “vamos a cambiar el paso devaluatorio a medida que baje la inflación”, dijo.
El problema para el Gobierno es que solo con el control de precios no está consiguiendo bajar la inflación y si de veras quiere hacerlo deberá apelar a alguna medida de corte más ortodoxo, como lo hizo durante la primera mitad del año cuando logró bajar a 2 puntos la inflación mensual con un ajuste del gasto que fue duramente cuestionado por la vice Cristina Kirchner en su diatriba epistolar post PASO.
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