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Contrabando de armamento a Bolivia: la Aduana es querellante en la causa

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contrabando de armamento a Bolivia

El expediente por el envío irregular de armamento y material represivo en apoyo al golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019 lo tramita el juez Javier López Biscayart, ante quien el organismo entregó este jueves documentación requerida en la causa.  Contrabando de armamento a Bolivia

 

La directora general de Aduanas, Silvia Traverso, confirmó este viernes que ese organismo se presentó como querellante en la causa que investiga el envío de armas del Gobierno de Cambiemos a Bolivia durante el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en 2019, mientras la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que «está comprobado» que el material encontrado en depósitos del país andino fue comprado durante la gestión de su antecesora, Patricia Bullrich.

 

El expresidente de Bolivia, por su parte, destacó que «con todo lo que hizo (el expresidente, Mauricio) Macri desde la Argentina se confirma totalmente los planes del golpe», y manifestó que se trata del «Plan Cóndor Siglo XXI».

 

Traverso dijo en declaraciones a FM La Patriada que la Aduana se presentó «como querellante» en la causa judicial que lleva adelante el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart a raíz de una denuncia realizada por el Gobierno nacional, y manifestó que tiene «una obligación» de hacerlo «en causas de contrabando agravado.»

«El bien jurídico afectado es el control aduanero, somos víctimas de esta maniobra», explicó la funcionaria y dijo: «Iniciamos una información sumaria para definir si hubo responsabilidades de nuestro personal».

 

En ese sentido, manifestó que también se está haciendo «una auditoría interna de los procesos».

 

La ministra de Seguridad de la Nación, por su parte, sostuvo en declaraciones a la radio Futurock que «hemos encontrado mucha documentación y también incoherencia entre la información documentada que dejó la Gendarmería y el (exministro de Defensa, Oscar) Aguad».

 

«Esas inconsistencias son datos que permiten ratificar esta denuncia de contrabando agravado», destacó la funcionaria.

 

Frederic también se refirió a la exhibición realizada esta semana, en una conferencia de prensa, por el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, de «26.900 municiones de las 70.000 de fabricaciones militares anti tumulto» encontradas en los depósitos de la Policía de ese país, que corresponderían al material enviado desde Argentina.

 

«Ya está comprobado que son de la partida que compro Patricia Bullrich para el G20 en 2018», precisó la ministra.

 

Por otra parte, Frederic respondió a Bullrich, quien había afirmado que Frederic debía informar «qué hizo» con este envío, y remarcó que cuando el hecho ocurrió «ni siquiera sabía que iba a ser ministra» y se encontraba trabajando en la ciudad colombiana de Bogotá.

 

«Bullrich dijo eso cuando todavía no se sabía que estábamos presentando la denuncia, después de la presentación no volvió a hablar más del tema, porque está claro que todo ocurrió entre el 11 y el 13 de noviembre» de 2019, recordó.

 

Frederic señaló que la exministra «tiene en claro que se tiene que guardar y encontrar argumentaciones para la justicia» y dijo que «ya no es una declaración de que digo lo que me parece y le echo la culpa a alguien que no tiene nada que ver, así desvió un poco la atención».

 

«Me parece que está complicado porque hay mucha documentación que los hace responsables, si sabían y si no sabían también», agregó.

 

Por otra parte, expresó que todavía se desconoce «qué pasó con las 40.000 municiones» que fueron agradecidas en una carta por el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, al exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, cuando ambos estaban en funciones.

 

«Entendemos que habrían ido 40.000 a las fuerzas armadas de Bolivia y 30.000 a la policía, eso parece ser el acuerdo que existió», explicó Frederic y sostuvo que en la denuncia también consta «un ocultamiento de este envío» porque todo aquello que iba a ser desviado «no fue consignado en el manifiesto de carga del Hércules».

 

El expresidente de Bolivia, en tanto, dijo que «es algo que no entiendo cómo un hermano presidente del país vecino teniendo la misma historia puede participar en el golpe de Estado programado por Estados Unidos» y afirmó que «con todo lo que hizo Macri desde la Argentina se confirma totalmente los planes del golpe».

 

 

Morales manifestó a radio 10 que Estados Unidos «siempre» lo quiso someter y sostuvo que hay dos cuestiones que no le perdonan: «la liberación política económica y haber demostrado que hay otro modelo económico sin el imperio».

 

«Especialmente no me perdonan a mí por haber cerrado la base militar y haber expulsado al embajador estadounidense», expresó y aseguró que «también participó Brasil» en lo que calificó como el «plan Cóndor del Siglo XXI».

 

En ese contexto, dijo estar «seguro que también participó Brasil, en cualquier momento va a estallar lo que hizo porque su embajador antes, durante y después del golpe estaba en reunión permanente con los golpistas».

 

En tanto, Pablo Arturo Guerra, quien fue jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas durante el último Gobierno de facto en Bolivia, fue detenido este viernes en su casa de La Paz por su presunta responsabilidad en las llamadas masacres de Sacaba y Senkata registradas en el marco de las protestas que siguieron al golpe contra Morales, que dejaron más de 25 muertos y un centenar de heridos.

 

La detención, que se suma a la aprehensión de este jueves del excomandante del Ejército Iván Patricio Inchauste, coincidió con la entrega de parte de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de un informe con los resultados de investigaciones de los hechos de violencia y presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país desde el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

 

Fuentes judiciales informaron este jueves que el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart ya tiene en su poder documentos oficiales que acreditarían que en la supuesta maniobra de contrabando ilegal de armamento a Bolivia en 2019 estuvieron involucrados funcionarios de la más alta jerarquía del Gobierno de Cambiemos, como los exministros Oscar Aguad (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad).

 

El escenario probatorio se completa con las investigaciones administrativas realizadas hacia el interior de los ministerios que habrían estado involucrados en la maniobra, lo que incluye las declaraciones de los gendarmes del comando Alacrán que viajaron a Bolivia y los altos mandos de la fuerza aérea que estuvieron al tanto de cómo se cargó el avión Hércules C-130 donde se presume que se trasladó el armamento.

 

Fuente: Télam

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