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El documento fue aprobado el pasado martes con el apoyo de 22 países y denuncia detenciones arbitrarias con torturas y desapariciones en el país que gobierna Nicolás Maduro.
Con 22 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reunido en Ginebra, Suiza, aprobó el pasado martes 6 de octubre una resolución hecha en base al informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos del organismo supranacional, Michel Bachelet, que denuncia detenciones arbitrarias con torturas y desapariciones llevadas a cabo por el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
El texto fue elaborado inicialmente en 2019 por Bachelet, expresidenta de Chile, quien en ese momento entregó ante la ONU un expediente donde acusaba al gobierno venezolano de de perpetrar cientos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecución y malos tratos a los opositores al Ejecutivo. El escrito se realizó a partir de, entre otras cosas, entrevistas con víctimas y testigos de las «graves vulneraciones de los Derechos Humanos” por parte de las autoridades de ese país.
A mitad de 2020, Bachelet presentó un nuevo informe sobre Venezuela donde ratificó y amplió las acusaciones realizadas meses atrás. “M Oficina siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina”, señaló Bachelet.
Argentina, con su voto, apoyó el documento y aprobó la instalación de una misión permanente de Naciones Unidas en Caracas, aunque condenó también los bloqueos y las sanciones económicas que sufre la nación caribeña. «La postura del Gobierno no se modificó en nada, ratifica la posición histórica de liderazgo que tiene la Argentina respecto a la defensa y vigencia de los derechos humanos en el mundo y el cumplimiento por parte de los gobiernos de las obligaciones internacionales en ese sentido», señaló la Cancillería argentina en un comunicado tras el sufragio.
- Resultado final de la votación en Ginebra
¿Cuáles son los puntos principales del informe?
El portal Voanoticias resumió los 10 puntos centrales del informe presentado por Bachelet:
1- La situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región. «Mantengo mi compromiso de seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones de derechos humanos documentadas en mi informe», indica Bachelet.
2- Un miembro del equipo de Bachelet fue autorizado a visitar la prisión militar de Ramo Verde. Otros detalles de la visita no fueron divulgados de inmediato. Dijo que avanzan en un protocolo y un calendario de visitas en los próximos meses.
3- La situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. Se refiere a la crisis hiperinflacionaria, que cataloga como la «más agudaque haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales».
4- Muestra preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de EE.UU: «Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está teniendo ya un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas».
5- Persisten serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica a los alimentos, medicamentos y asistencia médica.
6- Han sido documentandos casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional – conocidas como FAES – en algunos barrios del país.
«Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas. Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres«, indica el texto.
Además agrega que la Oficina de Bachelet «no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno».
«Llamo a las autoridades de justicia a agilizar las investigaciones y procesos penales del resto de los casos de muertes en el contexto de protestas», dice el informe.
7- Muestra preocupación por la presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de dos jóvenes Warao en julio presuntamente por elementos del FAES, las muertes de una mujer indígena Warao embarazada, y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena Curripaco en Amazonas, cometidos supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.
8- Muestra preocupación por el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios. A pesar de que el Gobierno considera que se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del Arco Minero, autoridades indígenas y ONGs sostienen que no hubo consultas, ni los estudios de impacto ambiental adecuados.
9- Critica que desde la presentación del informe de julio, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, -ambos bajo las órdenes de Maduro-, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a una parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su Presidente. Dos parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio: «Confío en que mi oficina pueda visitarles pronto».
9- Señala que continúa el éxodo en virtud del cual unos 4,3 millones de venezolanos han salido del país, y muestra preocupación por la trata de personas y algunos indicios de xenofobia en países de acogida en medio de la crisis migratoria venezolana.
El Gobierno argentino estableció los criterios que fundamentan su postura en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación en Venezuela.
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— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) October 6, 2020
10- Alude a que algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación del informe de julio, fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios siguiendo su publicación: » Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención».
Los países que votaron a favor de este informe fueron: Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, República Checa, Dinamarca, Fiji, Alemania, Italia, Japón, Islas Marshall, Holanda, Perú, Polonia, Corea del Sur, Eslovaquia, España, Ucrania y Uruguay.
Los países que se abstuvieron fueron: Afganistán, Angola, Armenia, Baréin, Bangladesh, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, India, Indonesia, Libia, Mauritania, México, Namibia, Nepal, Nigeria, Paquistán, Qatar, Senegal, Somalia, Sudán y Togo.
Los países que votaron en contra de la resolución fueron: Eritrea, Filipinas y Venezuela.
La palabra de Bachelet
Discurso de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, al presentar el informe contra Venezuela
45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos
Ginebra, 25 de septiembre de 2020
Señora Presidenta,
Esta presentación oral cubre el período entre el 2 de julio y el día de hoy.
Ante este Consejo el 14 de septiembre, reconocí, a través del informe del ítem 2, la adopción reciente de medidas positivas por el Gobierno de Venezuela, como el indulto a 110 personas, la liberación de 40 y una mayor cooperación con mi Oficina. Seguiremos brindando asistencia técnica al Gobierno.
Mi Oficina siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina. Registramos la muerte de dos manifestantes en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometida por fuerzas de seguridad. El Ministerio Público inició investigaciones para clarificar tales hechos.
Además, observamos restricciones a la libertad de expresión. Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas.
Reconozco los esfuerzos de las autoridades hacia los migrantes venezolanos retornando al país. Sin embargo, me preocupa el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir la COVID-19 en Venezuela, a los que retornan por cruces irregulares.
Reconozco la implementación de protocolos de bioseguridad relativos a la COVID-19 en los centros de detención. Pero reitero mi llamado a mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad.
Asociaciones profesionales han informado que el 33 por ciento de las muertes por COVID-19 han sido del personal de salud debido sobre todo a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales.
La pandemia se ha sumado a otras emergencias pre-existentes, como la alimentaria. Caritas reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15 por ciento en julio de 2020. También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo.
La imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales. Quisiera reiterar mi llamado de levantar las sanciones económicas para facilitar la asignación de recursos durante la pandemia.
Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2,000 muertes desde enero de 2020.
Considero positivas las detenciones de cinco miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), presuntamente responsables de la muerte de dos personas en Zulia el 21 de agosto. Las declaraciones públicas del Fiscal General sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento.
Asimismo, el Ministerio Público informó que recientemente se habría imputado a 70 funcionarios de las FAES en distintos estados del país.
Me preocupan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la modificación por parte de este Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa.
Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos. Hago un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos.
Muchas gracias.
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