Una ayuda del pasado para un gobierno sin presente

El pasado imperfecto es el tiempo verbal que mejor sabe conjugar el gobierno de Macri. Hablar en presente obliga a remitirse a una crisis económica que Argentina no experimentaba desde el colapso de 2001 y cuyos efectos se traducen en un progresivo deterioro de la calidad de vida de casi todos los habitantes. El presente también muestra a un oficialismo nacional golpeado políticamente por el escándalo de los aportantes truchos y recurrentes peleas internas entre sus aliados.

Los datos de la economía que se conocieron la semana pasada son una muestra contundente del tenor de la crisis: cayó el consumo masivo, la deuda pública alcanzó su nivel más alto –como porcentaje del PBI- en los últimos 12 años, la industria se desplomó 8,1 por ciento, las reservas caen al ritmo que la fuga crece, los salarios perdieron por 4 puntos frente a la inflación en los primeros cinco meses de 2018, por citar algunos.

Pero lo que resulta más grave para un gobierno que hasta ahora se había mostrado eficiente en generar expectativas –a veces con argumentos racionales, otras con eslóganes vacios- es que el futuro también parece darle la espalda. Al menos así lo demuestran encuestas de imagen pública y las que recaban opiniones de empresarios y analistas económicos.

Prueba de ello dan las encuestas cualitativas que realiza el Indec que entre otras cosas revelan que empresarios de prácticamente todos los sectores esperan que el tercer trimestre sea peor que el segundo o el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central, que muestra que las proyecciones del sector privado se hacen más negativas conforme pasan los meses: en mayo analistas y empresarios esperaban un crecimiento del PBI de 0,5 por ciento para 2018 y una inflación de 30 por ciento, pero un mes después proyectaron una variación negativa del PBI de 0,3 por ciento y una inflación de 31,8 por ciento.

En ese contexto no resulta sorprendente que la mejor noticia que recibió el Gobierno nacional llegara del pasado, más concretamente de un pasado reciente cuyas zonas más oscuras aportan a Cambiemos un material indispensable para construir su propia imagen proponiendo un juego de opuestos, lo que muchas veces obliga a esconder similitudes desfavorecedoras.

De ese pasado cercano llegaron “los cuadernos de Centeno”, un conjunto de anotaciones que fue presentado en sociedad en una investigación periodística del diario La Nación como una suerte de bitácora de las coimas de la obra pública, como si se tratara de los rollos del Mar Muerto de la corrupción kirchnerista.

Como en los tiempos de Néstor y Cristina, la causa “cayó” en manos del juez preferido del Ejecutivo, antes se llamaba Norberto Oyarbide, hoy se llama Claudio Bonadio. El magistrado ordenó la detención de 18 personas –empresarios y exfuncionarios- acusados de integrar una asociación ilícita cuyas cabezas serían los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner.

Entre los acusados se encuentra el exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (Oscar Thomas) uno de los dos que al cierre de la presente edición seguía prófugo. El tiempo de mandato de Thomas al frente de la EBY coincidió con la concreción de las obras con mayor presupuesto que se realizaran en territorio misionero y que fueron financiadas por la hidroeléctrica.

La causa, que Bonadio pretende se convierta en un Lava Jato a la argentina, tuvo su primer tropiezo días después de su sonora irrupción pública, cuando Oscar Centeno –chofer de Roberto Baratta, ex número dos de De Vido- declaró en sede judicial que había quemado los supuestos cuadernos que decía poseer.

Lo que se había presentado como una prueba fundamental ya no existía y periodistas de La Nación debieron reconocer que trabajaron con fotocopias y que las fotos que publicaron de los supuestos originales en realidad eran parte de un montaje.

Ni bien se empezó a dudar de la existencia de los cuadernos, los impulsores de la denuncia salieron a relativizar la importancia de dichas anotaciones y a remarcar –con una lógica irreprochable- que lo relevante era la declaración que hiciera Centeno.

En declaraciones públicas, tanto el juez Bonadio como el fiscal Stornelli aseguran que cuentan con un enorme cúmulo de pruebas para llevar adelante una causa a la que no dudan en comparar con el Lava Jato brasileño. Sin embargo para emular el proceso que se llevó adelante en el país vecino la justicia argentina deberá estar dispuesta a investigar por igual a políticos de todas las fuerzas y a empresarios, incluso a los más cercanos al gobierno actual, algo de lo que Bonadio dio pocas muestras, al menos hasta ahora.

Mientras los allanamientos a las oficinas de empresas como Techint y Roggio fueron más bien testimoniales -no se llevaron ni el registro de entradas y salidas para cotejarlos con los supuestos cuadernos del chofer-  de la casa del exsecretario legal y técnico de De Vido, Rafael Llorens, secuestraron hasta los teléfonos celulares de los hijos.

Más allá del impacto mediático inicial y del papelón posterior que significó no haber podido dar con los cuadernos, Bonadio deberá ahora demostrar que además de tener muchas ganas de ver presa a Cristina y a muchos de los que formaban su círculo de confianza, es capaz de llevar adelante un proceso judicial prolijo que demuestre con pruebas fehacientes cuánto de realidad hay en los relatos de corrupción que giran en torno a la política.

Aportes que matan

El de los cuadernos de Centeno no es el único caso judicial reciente que involucra a la política. Con menos ruido mediático pero con un creciente cúmulo de pruebas avanza la investigación por supuestos aportantes truchos a las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017.

El caso se inició a partir de un artículo periodístico que reveló que unas 400 personas que Cambiemos incluyó en la lista de aportantes a su campaña en provincia de Buenos Aires aseguraban no haber puesto un peso. En su mayoría se trataba de gente cuyos ingresos no se condecían con el monto de los aportes que se les atribuía, por ejemplo desempleados y beneficiarios de planes sociales que figuraban como aportantes de entre 5.000 y 10.000 pesos.  Con el correr de las semanas se detectaron más de mil casos similares.

La estrategia del oficialismo fue mantener silencio, para lo cual prestaron invalorable colaboración los medios de comunicación aliados, y preservar a toda costa la figura de María Eugenia Vidal. Para ello la gobernadora ordenó una auditoría interna que derivó en un pedido de renuncia de la tesorera del PRO, María Fernanda Inza, a quien le tocó el rol de fusible.

Desde la gobernación bonaerense pretenden descargar en la funcionaria despedida todas las responsabilidades por un tema que es por demás delicado, porque pone en duda la honestidad y la transparencia dentro de Cambiemos, dos de los valores fundamentales en los que se pretende apoyar esa fuerza política para diferenciarse del sector de la oposición al que despectivamente atribuyen en mote de “populismo”.

“Un caso de corrupción contra un kirchnerista es una mancha más en el lomo del tigre, pero a nosotros nos perjudica mucho más, porque nuestro votante nos pide que seamos diferentes y con cosas como estas lo estamos decepcionando”, reconoció preocupado un dirigente del PRO misionero.

Consultados sobre el tema, el presidente Macri, la gobernadora Vidal y los funcionarios de primera línea del Gobierno nacional se muestran reticentes a dar declaraciones y se limitan a afirmar que esperarán a que actúe la justicia. Pero las voces críticas descreen de tales afirmaciones y afirman que hay presiones políticas para desinflar la causa.

En ese sentido interpretan el reciente desplazamiento del fiscal Hernán Schapiro, que venía demostrando voluntad de hacer avanzar la causa, y su reemplazo por su par Guillermo Ferrara, quien tiene el antecedente de haber actuado en línea con lo que pretendía el Gobierno en la causa de los tarifazos de gas. Desde sectores de la oposición encuadran al desplazamiento de Shapiro como una típica maniobra de forum shopping, que consiste en forzar recursos de todo tipo para que las causas terminen en manos de jueces y fiscales más influenciables para el Ejecutivo.

Tormenta cerrada

El equipo económico de Macri da muestras de por fin haber domado la corrida cambiaria, pero solo pudo lograrlo a un costo muy alto para los argentinos. Los que venían a hacer lo que nunca nadie había hecho en materia de economía, terminaron haciendo lo mismo de siempre: endeudamiento, devaluación y ajuste.

La conocida receta del FMI de dejar correr al dólar y encender la aspiradora de pesos subiendo encajes y tasas de interés, parece haber sido útil para estabilizar el cambio en torno a los 28 pesos, pero lo hizo a cambio de un proceso recesivo cuyos efectos más dolorosos son la destrucción de puestos de trabajo y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Contrariamente a lo que señala el discurso oficial, el esfuerzo del ajuste no está sirviendo para “sentar las bases de un crecimiento genuino”, más bien lo contrario: en poco más de un mes el Central perdió unos 5.200 millones de dólares de reservas a pesar de la inyección de 15.000 millones del FMI, que en su mayoría se destinaron a financiar la fuga de capitales que en junio se ubicó por encima de los 3.000 millones de dólares, mientras que la deuda alcanza niveles récord. Explicado en buen criollo, Argentina debe cada vez más y tiene cada vez menos.

En coincidencia con este panorama, la estadística solo muestra malas noticias.

Según el Indec, la industria se desplomó 8,1 por ciento en junio en relación al mismo mes del año pasado. La caída interanual fue la mayor desde agosto de 2002.

Para la consultora Kantar WorldPanel, el consumo masivo retrocedió en junio 2 por ciento contra junio de 2017 y seguirá retrocediendo durante el segundo semestre. El informe destaca que el nivel de consumo actual es igual al peor momento de 2017, lo que implica que se “perdió muy rápido lo recuperado a fines del año pasado. De seguir así, veremos una caída relevante en la segunda parte del 2018”.

La caída del consumo tiene directa relación con la pérdida del poder adquisitivo del salario. Según el INDEC, en los primeros cinco meses del año, los salarios perdieron casi cuatro puntos porcentuales en promedio frente a la inflación, al registrar un aumento del 8,3 por ciento ante una suba de precios del 11,9 por ciento en ese mismo lapso. Los más perjudicados fueron los salarios del sector no registrado y del sector público, que solo avanzaron hasta mayo 5,2 y 7,2 por ciento respectivamente.

Más deuda y menos reservas

Los datos más preocupantes en el análisis de mediano y largo plazo tienen que ver con la caída progresiva de las reservas del Banco Central y el desbocado crecimiento de la deuda. Según datos del ministerio de Hacienda difundidos la semana pasada, desde que asumió Macri hasta el 31 de marzo, la deuda pública aumentó más de 90 mil millones de dólares, sin tomar en cuenta las deudas de las provincias y las Lebac.

Nótese que los datos son anteriores al préstamo del FMI y las mayores colocaciones de bonos y Letes que hicieron crecer aún más la deuda.

Los intereses pasaron de representar un 2 por ciento del PBI a 3,1 por ciento y ya absorben más del 12 por ciento de los recursos tributarios, es decir que 12 de cada 100 pesos que se recaudan de impuestos se deben destinar al pago de intereses.

La deuda representa ahora casi el 70 por ciento del PBI, el nivel más alto de los últimos 12 años. Para encontrar una relación semejante entre deuda y PBI hay que remontarse a 2006, luego del canje de bonos en default.

Durante los primeros dos años de Macri, el crecimiento de la deuda tenía como contraparte positiva el incremento de las reservas, pero eso también se terminó. En poco más de un mes las reservas del Central se redujeron en 5.200 millones de dólares y se ubicaron en torno a los 58.000 millones, lo llamativo es que la caída de las reservas se produjo a pesar del ingreso de 15.000 millones de dólares prestados por el FMI.

El ajuste donde más duele

Hace casi un mes Misiones Online advertía que el ministerio de Trabajo de la Nación había modificado los requisitos para acceder a los subsidios interzafra y que ello dejaría sin ese vital beneficio a los tareferos misioneros. La información fue confirmada por las autoridades nacionales a los dirigentes del sector rural, lo que motivó que esta semana se iniciara una protesta que incluyó la toma de la sede de la UDAI Misiones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Buscando por dónde pasar la tijera, el Gobierno nacional eligió recortar la ayuda de 2.300 pesos mensuales que deberían recibir miles de trabajadores rurales estacionales. Lo hizo a través de una resolución Trabajo de la Nación que elevó los requisitos para acceder a ese beneficio: hasta 2017 los trabajadores debían presentar recibos por tres meses y un ingreso de un cuarto del Salario Mínimo Vital y Móvil que hoy asciende a 9.500 pesos. Pero ahora la cartera que conduce Jorge Triaca exige un mínimo de cinco meses trabajados y un ingreso de la mitad del salario mínimo.

Con la cosecha yerbatera finalizada en buena parte de la provincia, prácticamente ningún tarefero está en condiciones de cumplir esos requisitos, lo que dejaría sin una vital ayuda a uno de los grupos más postergados del país.

El miércoles pasado un grupo de tareferos de Oberá montó un campamento frente a la UDAI de Desarrollo Social de Nación en Posadas en procura de una respuesta que todavía no llegó.

Capeando el temporal

Ante un contexto tan adverso, la prioridad para el Gobierno provincial es reducir el impacto social del ajuste. Desde la administración que encabeza Hugo Passalacqua aseguran que si hoy pueden llevar adelante medidas orientadas a amortiguar los aumentos de tarifas dispuestos por Nación y acciones contracíclicas para apuntalar el consumo y la inversiones, como los planes Ahora Misiones en todas sus versiones y los créditos a tasas bajas que ofrece el Fondo de Crédito de Misiones, es gracias a la disciplina fiscal que supo mantener la provincia desde la salida de la crisis de 2001.

Ese manejo austero le dio la posibilidad de instrumentar planes para sobrellevar los tarifazos y para absorber con fondos propios los permanentes aumentos que vienen de la Nación en la luz, el gas, la nafta y otros servicios que están destruyendo el poder adquisitivo del salario.

El sector privado también puso lo suyo para construir una sinergia con el sector público sin la cual no hubieran sido posibles planes como el Ahora Misiones en el que intervienen los empresarios aplicando descuentos, la Provincia subsidiando tasas de interés y los bancos también bonificando tasas. En Posadas, el Black Friday que se realizó el jueves y viernes últimos fue un verdadero éxito de ventas.

En materia de apoyo a las inversiones, se destaca el aporte del Fondo de Crédito de Misiones que financia proyectos de microemprendedores a una tasa de 10 por ciento anual, mientras que las tasas de mercado se acercan a los tres dígitos.

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