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El proyecto de reforma judicial que impulsa el Ejecutivo nacional marcó el pulso de la agenda política durante toda la semana y lo seguirá haciendo por bastante tiempo más. El lunes un sector de la sociedad salió a las calles a manifestar su rechazo a la iniciativa y un poco más genéricamente, a ser gobernados por una fuerza política que no es de su preferencia. Eso no impidió que una plenario de comisiones del Senado emitiera dictamen a la reforma, no sin antes sumar algunos cambios que provocaron cuestionamientos, no solo de la oposición.
En una quirúrgica intervención, el ultra cristinista Oscar Parrilli consiguió generar polémica agregando una sola palabra al proyecto. Tomó el inciso que insta a los jueces a comunicar al Consejo de la Magistratura “cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole” y le agregó la palabra “mediáticos” de modo que en la redacción del dictamen puede leerse “…poderes políticos, económicos o mediáticos…”.
La enmienda levantó una ola de críticas de quienes ven en la intervención del ex Señor 5 un intento por amedrentar a la prensa. Básicamente habilita a cualquier juez federal del país que considere que un periodista o un medio intentó presionarlo, a informar de ello al Consejo de la Magistratura, que deberá abrir una investigación contra el denunciado.
También hubo cuestionamientos internos. Desde el entorno de Alberto se encargaron de dejar en claro que la “enmienda Parrilli” había sido decidida y ejecutada a espaldas del presidente y de su ministra de Justicia, Marcela Losardo y que no llegaría al recinto.
Lo que más molesta a Alberto Fernández es que la intervención del senador neuquino le sirvió a la oposición para instalar el debate de la reforma judicial en ejes distintos a los que pretende el presidente.
Mientras el albertismo intenta presentar su reforma como un cambio necesario para oxigenar a la justicia y diluir el protagonismo de los cuestionados jueces federales de Comodoro Py, algo con lo que resulta muy difícil no estar de acuerdo, desde el cristinismo parecen esforzarse en llevar el debate a terrenos mucho más fértiles para la oposición.
Con o sin el agregado de Parrilli, el oficialismo tiene la mesa servida para que la reforma judicial tenga media sanción de la Cámara alta la semana próxima, pero en Diputados el reparto de fuerzas es bastante más equilibrado y Sergio Massa deberá apelar a su conocida capacidad de rosca para sacar adelante una sanción.
Los cuatro diputados que responden al gobernador cordobés Juan Schiaretti ya salieron a anticipar que no acompañarían el proyecto, también se despegaron los tres lavagnistas de Consenso Federal e incluso desde la izquierda se manifestaron en contra.
La reticencia de varios de los socios ocasionales del Gobierno nacional a acompañar a Alberto en su cruzada para reformar la justicia animó a los opositores de Juntos por el Cambio a pronosticar una “nueva 125”, en referencia al más fulgurante traspié legislativo del kirchnerismo.
Los medios que siguen de cerca el día a día del Congreso estiman que en las condiciones actuales al oficialismo le faltan al menos 11 votos para convertir en ley el proyecto enviado por el Ejecutivo.
En la ley del poroteo, los votos misioneros cobran especial relevancia.
El tiempo no tardó demasiado en mostrar lo acertado de la estrategia de la boleta corta que desplegó el Frente Renovador en las últimas elecciones nacionales. El hecho de ir sin un candidato a presidente a una elección presidencial tuvo un costo inevitable en las urnas, pero la independencia de criterio ganada con ese acto le otorgó mucho más valor a cada uno de los diputados nacionales renovadores.
A diferencia de los legisladores de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, los diputados del Bloque Misionerista no están bajo mandato partidario de ninguna fuerza nacional y pueden negociar sus votos de acuerdo a los intereses de la provincia. Bajo ese criterio, cada votación cerrada abre una nueva posibilidad para gestionar algo para Misiones: recursos, obras, incentivos fiscales, más presencia en la ejecución de programas nacionales.
En definitiva, la independencia le valió al gobierno de Misiones una posición política mucho más fuerte a la que tendría si hubiera adherido formalmente a algún armado nacional.
Algo de eso pudo verse esta semana cuando la Nación le reconoció a Misiones una deuda que venía reclamando que corresponde al déficit de caja previsional que asciende a 350 millones de pesos. Además la provincia consiguió diferir el pago de una deuda de 900 millones de pesos que tiene con Anses.
Internet esencial
El decreto presidencial publicado hoy sábado que declara servicios públicos a la telefonía celular, internet y televisión paga, reeditó el eterno debate entre intervencionistas y libremercadistas. La medida tendrá como efecto inmediato el congelamiento de las tarifas de estos servicios hasta el 31 de diciembre, pero sus implicancias en el mediano y el largo plazo están bajo intenso debate.
Los defensores del libre mercado sostienen que la intervención del Estado regulando de manera más férrea las tarifas y obligando a los prestatarios a brindar servicios a precios accesibles, espantará las inversiones y terminará sumiendo al país en el atraso. Cuba y Venezuela son palabras que se repiten asiduamente y sin demasiado fundamento de ese lado de la trinchera.
El razonamiento que siguen los críticos del decreto de Alberto indica que si las empresas ven amenazada su rentabilidad –aunque sea a futuro- no invertirán en el país y eso haría que la calidad de sus prestaciones baje progresivamente. Si esto resultara cierto, Argentina terminaría con servicios de internet, celulares y televisión paga a precios bajos pero de muy mala calidad.
Según la teoría del libre mercado, lo más beneficioso para todos sería dejar a que las empresas definan libremente sus precios en un contexto de “sana competencia” que garantizaría siempre el mejor servicio al menor precio posible.
Desde la vereda opuesta, argumentan que en Argentina la liberación de tarifas lo único que garantiza es la rentabilidad empresarial, no así las inversiones.
Recuerdan que durante el Gobierno de Macri, las generadoras y distribuidoras de energía fueron beneficiadas con aumentos exponenciales en sus tarifas, lo que se tradujo en ganancias monstruosas para las empresas, pero no en inversiones ni en una mejora significativa en el servicio.
La historia reciente demuestra que ninguno de los dos modelos garantiza resultados en Argentina. La sana competencia existe solamente en libros de texto y la rentabilidad no necesariamente implica inversión, porque entre ambos se interpone el afán de lucro desmedido del empresariado.
Por otra parte, imponer tarifas que no dejen un margen razonable de rentabilidad a las empresas es otra receta para el fracaso.
Encontrar el justo medio entre ambos extremos y llevarlo a la práctica de manera efectiva son los desafíos de este y de todos los gobiernos en lo que se refiere a regulación de tarifas.
Para la recuperación de la economía será vital que el Estado no permita que las prestarías de servicios se enriquezcan a costa del usuario, pero también debe entender que las empresas no son entidades de beneficencia y que el lucro no es mala palabra.
Una oportunidad perdida
Después de muchos rumores, finalmente Sergio Lanziani fue desplazado de su cargo al frente de la secretaría de Energía de la Nación. Su efímero paso por el gabinete de Alberto será recordado como una oportunidad de oro perdida para la dirigencia política misionera.
No hay en la historia reciente antecedentes de misioneros que hayan ocupado puestos estratégicos tan relevantes en la estructura de un gobierno nacional. De allí que su designación en un área en la que –como tantas otras- Misiones estuvo siempre postergada en los planes nacionales, generara mucha expectativa.
Siendo la única provincia sin acceso al gas natural, con obras de infraestructura eléctrica pendientes de financiamiento nacional desde hace muchos años y pagando los precios más altos del país por el combustible, la designación de Sergio Lanziani abrió a la provincia la posibilidad de mejorar su situación en un área tan estratégica como la de energía.
No consiguió nada para Misiones, prefirió utilizar su cargo para proyectar su carrera política en la esfera nacional, pero tampoco tuvo buenos resultados en ese terreno. Más interesado en la intriga política que en el desempeño de su función, terminó enfrentado con el ministro Kulfas que le terminó pidiendo la renuncia.
Para los misioneros el nombre de su reemplazante es un dato anecdótico que ni vale la pena mencionar, porque lo verdaderamente importante en este caso es que por la ambición personal de un hombre, la provincia perdió una oportunidad histórica que tardará en repetirse.
Una reforma con amplio apoyo
Muy lejos de las dificultades que encuentra Alberto Fernández para llevar adelante la reforma judicial que impulsa, en Misiones se sancionó el jueves una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que le acercará el servicio de justicia al oriente misionero y descomprimirá a los juzgados del resto de la provincia.
Se creó la quinta circunscripción judicial con asiento en San Vicente, lo que permitirá a los más de 300 mil habitantes de la zona circundante a esa localidad, resolver sus trámites judiciales mucho más cerca de sus casas.
La descentralización y distribución equitativa de los servicios judiciales son las principales motivaciones de la ley sancionada. “No solo se debe postular un acceso a la jurisdicción, sino que además éste debe ser efectivo”, argumentó en los fundamentos del proyecto el diputado Carlos Rovira, autor de una de las iniciativas que dieron origen a la ley.
“Debe haber una verdadera y palmaria posibilidad de acceder a la misma, debido a que el Estado está obligado a remover las barreras de índole jurídico, social, económico y cultural que impiden el pleno ejercicio de los derechos por parte de sus titulares”, sentenció.
“Teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, económico y productivo de la provincia, la nueva conformación del mapa judicial dará mayores posibilidades a los justiciables en la resolución de los conflictos, logrando descomprimir la saturación de causas existentes en la Primera, Segunda y Tercera Circunscripción Judicial, adecuando de manera eficiente y equitativa el acceso judicial en todas las circunscripciones”, agregó.
Sergio Rodríguez (PAyS), intendente de San Vicente, destacó el impacto de esta concreción asegurando que, “es sumamente importante, más con la edad que tiene San Vicente y quedamos agradecidos con el Ingeniero Rovira y a los diputados que hicieron Ley, dado que la gente más humilde no tendrá que viajar muy lejos para hacer sus trámites y “va a generar mano de obra, va a traer edificios, profesionales nuevos. Es de suma importancia para el municipio”.
Quienes sufren más cotidianamente los problemas que la ley sancionada el jueves viene a resolver son los abogados de la zona. Uno de ellos, el sanvicentino Oscar Kleñuk, cansado de tener que litigar en Oberá o Eldorado, consideró a la creación de la quinta circunscripción como un reconocimiento a San Vicente y como una solución concreta que beneficiará a toda la población de la zona.
Asimismo, se modificaron los alcances de otras circunscripciones judiciales que incorpora al recientemente creado municipio de Salto Encantado a la Segunda Circunscripción Judicial, modificando la pertenencia judicial de los ciudadanos de Montecarlo, Caraguatay y Puerto Piray, que ahora dependerán del juzgado de Puerto Rico.
Además, en la misma sesión se crearon nuevos juzgados, uno de Familia y Violencia Familiar y una Defensoría Oficial para Leandro N. Alem y para un Juzgado de Paz para el barrio Itaembé Guazú de Posadas.
Pandemia sin sobresaltos
La pandemia está poniendo a prueba las habilidades del mundo entero, de países, culturas, pueblos, gobiernos y familias. En ese marco, Misiones atraviesa este tiempo sin sobresaltos gracias a una conducción basada en la estrategia inteligente y a la adaptabilidad de la gestión de gobierno.
La emergencia del coronavirus le dio una importancia inusitada a la decisión del oficialismo de llevar a la política la experticia de la medicina. Pero que Misiones tenga como gobernador y vice a dos médicos no es casualidad sino que responde a una firme decisión del conductor de la renovación, Carlos Rovira, de abrir ese espacio a la participación de profesionales, especialmente de áreas que se caracterizan por el contacto directo constante con la gente.
Las encuestas le dan la razón a este enfoque. Además de la conocida aceptación del gobernador Oscar Herrera (entre los tres mandatarios provinciales con mejor imagen según encuestas nacionales), hay otras figuras que tienen un nivel muy alto de imagen positiva y aprecio popular, como el vicegobernador Carlos Arce y el intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto.
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