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El sellado de los contratos de alquileres particulares se fijo en uno por ciento de la cifra que surja de multiplicar el monto mensual acordado por la cantidad de meses del contrato que será como mínimo de 36 meses, según lo precisó Julia Acosta Azoya, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM) en la mañana de este martes.
Julia Acosta Azoya – Radio Libertad
La empresaria precisó el caso con un ejemplo “para que no queden dudas”: “Si hoy tuviéramos un contrato de 10 mil pesos mensuales, ese monto se va a multiplicar por la cantidad de meses que dura mínimamente un contrato de una vivienda familiar, que es de 36 meses. El Sellado va a surgir de multiplicar diez mil por 36 y de esa cifra se saca el uno por ciento que corresponde al sellado. Es muy importante que la gente lo tenga en claro”.
Esto, según los términos fijados por lo que algunos denominan “la nueva ley de alquileres” y que en realidad es solo “una modificación del Código Civil”, según Acosta Azoya, que “se aplica desde el 1 de julio y consta de varios aspectos novedosos que se van a ir ajustando con el tiempo y la práctica y entre ellos, está el sellado”.
Sobre el tema, comentó que “hasta el 30 de junio teníamos un monto total de alquiler, sobre el cual se le aplicaba el 1% de sellado de Rentas -que ahora es Agencia Tributaria Misiones (ATM)- pero a partir del 1 de julio estábamos en duda cómo se iba a implementar, porque con la nueva ley, teníamos un año de contrato conocido y el segundo y tercer año que iban a estar supeditados a un ajuste que surgiría de multiplicar el valor del alquiler por un índice”.
Buscando precisiones sobre ese índice, la presidente de la CIM mantuvo conversaciones con el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán y el titular de la Agencia Tributaria Misiones, Rodrigo Vivar, sobre la importancia de disminuir el nivel de incertidumbre que existía sobre cuál sería el monto del Sellado en cuestión. “Les planteamos la necesidad de buscar un punto de relativo equilibrio ya que la ley tiene el espíritu de abaratar un poco el costo de ingreso para el locatario y sobre esta necesidad de conocer cómo va a ser la metodología de liquidación del sellado”, dijo Acosta Azoya.
De esta manera, este lunes, la ATM habría dispuesto finalmente la metodología descripta como la oficial para determinar el monto que se pagará por ese concepto.
Otro aspecto novedoso y ríspido es la metodología de ajuste de los montos que se paga por un alquiler y en ese sentido, desde que se conoció esta información, dijo la titular de la CIM que “algunos clientes no manifestaron ningún inconveniente y otros que manifiestan incertidumbre. Venían de un modelo de locación en el cual sabían cuánto iban a pagar al comienzo del contrato y con cuánto iban a terminar; y ahora aumenta mucho el margen de incertidumbre porque conoce los números del primer año de contrato, pero el segundo y el tercer año no; porque ese número va a surgir de aplicar este valor inicial del contrato por un índice que va a ser proporcionado por el Banco Central y que va a surgir de promediar la variación salarial de los trabajadores estables y de la inflación. Eso genera incertidumbre”.
Acosta Azoya evaluó que “no se puede decir si esto es bueno o mal, la práctica es la que nos va a indicar…Hay que esperar y ver cómo evoluciona, en definitiva, son las partes las que van a demostrar con resultados si el mercado se retrotrae o no como consecuencia”.
Volvió a subrayar la importancia que la nueva ley o las modificaciones que se introdujeron en el Código Civil en temas relativos al alquiler tiene para la profesión de los corredores inmobiliarios porque los reconoce como los “únicos responsables de intermediar entre los locadores y los locatarios. Si lo hace sin estar matriculado, está en la ilegalidad. Esto es una tarea que la desarrolla el Colegio de Corredores y seguramente se va a ir ajustando también”, señaló.
También dijo que en el contexto de pandemia y de confinamiento que deterioró la economía en todos sus aspectos, los corredores inmobiliarios actuaron como mediadores que buscaron conciliar las posiciones entre un inquilino aquejado por la falta de ingresos y los propietarios y que eso se tradujo en descuentos, en facilidades de pago y otras medidas que beneficiaron a las dos partes.
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