El Fondo jugó para Alberto y Misiones pidió un resarcimiento de 28.000 millones por su coparticipación irrisoria

Finalmente el FMI emitió su veredicto respecto a la deuda que supo construir el gobierno de Macri con la ayuda imprescindible del propio organismo de crédito internacional. Para que no quedaran dudas la calificó como insostenible. Lo que para cualquier otro país hubiera sido una pésima noticia, para Argentina fue el mejor resultado posible, lo que habla a las claras de lo precario de su situación.

 

Alberto Fernández y su staff económico encabezado por Martín Guzmán vienen sosteniendo desde antes de asumir que Argentina no estaba en condiciones financieras ni sociales de afrontar el exigente calendario de vencimientos que dejó en herencia el fracaso económico del mejor equipo de los últimos 50 años.  Que ahora también lo reconozca taxativamente el Fondo Monetario y que además recomiende a los acreedores privados que “generen una contribución apreciable” para posibilitar una operación de deuda definitiva, fortalece la posición del Gobierno nacional que espera lograr una quita en la renegociación de su deuda con bonistas privados.

 

“Nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio, no es económicamente ni políticamente factible”, sostuvo el FMI.

 

El organismo de crédito hizo una evaluación positiva de lo actuado hasta ahora por la gestión Fernández y se manifestó en sintonía con el objetivo general planteado por el Gobierno nacional en el sentido de “restablecer el crecimiento y reducir la pobreza, y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscal y externo”, según consta en el comunicado del organismo que conduce Kristalina Georgieva.

 

Además consideraron efectivas las medidas adoptadas por el Gobierno argentino para romper con la inercia inflacionaria y aumentar el gasto social sin comprometer las cuentas públicas.

 

Aún con el respaldo de una evaluación técnica del árbitro financiero del mundo que pereciera haber sido escrita por Martín Guzmán, todavía queda mucho camino para cumplir con el objetivo de una renegociación de la deuda total Argentina que establezca condiciones de pago cumplibles para un país que está sumido en una profunda crisis.

 

Un acuerdo en esas condiciones será la llave para que el país vuelva a tener acceso al mercado de crédito voluntario, requisito fundamental para un país que espera atraer inversiones y desandar un proceso de involución de su economía que se profundizó con el gobierno de Macri que había empezado bastante antes.

 

Incógnita tarifaria

 

Esa búsqueda del equilibrio entre la disciplina fiscal y la necesidad de atender la emergencia social que valoró positivamente el FMI en su evaluación de la gestión de Fernández, la regulación de las tarifas de los servicios públicos –especialmente la energía eléctrica- juega un rol central.

 

En lo que pareció una intervención para “ir preparando el terreno”, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero recordó que el congelamiento de tarifas fue definido hasta junio y afirmó que se estaba preparando un nuevo cuadro tarifario que contemplaría una tarifa social que alcanzaría a los más humildes.

 

La reacción negativa que generaron las declaraciones de Cafiero determinaron que el presidente saliera el día siguiente a desmentir a su propio ministro. Aseguró que un posible aumento de tarifas a aplicarse a mediados de año “no está en carpeta”.

 

El asunto es delicado y cualquier decisión que tome el Gobierno tendrá un costado negativo. Una política de sinceramiento al mejor estilo Aranguren ahogaría cualquier posibilidad de recuperación de la actividad, pero la extensión indefinida del congelamiento conllevaría un atraso tarifario de creciente costo fiscal, un “lujo” que se pudo dar Cristina pero que claramente este Gobierno no estaría en condiciones de afrontar.

 

De jubilaciones y privilegios

 

El Gobierno espera cumplir cuanto antes con su promesa de modificar regímenes especiales jubilatorios, también llamados “jubilaciones de privilegio”, que rigen para funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior. El proyecto comenzará a tratarse esta semana en un plenario integrado por varias comisiones de la Cámara baja y el objetivo del Frente de Todos es obtener un dictamen ese mismo día.

 

En la actualidad las denominadas jubilaciones de privilegio benefician a más de 8000 personas que perciben haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes y suponen una erogación de 25.000 millones anuales, aún cuando solo representan un 3% del total del universo de la clase pasiva.

 

El proyecto generó el inmediato rechazo de funcionarios judiciales, especialmente porque modifica la forma en que se calculan los haberes. Los alcanzados por el régimen especial de la justicia cobran el 82% móvil y el proyecto propone cambiarlo por el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas.

 

Desde la Asociación de Magistrados y la de fiscales juran que la iniciativa atenta contra la independencia de la justicia y con garantías constitucionales, mientras que el presidente Alberto Fernández asegura que lo único que busca es “poner un poco de igualdad” en un sistema con desigualdades inocultables.

 

El proyecto provocó una catarata de renuncias de magistrados y fiscales que están en condiciones de jubilarse y esperan hacerlo mientras todavía rija el sistema que le ofrece más beneficios.

 

Más allá de los pronunciamientos de las entidades que nuclean a los magistrados, son pocos los que animan a levantar la voz a título personal contra el proyecto. El monto de casi 300 mil pesos que alcanza el promedio de las jubilaciones dentro del régimen que pretenden conservar dificulta la argumentación pública.

 

Lejos de amilanarse ante la posibilidad de una renuncia en masa de los jueces más antiguos, desde el Gobierno lo ven como una chance de impulsar un recambio en un ámbito severamente cuestionado por la sociedad y en el que la perpetuidad de los cargos conspira contra cualquier posibilidad de renovación.

 

Resarcimiento por una coparticipación irrisoria

 

El equipo de economistas terminó de ponerle “números finos” al reclamo por una asignación extraordinaria que viene sosteniendo la Provincia que vendría a compensar en parte a Misiones por la coparticipación desfavorable que recibe y por el lugar periférico al que la condenaron las políticas de desarrollo de infraestructura que llevaron adelante prácticamente todos los gobiernos nacionales.

 

Misiones siempre aportó a la par de las demás provincias a un esquema de recaudación centralizado pero fue sistemáticamente discriminada en la planificación de las grandes inversiones que dieron forma a la infraestructura del país. Es la única provincia a la que no llega un gasoducto, las vías férreas que la conectan con el centro del país están destruidas por falta de mantenimiento y las inversiones que realizó la Nación en redes viales y de energía eléctrica fueron (desde siempre) bastante más mezquinas que en casi todas las demás jurisdicciones.

 

Pero tal vez lo que más dificulta el desarrollo de la provincia es el porcentaje desfavorable de coparticipación que recibe. Pese a ser la más poblada del NEA y la que más aporta a la recaudación nacional en esa región, es la que menos dinero recibe. En enero último por ejemplo, según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Chaco fueron remitidos por coparticipación 7.160 millones de pesos, a Corrientes 5.397 millones, a Formosa 5.224 millones y a Misiones 4.783 millones.

 

Si se toma en cuenta la coparticipación per cápita, la Provincia de Misiones en 2019 recibió 40.576 pesos por habitante, bastante menos que el promedio nacional que fue de 55.935 pesos en el mismo período.

 

Tomando en cuenta la cantidad de habitantes que tiene la provincia, se observa que si la Nación le hubiera transferido por coparticipación el valor correspondiente al promedio nacional, Misiones hubiera recibido el año pasado 19.157 millones más, lo que equivale a cuatro meses de coparticipación a valores actuales.

 

Apoyado en esos argumentos y en un análisis técnico bastante más detallado que el que se ofrece en este artículo, el gobernador Oscar Herrera Ahuad elevó al presidente el pedido por una asignación compensatoria extraordinaria mensual de 2.500 millones de pesos, lo que equivale a 28.000 millones al año.

 

No es la primera vez que Alberto recibe ese planteo, ya lo hizo durante su campaña en un acto realizado en Rosario. Allí, más concretamente frente al monumento a la Bandera, el ahora presidente se comprometió a dar una respuesta favorable al reclamo de Misiones. Ahora se verá el verdadero valor de la palabra empeñada entonces por Fernández. 

 

Para Misiones el tema reviste una importancia crucial. Su población crece a un ritmo de 1,4% anual, lo que supera la media nacional de 1,1%. Eso le da a la provincia la característica de contar con la población más joven del país, pero también la pone frente a crecientes demandas de salud, educación, seguridad y justicia.

 

Para atender esas demandas, Misiones viene incrementando su inversión en las áreas de mayor incidencia social. Medido en porcentaje de su PBI, entre 2005 y 2018 presentó el mayor incremento de todo el país en recursos destinados a educación y salud que crecieron 73,9% y 128%, respectivamente. El resto de las provincias solo aumentaron 30,2% en educación y 37,6% en salud.

 

Y en términos de gasto per cápita en educación, salud y seguridad, en el año 2018 la Provincia de Misiones financió con recursos propios 7 mil millones de pesos para nivelar el gasto social per cápita respecto de las demás provincias.

 

Sumado a esto la Provincia afronta dificultades propias de un territorio con frontera internacional, distante de centros de producción de alimentos y de refinación de combustibles, agregando desafíos propios que representan los flujos migratorios, el intercambio comercial con ciudades fronterizas con menores costos y las constantes exigencias en materia de seguridad.

 

La amenaza del dengue

 

La condición de provincia fronteriza impone además un riesgo extra en materia de salud. Con el 90% de sus fronteras conectadas a Paraguay y Brasil, países donde el dengue es una enfermedad endémica que todos los veranos causa estragos, Misiones está más expuesta que el resto del país a esa enfermedad.

 

Con la persistencia del mosquito que la transmite, el dengue se extendió este verano hasta lugares en los que habitualmente no está presente. Tan al sur como la provincia de Buenos Aires ya se llevan confirmados casi cien casos, pero las autoridades de Salud de esa provincia entienden que hay muchos más que no llegan a conformar por falta de reactivos.

 

“A nivel latinoamericano estamos atravesando una de las peores epidemias de dengue de la historia. Existe un comportamiento biológico del virus que hoy nos cuesta mitigar. Básicamente, si se encuentra en países vecinos, no habría razón por la que no se propague hacia Argentina como lo está haciendo”, advirtió Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense.

 

El panorama en Misiones está lejos del que enfrentan en Brasil y Paraguay, pero no escapa a una realidad que azota a todo el continente y se extiende cada vez más. El ministro de Salud Oscar Alarcón confirmó que en su cartera tiene hoy 1.919 casos notificados, 573 descartados, 1346 casos notificados en estudio y 97 casos confirmados que se concentran en algunas localidades puntuales como Oberá y Posadas. De ese total 86 corresponden a Den 1 y 11 a Den 2.

 

Para el gobernador Oscar Herrera Ahuad la prioridad no pasa por la estadística sino por seguir  trabajando para contener al dengue. “Misiones está trabajando fuertemente desde agosto y septiembre en la prevención”, y aludió a la compleja situación regional en la que la provincia se encuentra inserta: “Paraguay está en alerta epidemiológica ya desde hace dos o tres meses, Brasil y más precisamente Foz de Iguazú se declaró en alerta sanitaria”.

 

Agregó que en este contexto Misiones se mantiene con casos de brotes en algunas localidades gracias a un trabajo hecho a conciencia y puso énfasis en que “Misiones está conteniendo a dos grandes países, los misioneros estamos haciendo un trabajo tremendo para que esta enfermedad no vaya más allá de nuestras fronteras”.

 

La interna de la UCR y nepotismo en la Universidad Nacional del Alto Uruguay

 

Dirigentes radicales no ocultan su disconformidad por la forma en la que quedó conformado el rectorado de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU) y puertas adentro hablan de nepotismo a favor de la familia Pianesi.

 

Prácticamente todos cargos en esa universidad están en manos de dirigentes radicales cercanos al “pianesismo”, empezando por el vicerrector, Jorge Fernando Pianesi, que es el padre del legislador.

 

El tercer puesto más importante dentro del organigrama del rectorado de la UNAU es el de secretario general, cargo que ocupa Santiago Larrea, socio de Ariel Pianesi en el ejercicio de la abogacía y en una SRL denominada La Boquería que fue constituida en 2018.

 

Como si fuera poco, a cargo de la secretaría de extensión de Cultura y Relaciones Institucionales está Bruno Ariel Gini, asesor de Pianesi en la Legislatura.

 

Los disconformes dentro del radicalismo aseguran además que la “caja” de esa flamante casa de estudios inaugurada en el último año de la gestión de Cambiemos, también es manejada por un pariente cercano de Pianesi.

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