Cientos de instituciones en todo el país todavía no han cobrado sus servicios desde octubre y noviembre de 2025. No se trata de un atraso técnico ni de una dificultad burocrática, se trata de una decisión política que pone en riesgo la continuidad de los apoyos, tratamientos, permanencia en hogares, centros de día, CET y servicios básicos para miles de personas con discapacidad en todo el país.
Desde el cierre de la ANDIS, el ministro de Salud de la Nación no ha garantizado la regularización de pagos, no ha dado previsibilidad al sistema y ha permitido que se profundice una crisis que ya no puede explicarse como desorden administrativo. Se firman resoluciones para anunciar el cumplimento de la Ley, pero no se garantiza el presupuesto para que esas medidas tengan efecto real; y una norma sin ejecución presupuestaria no es cumplimiento, es simulación.
Estamos hablando de un sistema del que dependen 250 mil personas con discapacidad y que afecta indirectamente a más de un millón de personas entre familiares, trabajadores, profesionales e instituciones. Mientras tanto, hogares, centros de día, centros educativos terapéuticos y transportistas hacen esfuerzos extraordinarios para no cortar prestaciones, endeudándose para sostener lo que el Estado debería garantizar.
La situación en Misiones:
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, confirmó que el sector atraviesa una situación crítica debido a la falta de fondos por parte del Gobierno Nacional. La funcionaria explicó que, a pesar de las medidas judiciales y una ley de emergencia, persisten demoras de casi cinco meses en los pagos del Programa Federal Incluir Salud, lo que afecta a todas las provincias y pone en jaque la continuidad de las atenciones.
Antúnez detalló el impacto directo que esta situación genera sobre las instituciones privadas que brindan servicios esenciales. “Se rompieron las cadenas de pago tanto con los profesionales que forman parte de estos equipos, dado a las demoras en los pagos que existen hoy respecto al programa Federal Incluir Salud. Esta situación se da, también nosotros como provincia, como institución estamos tratando de hacer las gestiones pertinentes para que desde el programa se envíe la medicación de alto costo”, afirmó.
La presidenta del Consejo cuestionó el destino de los fondos que deberían financiar al sector y recordó que existen impuestos específicos para ese fin. “La pregunta es a dónde está yendo la plata que no está llegando al sector de discapacidad y que tiene impuestos específicos para esa caja. El Gobierno Nacional tiene una obligación, una corresponsabilidad con las provincias. Si bien hoy la provincia se está haciendo cargo, por ejemplo, de la medicación de alto costo, hay demoras porque obviamente de un día para el otro la Nación dice ‘Hoy dejo de financiar esto’ y mañana la provincia tiene que salir a tapar baches”, sostuvo.
La funcionaria advirtió que la falta de pagos llevó la situación a un punto límite, con consecuencias inminentes para miles de usuarios. Anunció que los prestadores ya comunicaron una drástica medida ante la deuda acumulada. “Los prestadores ya tomaron una decisión esta semana, nos notificaron de que ellos van a suspender muchas de sus prestaciones hasta en tanto no reciban el pago de lo adeudado, así que creo que estamos en una situación ya de quiebre”, consideró.
Antúnez también se refirió al impacto laboral que generará esta decisión, ya que el cierre de servicios amenaza las fuentes de trabajo de muchos profesionales. “No es el problema solo de la prestación que se puede llegar a resolver a través de otro organismo público, sino es la falta de empleo que va a generar el impacto de estas medidas”, explicó.
Fuente: Infobae-Misionesonline
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