La actriz Andrea del Boca y el exministro de Planificación Julio de Vido fueron procesados por fraude, junto con otros ocho acusados por irregulariades en convenios firmados con la Universidad de San Martín por 344 millones de pesos, reenviados a productoras privadas para filmar una novela y una miniserie.
La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Ramos, que procesó por los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a De Vido -en calidad de autor- y a Carlos Ruta, Luis Vitullo, Andrea del Boca, Carlos Schwerdtfeger, Alberto Daniel García, Nahuel Billoni Ahumada, Nadia Jacky, Liliana Mazure y Hugo Nielson como partícipes necesarios. Mazure era la titular del INCAA. El juez le dictó falta de mérito a Christian Daniel Fernández.
En la causa se investigan las maniobras mediante las cuales se implementó un circuito que involucró la actuación de funcionarios y empleados del exministerio de Planificación, de la Universidad Nacional de San Martín y del INCAA para el objetivo final de la firma de dos convenios por 344 millones de pesos. Se tratan del convenio ACUDGDyME N° 1234/11 por $232.433.300,00) y el N° 1226/15 por $121.008.105,90).
Estos acuerdos permitieron el otorgamiento discrecional de los fondos públicos asignados a las productoras privadas Cooperativa de Trabajo Tostakí Ltda. que recibió $4.550.000 y a +A Group SRL, que obtuvo $36.582.468.
Con esos fondos se financiaron la miniserie El Pacto (antes denominada Será Justicia y otros) y la telenovela Mamá Corazón.
El Pacto, que fue premiada por el INCAA, se basó en contar en 13 episodios sobre la historia de la venta de Papel Prensa en la Argentina durante la dictadura, según el kirchnerismo. Mostraba la versión que la Justicia desestimó con Mike Amigorena haciendo de Héctor Magnetto, el CEO del Grupo Clarín. La novela Mama Corazón, en cambio, nunca fue estrenada.
El juez Ramos enumeró dos decenas de irregularidades que detectó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en los contratos y en el flujo de dinero. La principal crítica es que se contrató a productoras privadas para las realizaciones cuando el Convenio contemplaba que eran parte de los trabajos que haría la Universidad de San Martín.
Fuente La Nación
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