Concejales aprobaron la adhesión de Posadas a la “Ley Micaela”

La concejal Natalia Giménez (Frente Renovador) señaló que de esta mantera amplían y refuerzan todas las políticas públicas que se vienen implementando en materia de capacitación en los temas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en la función pública.

Giménez, presidenta de la Comisión de Equidad de Género destacó que si bien el municipio ya cuenta con una ordenanza que instaura la capacitación en perspectiva de género, “la ley Micaela es superadora porque abarca los tres poderes del estado y es de carácter obligatoria. Por ahora tiene que ser de esta forma, al menos hasta que la mirada de género se instaure en nuestra sociedad”.

En ese marco, destacó el trabajo realizado desde 2016 con la creación de la Comisión de Equidad de Género (uno de los primeros proyectos presentados por su banca) y el acompañamiento de la Dirección de Equidad de Posadas llevado adelante por Ángela Ferreira. También resaltó que tanto el municipio como la provincia viene hace mucho tiempo trabajando en materia de equidad y la erradicación en las diferentes formas de desigualdad entre hombres y mujeres y de la violencia de género.

Finalmente, Giménez destacó que “presenciamos en este recinto hoy un hecho histórico en la lucha de las mujeres. Y la adhesión a la ley Micaela es una herramienta fundamental para lograr una sociedad más igualitaria y terminar con el flagelo que tiene como consecuencia más grave que cada 27 horas en nuestro país se asesine a una mujer”.

La adhesión a la ley N° 27.499 Micaela obtuvo 12 votos positivos, uno negativo y una abstención.

Dicha norma establece la capacitación obligatoria en los temas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en la función pública.

Según detalla la ley, el contenido que se brinde en dichas capacitaciones lo debe certificar el Instituto Nacional de las Mujeres y serán dados por la máximas autoridades de los organismos correspondientes.

Los temas que se darán deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

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