Con todo el país mirando, Misiones se prepara para un nuevo domingo histórico

Mientras en la escena política nacional reina la incertidumbre, en Misiones las encuestas dejan poco margen para la sorpresa e incluso desde los frentes opositores dan por descontada una victoria del oficialista Frente Renovador en los comicios provinciales. Como hace bastante no ocurría, el país estará pendiente de lo que ocurra en Misiones donde tendrá lugar la décima escala electoral camino a las elecciones nacionales que iniciarán en septiembre con las PASO.

 

Como ocurriera en Córdoba o en Neuquén, en Misiones se enfrenta un oficialismo con fuerte identidad provincial y respaldado por una gestión que en términos generales es bien valorada por una amplia mayoría del electorado -más aún teniendo como referencia los pobres resultados de gestión que puede mostrar el Gobierno nacional- contra la oferta electoral de Cambiemos, directamente alineada al Ejecutivo nacional.

 

De concretarse un nuevo revés para Cambiemos, que esta vez tendrá el atenuante de no perder contra el PJ, la atención nacional estará puesta en el posicionamiento que adopte el oficialismo provincial después del 2 de junio. Hasta ahora el Frente Renovador se mantuvo concentrado en el escenario provincial y desde ese frente dejaron entrever que eso no cambiará demasiado después del domingo. “No hay apuro ni necesidad de alinearse con ningún espacio porque el poder de la renovación está en los misioneros”, afirman desde ese espacio.

 

El perfil de los candidatos marca una diferencia en la manera en que ambos partidos funcionan. El Frente Renovador presentó una fórmula compuesta por dos jóvenes profesionales de la medicina que cuentan con experiencia en la administración de áreas estratégicas de la administración pública, pero no arrastran con largas carreras en la arena política, mientras que Juntos por el Cambio apostó por dos dirigentes con varias décadas de trayectoria dentro de la política.

 

Desde la Renovación destacan que más de 50 sublemas de ese frente son encabezados por candidatos que participan por primera vez en política y 60 por mujeres.

 

Después de una campaña corta, los números de las encuestadoras anticipan un claro triunfo oficialista a escala provincial y el horizonte de incertidumbre se acota a lo que pueda ocurrir en un puñado de municipios en los que partidos opositores obtuvieron buenos resultados en 2017.

 

Las expectativas de Juntos por el Cambio –la versión misionera de Cambiemos-  están centradas en ciudades puntuales como Posadas, Puerto Iguazú, Eldorado y Oberá, en las que esa alianza ganó o estuvo cerca de hacerlo hace dos años, pero hoy es escenario es bastante diferente y es esperable que eso se refleje en las urnas. En 2017, en pleno apogeo de la primavera gradualista, la marca Cambiemos era una ola amarilla que amenazaba con inundar al país, pero después “pasaron cosas” y hoy esa ola casi no salpica fuera de Buenos Aires.

 

Números de encuestas que manejan en Casa de Gobierno vaticinan un claro triunfo renovador también en Posadas, en buena medida gracias a un crecimiento rápido del sublema que encabeza el presidente de Vialidad provincial Leonardo “Lalo” Stelatto y al buen caudal de votos que conserva el actual intendente, Joaquín Losada. La estrategia en este caso fue la de ofrecer con Stelatto una buena alternativa a los votantes con algún grado de disconformidad con la gestión de Losada.

 

Para el Frente PAyS los desafíos pasan por aprovechar el momento de debilidad de Cambiemos para convertirse en segunda fuerza y disputar la intendencia en algunos municipios del Alto Uruguay con influencia tabacalera, como San Vicente y Pozo Azul, donde descansa buena parte de su caudal electoral pero hasta ahora no pudieron poner un intendente.

 

Quedan siete días para que sigan hablando los analistas, después le tocará la palabra al pueblo que hablará a través de las urnas.

 

Tiempo de definiciones

 

En el plano nacional el panorama está bastante más agitado. La sorpresiva presentación de la dupla Fernández – Fernández obligó a los demás espacios a acelerar el armado de sus frentes. Ni el oficialismo ni la oposición no kirchnerista pueden darse el lujo de extender mucho más el tiempo de la especulación, de las negociaciones a dos bandas y de la puntillosa seducción, porque desde hace una semana tienen frente a sí a una fórmula definida que ya está en campaña y a la que varios gobernadores sin un alineamiento nacional fuerte, intendentes y dirigentes de peso, miran con cada vez mayor cariño ante la incertidumbre que reina en el resto del espectro político.

 

La semana pasada el foco estuvo puesto en las indefiniciones dentro de Alternativa Federal, las fluctuaciones de Lavagna y la ambivalencia de Massa. Pero en los próximos días será el turno de tomar decisiones en Cambiemos. El lunes se realizará la convención nacional de la UCR y según las posturas que adelantaron los principales referentes, todo indica que refrendará la pertenencia al Frente Cambiemos, pero con una serie de reclamos.

 

Todos los radicales coinciden en exigir a sus socios una apertura a otros espacios que le dé una base de sustentación más amplia al frente –entienden que con lo que hay no alcanza-, más participación al partido en las candidaturas y en toma de decisiones de gobierno y cambios en el rumbo económico. Los más díscolos plantearán también que se abra la posibilidad de ir a internas e incluso de bajar la candidatura de Macri, atendiendo a que su imagen negativa es muy alta.

 

Más allá del ruido de las candidaturas y las alianzas, la semana que pasó le dejó al Gobierno un escándalo policial que podría tener impacto político dado que puso en entredicho un eje de gestión importante para el macrismo: la doctrina de mano dura que pregona la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que supo granjearle rédito político al Gobierno a pesar de que  desde sectores relacionados a la defensa de los derechos humanos la califican como “gatillo fácil”.

 

Más allá de las implicancias legales que deriven de la tragedia de San Miguel del Monte en la que tres adolescentes murieron y una chica de 13 años resultó gravemente herida producto de una inexplicable, injustificada y brutal persecución policíaca, el hecho provocó un visible cambio en la manera en que la sociedad juzga la “doctrina Bullrich”.

 

La diferencia entre el último episodio que puso bajo la lupa la acción de la policía y los anteriores en los que se había denunciado gatillo fácil -como el caso Chocobar- es que en esta oportunidad las víctimas no fueron personas sobre las cuales pese algún tipo de condena social, como ladrones o “piqueteros”, sino menores de edad que, todo indica, no habían hecho absolutamente nada para desatar la criminal represión de los uniformados.

 

Por más que la ministra haya repetido en todos los medios de prensa una enérgica condena al accionar de los efectivos implicados, no son pocos los que ven en la violencia policial una consecuencia directa de las políticas y de las declaraciones públicas de la ministra. La “mano dura” venía siendo uno aspecto de la gestión de Cambiemos que buena parte de la sociedad valoraba de manera positiva frente a una posición más “garantista” del anterior gobierno, eso podría cambiar al menos en parte con sucesos como el de San Miguel del Monte. El fantasma de la “maldita bonaerense” de tiempos de Eduardo Duhalde y los efectos que tuvo en la carrera política del bonaerense son un antecedente a tener en cuenta.

 

A la carrera

 

El apuro que generó el intempestivo surgimiento de la fórmula Fernádez – Fernández  llevó a algunos candidatos a tropezar en formas indisimulables, como el economista Roberto Lavagna que esta semana finalmente anunció su candidatura presidencial –urgido por el anuncio de Cristina, reconoció- aunque no sabe todavía dentro de qué frente competirá. En un encadenamiento de sucesos propio de una comedia de enredos, Lavagna anunció que se bajaba de Alternativa Federal luego de que el armador de ese frente, el cordobés Juan Schiaretti invitara a Daniel Scioli, pero después aclaró que en realidad no consideraba definitiva su salida de ese espacio.

 

Lo que sí tiene claro Lavagna es que no quiere someter su candidatura a unas PASO, lo que implica que si los demás precandidatos de ese frente –Massa, Urtubey y Pichetto- persisten en sus precandidaturas, el exministro de Economía debería construir rancho aparte y muy probablemente se lleve consigo a parte del radicalismo desencantado, lo que debilitaría notoriamente las posibilidades de Alternativa Federal de acceder a una segunda vuelta y dejaría el camino libre a Cambiemos y el kichnerismo.

 

Mientras todos los demás hablaban, el que se llamó a silencio fue Sergio Massa, que durante toda la semana fue sujeto de un operativo seducción encabezado por Alberto Fernández, lo que provocó que sus socios dentro de Alternativa Federal le reclamaran una definición. El tigrense busca esconder sus cartas hasta último momento mientras sondea sus posibilidades en uno y otro espacio. Por las dudas, cada vez que habla en público aclara que su objetivo es derrotar a Macri, con lo cual se deja abiertas las puertas de todo el espectro opositor.

 

Para conservar intactas sus posibilidades de ganar las elecciones, Alternativa Federal deberá encontrar la manera de contener a Lavagna y a Massa, lo que encierra un dilema porque ambos están decididos a ser candidatos a presidente y uno de ellos se niega a dirimir la cuestión en unas PASO.

 

La incertidumbre que reina dentro del frente que intenta erigirse como una tercera vía para romper la dualidad Macri – Cristina, alienta a los demás espacios a buscar fisuras para provocar quiebres y quedarse con algún pedazo. A las públicas apelaciones del kirchnerismo para enrolar a Massa se sumaron reuniones de Macri con Pichetto –a quien en presidente se encargó de elogiar en reuniones con sus ministros- y Urtubey, los representantes más notorios del ala peronista anti K dentro de Alternativa Federal.

 

 Al banquillo

 

Así como Macri encuentra su principal dificultad en los pobres resultados de su gestión de la economía, para Cristina la principal amenaza no es política sino judicial. A once años de la primera denuncia, comenzó el juicio oral en la llamada “causa Vialidad”, que tiene como acusados a la expresidenta; a su exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, a su exsecretario de Obras Públicas, José López, y a la plana mayor de la Dirección Nacional de Vialidad entre 2003 y 2015.

 

Más allá de la sentencia a la que puedan arribar los jueces y de los tiempos que demore el proceso, la principal duda por el impacto que podría generar en el electorado el amplio seguimiento periodístico que tendrá el juicio en el que se intentará comprobar que los acusados integraron una asociación ilícita para favorecer al presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez, con al menos 52 obras públicas que le costaron más de 46.000 millones de pesos a las arcas públicas.

 

La candidata a vice de Alberto Fernández de defendió a través de su cuenta de Twitter: “La citación de hoy se trata de una denuncia efectuada por el gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz. No se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008, armadas por diputados de la Coalición Cívica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito”, afirmó.

 

“Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras”, aseguró.

 

Los que plantean los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la unidad antilavado (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), que luego fue convalidado por el juez federal Julián Ercolini, en primera instancia y luego por la Cámara Federal de Apelaciones es que el entonces presidente Néstor Kirchner habría montado una estructura con funcionarios de su confianza que Cristina Fernández mantuvo en sus cargos al asumir la Presidencia en 2007 y que durante años cometieron “múltiples irregularidades, todas destinadas al favorecimiento” de Austral Construcciones y otras empresas constructoras de Báez como Kank y Costilla, Gotti Hermanos, Loscalzo y Del Curto y Sucesión de Adelmo Biancalini.

 

El escrito de Ercolini destaca que “el Grupo Báez no habría cumplido con el tiempo pautado en la mayoría de los contratos de obra pública vial que se le atribuyeron, que se le concedieron sucesivas prórrogas que aumentaban su valor vigente y que, en razón de ello, el Estado nacional debió desembolsar sumas dinerarias por encima de los montos contratados; también, un aumento sistemático del precio presupuestado mediante la concurrencia de varias empresas del mismo grupo y la falta de competencia en las licitaciones; todo lo cual le habría ocasionado un perjuicio patrimonial, que fue posibilitado a través de la estructura funcional organizada para cumplir con los fines perseguidos por la asociación en cuestión”.

 

Por eso, dentro de esa presunta trama, la expresidenta quedó bajo sospecha de actuar como coautora de los delitos de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades, en concurso real con asociación ilícita en la que habría actuado como jefa.

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