Después de que se abriera una investigación para determinar si la abogada y ex Miss Argentina Rocío Santa Cruz, condenada a cuatro años de cárcel por haber provocado un choque que le costó la vida al inspector de tránsito municipal Ramón “Topo” Cabrera (52), el 31 de enero de 2016 en Posadas, salió del país sin autorización judicial, se le puso como requisito que el primer día hábil de cada semana tiene que presentarse a la comisaría más cercana, que, a su vez, debe informar a la Justicia.
El 15 de este mes, declararán dos empleados judiciales que aseguran haber visto a la condenada en un vuelo que unía las ciudades de Asunción del Paraguay con Lima, Perú.
Santa Cruz negó haber hecho ese viaje. Es más, su defensa, a través de los abogados José Luis Rey y Eduardo Paredes, pidieron que el Procurador General Miguel Piñero analice la conducta de la fiscal María Laura Álvarez por las opiniones que manifestó en torno de la presunta salida de Santa Cruz de la Argentina. Y que eventualmente la funcionaria sea sancionada. ¿Qué dijo la fiscal? Que se investigue y pidió informes. Como lo hizo ante los medios de prensa, para la defensa está fuera de lugar. El argumento es, cuanto menos, llamativo.
Además, los defensores consideraron que una la investigación por la supuesta desobediencia debe hacerse en el fuero federal y no en el provincial.
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