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La crítica situación que atraviesa un universo de más de 1.200.000 personas con discapacidad en la Argentina llegó a Naciones Unidas. Mientras este jueves miles de familias y profesionales del área se movilizan en todo el país para reclamar por la ley de emergencia, diversas organizaciones llevaron el reclamo ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Dificultad para el acceso a las pensiones, 0% de aumento para los prestadores desde diciembre del año pasado y desfinanciamiento de programas nacionales llevaron al sector a una crisis sin precedentes. La denuncia advierte que a fines del año pasado el gobierno de Javier Milei modificó por decreto los requisitos para el otorgamiento de pensiones por discapacidad (decreto 843/24), para acceder una pensión no contributiva por “invalidez laborativa”, lo que implicó un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina, “poniendo en grave riesgo el acceso a derechos básicos por parte de un grupo altamente vulnerado”. Ocurre que las pensiones no contributivas por invalidez fueron establecidas por la Ley 13.478 sancionada en 1949, hace más de setenta años. Aquella norma fue modificada y reglamentada en 1997 y no tenía una mirada verdaderamente inclusiva de las personas con discapacidad. El texto ante la ONU advierte que “se basaba en el modelo médico rehabilitador y desconocía las múltiples barreras que enfrentan las personas con discapacidad para ejercer sus derechos, perpetuando la situación de dependencia económica y desconociendo su derecho a vivir con autonomía”. Diversos fallos judiciales establecieron la inconstitucionalidad de esa norma e instaron al Estado a actualizarla. Sin embargo, el decreto del presidente Milei retoma aquellos conceptos perimidos y reimpone requisitos para acceder a las pensiones que ya fueron declarados inconstitucionales por la justicia argentina.
La presentación fue realizada por asociaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional; La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
El incremento de los requisitos para el otorgamiento de las pensiones -advierte la denuncia- deriva en los hechos en una restricción para acceder a las mismas. Y es, además, un retroceso que “ignora deliberadamente los postulados del modelo social de la discapacidad y del enfoque de derechos humanos, reinstaurando una mirada patologizante, capacitista y discriminatoria”.
“La única vía utilizada por ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) para convocar a las personas con discapacidad consiste en el envío de cartas documento, que para muchas de ellas es un medio inaccesible”. Entre otras cosas, el texto impreso no tiene versión en braille. También, muchos no pueden movilizarse al correo o a recibir el documento en el domicilio. De hecho, el propio Jefe de Gabinete, Guillermo Francos refirió que de un total de 703.430 cartas enviadas, 222.607 no pudieron ser entregadas.
Además, se les da a los beneficiarios solo tres semanas para concurrir a la auditoría, tiempo insuficiente para sacar turnos médicos y obtener los certificados necesarios para volver a probar su condición de discapacidad. “Sumado a ello, muchas personas han sido citadas a establecimientos para realizar la auditoría a grandes distancias de sus domicilios, en algunos casos de hasta 500 kilómetros”. Para las organizaciones se trata de una medida “restrictiva de derechos” y reclaman que el Poder ejecutivo informe con urgencia el resultado de las auditorías y cuántas pensiones efectivamente estaban mal otorgadas.
La denuncia advierte que los criterios viciados y los procedimientos inconvencionales de las auditorías ponen en situación de angustia, incertidumbre y estrés a miles de personas con discapacidad y sus familias, quienes ya deben enfrentar barreras estructurales y sociales que impiden la plena inclusión; falta de accesibilidad en servicios públicos y espacios físicos; deficiencias en educación inclusiva y obstáculos para acceder al empleo formal, entre otras desigualdades.
Con estos argumentos, las organizaciones le reclamaron al Comité que inste al Estado argentino a suspender las auditorías y a informar sobre las ya realizadas y que exhorte al gobierno nacional a adecuar nuevamente las normativas a los estándares elaborados por los organismos internacionales de derechos humanos.
Además del recorte en las pensiones, el sector atraviesa una crisis sin precedentes por el ajuste económico. Por eso este jueves se convocó a una movilización al Congreso Nacional y en las principales ciudades del país.
Las familias reclaman que se declare por ley la emergencia, que ya tiene dictamen de mayoría en Diputados y podría tratarse en el recinto el próximo miércoles 5 de junio.
Entre otras cuestiones, el nomenclador para las prestaciones no se actualiza desde diciembre del año pasado, lo que pone en serio riesgo la continuidad de las terapias y apoyos que son vitales para las personas con discapacidad. Los montos del transporte para las terapias y centros educativos, y los aranceles quedaron muy atrasados respecto de la inflación, por lo que muchos centros cerraron y prestadores dejaron de atender. Esto derivó en que, por ejemplo, niñas y niños se quedaron sin acompañante terapéutico o sin integración escolar porque los profesionales renunciaron. O en que muchos terapeutas comenzaron a cobrar copagos, algo que, en contexto de crisis económica, muchas familias no pueden afrontar.
El proyecto de ley que declara la emergencia en hasta el 31 de diciembre de 2027 en todo el país establece, entre otras cosas, que las pensiones se equiparen al 70% del haber mínimo jubilatorio, siempre que los ingresos no superen los 2 salarios mínimos. Al mismo tiempo, que “las disposiciones y los procedimientos sobre revisión y/o auditoría médica y socioeconómica de las Pensiones deberán ser implementadas en formatos accesibles”.
La iniciativa también aplica la actualización de los aranceles de los prestadores ajustado por inflación y una compensación económica para los mismos con fondo del Tesoro Nacional; el establecimiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como documento válido en todo el país y la presentación por parte del Poder Ejecutivo de un informe anual obligatorio al Congreso y la ciudadanía sobre la ejecución presupuestaria, pensiones otorgadas y compensaciones abonadas.
fuente: infobae
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