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El juez Santiago Carrillo, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, resolvió rechazar la medida cautelar solicitada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) para que presente información respecto a los fondos transferidos por el Tesoro Nacional y facilite la documentación para poder auditar esa rendición de cuentas.
En su fallo, Carrillo también decidió postergar el tratamiento sobre el planteo de inconstitucionalidad del artículo 8 del decreto 1344/07 y la posible incompetencia de la SIGEN para auditar a la UBA, cuestiones que serán analizadas en el dictado de la sentencia definitiva. Este planteo había sido presentado previamente por la UBA a través de su rector, Ricardo Jorge Gelpi, en una acción declarativa de certeza. La universidad argumentó que el control interno le corresponde exclusivamente a la Auditoría General de la Nación (AGN), conforme a la Ley de Educación Superior y al marco normativo que regula a las universidades nacionales.
Al resolver el planteo, el magistrado evaluó los argumentos y documentación aportados por ambas partes, así como los recaudos legales para acceder a la cautelar invocada. En ese plano, el magistrado consideró que la solicitud de la SIGEN excedía “el limitado espacio de conocimiento inherente a este tipo de procesos e implicaría un anticipo de la cuestión de fondo, aspecto que debe ser juzgado en un marco de mayor amplitud de debate y prueba”. Para Carrillo, conceder la medida implicaría decisiones de fondo con “efectos jurídicos y materiales irreversibles”, algo que requiere un debate más amplio y exhaustivo.
El juez también destacó que el “control externo” sobre las universidades nacionales, a cargo de la AGN, no es objeto de controversia en este caso. Sin embargo, observó que en el sitio web de la UBA y de la AGN están publicados los informes de auditorías correspondientes a los años 2023, 2013, 2009, 2008 y 2006, evidenciando la existencia de controles previos. Al respecto, señaló que la UBA presentó información relacionada a las características de su sistema de gestión documental y auditorías internas, y, en consecuencia, correspondía concluir que “no surge elemento alguno que permita afirmar la existencia de un peligro cierto de que la documentación de respaldo requerida por la SIGEN ‘se extravíe o se altere’”.
fuente: infobae
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