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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desencadenó un operativo sin precedentes en toda la geografía nacional. Con la participación activa de la Dirección General Impositiva (DGI), se verificó la correcta utilización de terminales electrónicas de pago en cerca de 24 mil establecimientos comerciales.
Esta iniciativa busca asegurar que los ciudadanos puedan acceder a los beneficios del programa Compre Sin IVA, que proporciona una devolución del 21% en productos de la canasta básica.
Bajo la tutela de Carlos Castagneto, la AFIP movilizó aproximadamente 2700 funcionarios que realizaron rigurosas inspecciones en 23.937 comercios. Durante las operaciones, se identificaron inconsistencias en un 13% de los casos, que incluyeron la ausencia de terminales de cobro, el uso exclusivo de opciones de pago virtual sin tarjeta, cobros en efectivo, entre otros errores de funcionamiento y discrepancias entre la titularidad de las terminales y del comercio.
La inspección abarcó una amplia gama de comercios, desde verdulerías y fruterías hasta carnicerías y locales de cercanía como panaderías, supermercados, almacenes, entre otros, en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, Misiones y Chaco.
Este operativo se inscribe dentro del programa Compre Sin IVA, que beneficia a más de 20 millones de personas en el país. Entre los beneficiarios se cuentan 440.000 empleadas de casas particulares, 7 millones de jubilados y pensionados, 2.5 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), 2.3 millones de monotributistas, 9 millones de trabajadores en relación de dependencia con sueldos inferiores a $708.000, además de los titulares de la Tarjeta Alimentar y del programa Potenciar Trabajo.
Para aquellos comercios que no cumplan con las normativas de habilitación de medios de pago electrónicos, la AFIP aplicará las sanciones establecidas en el artículo 40 de la Ley de Procedimiento Tributario. De este modo, se busca promover la inclusión financiera, la formalización de la economía y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, en un esfuerzo por ampliar los beneficios fiscales a la población y mejorar la transparencia en las transacciones comerciales.
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