Yaguareteinfo.ar | La Voz del Tigre
El FMI espera una seguidilla de aumentos en las tarifas, un ajuste del salario en el sector público y más restricciones sobre la moratoria jubilatoria como los planes sociales. El objetivo es reducir el gasto en unos $ 500.000 millones en 2023, según se desprende del último informe publicado por el organismo tras desembolsar US$ 7.500 millones la semana pasada.
A diferencia de las medidas anunciadas este domingo, que alcanzarán solo a los sectores más golpeados por la devaluación durante no más de tres meses, el FMI reclama un aumento en las tarifas de luz a partir del 1 de septiembre para todos los niveles, incluyendo la clase media y los segmentos de menores ingresos, que debería ser seguida por otro ajuste entre noviembre y enero.
La secretaría de Energía, Flavia Royón, ratificó la semana pasada que habrá un incremento en las facturas de energía, pero lo supeditó a la definición del ministro de Economía. Sergio Massa todavía debe definir la fecha de implementación y si el traslado de los mayores costos será solo para el segmento de altos ingresos o alcanzará a todos los niveles.
En su equipo no descartan que pueda haber novedades en las próximas horas. Todavía quedan tres días antes de que el reloj marque la hora señalada por el organismo y, si se dilatan los plazos, tampoco sería la primera vez. El Gobierno se había comprometido a quitarle todos los subsidios a los hogares de mayores recursos en enero pasado y lo terminó implementando en mayo.
En medio de la campaña electoral, los funcionarios reconocen que se trata de una decisión «política». Massa necesita aliviar los bolsillos para recuperar parte de los 6 millones de votos que perdió el oficialismo en las PASO, pero también enfrenta presiones para contener el gasto público. «La llave maestra la tiene Sergio», aseguran en el Ministerio de Economía.
En ese marco, si bien en agosto ya hubo una suba de tarifas en los sectores de mayor poder adquisitivo que alcanzó el 150% interanual, el Fondo aguarda «mayores esfuerzos» para alinear las tarifas con los mayores costos de producción tras el salto del 22% en el dólar oficial, y cumplir con el objetivo de reducir los subsidios a la energía del 2,3 al 2% del PIB en 2023.
«Con este fin, las autoridades anunciarán su decisión (acción previa) de ajustar los precios de la electricidad mediante la emisión de una resolución (propuesta para fines de agosto de 2023) a partir del 1 de septiembre, para usuarios residenciales de ingresos bajos y medios, así como para usuarios comerciales más pequeños», señaló el staff report.
En la lista de reformas estructurales propuestas (structural benchmarks), figura la oficialización de una resolución que actualice el costo de la energía eléctrica con incrementos de hasta el 53% para todos los consumidores residenciales, y del 22% para los grandes y pequeños usuarios comerciales, y el alumbrado público municipal.
El resultado en las boletas serían aumentos en torno del 14% para usuarios de altos ingresos (nivel 1), 8% para los de bajos ingresos (nivel 2) y 16% para los sectores medios (nivel 3), según estimaciones de la Consultora Energía y Energía, dirigida por Nicolás Arceo. Otros especialistas calculan que el impacto podría ser incluso mayor, de entre el 7% y 37%.
Por otra parte, el Fondo espera una segunda ronda de aumentos en las tarifas entre noviembre y enero para los hogares y comercios. El staff y las autoridades también discutieron la necesidad de alinear las tarifas de gas con el incremento en los costos de producción en lo que queda del año y revisarlo en 2024.
Para controlar el gasto, el organismo indicó además que «es necesario abordar los desfases anteriores en los salarios públicos y jubilaciones (debido a la moratoria y los bonos) identificando medidas compensatorias». Y fortalecer a través de las auditorías en marcha las restricciones en el programa Potenciar Trabaja, con 1,3 millones de titulares.
Si bien el FMI mantuvo la meta de reducir el déficit primario de 2,4 a 1,9% del PBI en 2023, suavizó algunas proyecciones. Ahora espera un gasto primario del 19,6% del PBI, un margen extra de 1 punto respecto de la previsión de marzo, por el incremento de los subsidios a la energía, la asistencia social y los sueldos de la administración central.
Pese a la fuerte caída en el primer semestre, las erogaciones se aceleraron en julio previo a las PASO. Por ello, el Gobierno debería recortar un 11% el gasto público en términos reales entre agosto y diciembre para lograr la baja comprometida del 0,8% del PBI en 2023. Un compromiso difícil de lograr después del paquete de alivio anunciado este domingo por $ 730.000 millones.
La otra incógnita es que pasará con los precios. En el Gobierno sostienen que las medidas «no deberían tener impacto», pero las consultoras esperan que los últimos anuncios, junto con la suba de tarifas, lleven la inflación anual al 180% en un contexto de déficit fiscal. Otra chispa que podría recalentar más los dólares paralelos.
Javier Milei dijo que lo contactaron del FMI y en los próximos días se reuniríanhttps://t.co/b4JaKuv1m4
— misionesonline.net (@misionesonline) August 15, 2023
FUENTE: Clarín.
Comentarios