Irregularidades millonarias en una emblemática fábrica de alimentos desenmascaradas por la AFIP

Durante la fiscalización presencial realizada en una planta situada en Río Segundo, provincia de Córdoba, se detectó un desajuste de 60.800 toneladas de maní, traducido en una valoración económica de 1.200 millones de pesos. Para contextualizar, esta diferencia sería equivalente a cargar 2.030 camiones que, si se alinearan en una carretera, abarcarían una longitud de casi 50 kilómetros.

Pese a que la empresa, propietaria de una prestigiosa marca de golosinas y postres, cuenta con casi un siglo de tradición, los inspectores de la DGI evidenciaron ausencia de documentación respaldatoria sobre la materia prima. Esto da lugar a interrogantes sobre su integración al proceso productivo o su comercialización en la cadena alimenticia.

Las investigaciones sobre el establecimiento con capacidad de almacenar 12.500 toneladas y un procesamiento de 6 toneladas por hora aún continúan. El foco está puesto en determinar la naturaleza de las maniobras detectadas. ¿Evasión fiscal, subfacturación de exportaciones, o ventas en el mercado marginal? Es el dilema que enfrenta el organismo, mientras otorga al contribuyente su derecho de defensa.

Este establecimiento, dedicado a la elaboración de golosinas y chocolates con maní para el consumo local e internacional, declaró ventas por 25.000 millones de pesos en 2022.

Operativos en el Nordeste: Incautaciones en Ascenso

La AFIP no se detuvo allí. En un operativo en el nordeste argentino, se incautaron 412 toneladas de soja con un valor de 51,5 millones de pesos.

Estas acciones se llevaron a cabo en 14 camiones ubicados en los accesos a diversas localidades de las provincias de Corrientes y Chaco. Participaron también la Gendarmería Nacional y la Policía Caminera chaqueña. La inspección se enfocó en verificar el origen y destino de los granos, así como cotejar la documentación y registros.

Estas fiscalizaciones revelaron que tanto remitentes como destinatarios no poseían la capacidad operativa ni financiera para justificar tales cargas, resultando en la interdicción total de la mercadería.

Estas acciones refuerzan el compromiso de la AFIP en proteger la economía y asegurar la transparencia en el ámbito comercial y productivo del país.