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El por entonces presidente de la Cámara de Diputados sostuvo: “Me llegaron más de 460 mensajes de remitentes desconocidos y voy a hacer una denuncia judicial”. Tres años después, la Justicia determinó que los imputados cumplan una probation.
Tras la denuncia, se identificaron a diez responsables: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina.
Luego de la investigación y tras considerarse que “se encontraban suficientemente demostradas las autorías y responsabilidades penales” de los acusados, la Justicia resolvió imponerles obligaciones por el término de hasta dos años y seis meses.
Ahora, luego de que los diez imputados en la causa se reconocieran culpables, el Juzgado Federal 2 de San Isidro les impuso el cumplimiento de entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias.
Así, los acusados tendrán registrado el hecho en sus antecedentes penales. Además, deberán realizar donaciones a la Asociación Civil “Pequeños Pasos” por montos que varían entre $20.000 y $200.000.
La diferencia en materia de importes a donar se debe a que, como detalló la Fiscalía, “cada frase empleada es distinta y algunas tienen mayor entidad”. En función de la situación puntual de cada uno, los imputados deberán abonar entre $20.000 y $200.000; entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazante y realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos.
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