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Tal como lo planteara Mauricio Macri en uno de sus viajes a Misiones, sueñan con debilitar o directamente eliminar al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y desregular completamente el negocio yerbatero para que la molinería concentrada no tenga que cargar con la engorrosa tarea de pagar precios justos a los productores.
No se trata tanto de convicciones ideológicas sino más bien de la defensa de los propios intereses. Con el PRO atomizado por el reflejo provincial de la interna nacional, crece dentro de la alianza opositora la injerencia del puertismo, ahora representado por Pedro, el hijo de Ramón Puerta, y del radicalismo que mira a Corrientes como modelo a seguir y encuentra en el candidato a gobernador Martín Arjol a su principal referente.
El puertismo y el gobierno de Corrientes tienen como denominador común una marcada tendencia a defender los intereses de la molinería, naturalmente enfrentados con los intereses de los pequeños productores.
No se trata aquí de impulsar una visión maniquea de buenos y malos, más bien se trata de entender que quien tiene su chacrita siempre buscará defenderla. Y para Corrientes la industria yerbatera siempre será más importante que la producción porque tienen pocos productores y albergan a los molinos más grandes del país, mientras que para el puertismo la defensa de los intereses de la molinería es lisa y llanamente la defensa del negocio familiar.
El problema es que ese modelo ya fue probado y terminó muy bien para el negocio de los Puerta y muy mal para miles de productores yerbateros que pasaron hambre y se vieron obligados a malvender sus chacras porque la desregulación había planchado los precios de la materia prima.
El problema con la desregulación es que habilita una negociación libre entre actores que tienen diferencias muy grandes: de un lado un puñado de industrias con una gran capacidad económica y del otro lado miles de productores atomizados con la necesidad de vender para comer.
Ahí es donde se vuelve indispensable la participación de un actor con capacidad para mediar en esa relación y así evitar abusos. El Estado aparece como el único capaz de llevar adelante esa tarea.
Para cumplir esa función el Estado no puede tener una posición neutral en la discusión, porque entonces se terminaría imponiendo la industria gracias a su mayor poder de negociación. Así lo entendió el Gobierno de Misiones que en los últimos 20 años siempre respalda a los productores en cada concertación de precios.
No se trata de sostener una visión “antiempresa”, porque en el trascurso de esos 20 años ninguna industria se fundió ni perdió plata, sino de hacer un esfuerzo por equilibrar una relación comercial que se da entre partes que son diferentes.
De eso también hablan, aunque se cuidan de no decirlo taxativamente, las expresiones políticas liberales como Juntos por el Cambio cuando plantean eso de achicar el Estado. Dicen que es por el bien del conjunto, pero en realidad es en defensa de intereses particulares muy cercanos, cuando no propios.
En ese mismo plan de achique del Estado tan en boga en los discursos de Arjol y siempre presente en la visión de provincia que propone el puertismo, incluye también la privatización de bienes del Estado.
Con el pretexto de reducir una estructura estatal que se supone ineficaz, ese modelo al que quieren volver 20 años después habilitó la venta de Papel Misionero y el Banco Provincia, herramientas que fueron clave para el desarrollo económico de la provincia durante buena parte de su historia.
Ese proceso lo impulsaron durante los 90 algunas de las mismas figuras que lo siguen defendiendo hoy, como el exgobernador Ramón Puerta y su secretario de Hacienda, Humberto Schiavoni, pero curiosamente también lo pretenden imponer los radicales, incluso los que se mueven bajo el influjo del exgobernador Ricardo Barrios Arrechea, que en su momento fue férreo crítico del puertismo y hoy respalda a figuras cercanas a Corrientes como Arjol.
En coincidencia con un Estado débil, se propone una política fiscal que baje los impuestos con la promesa de que la mayor rentabilidad que obtendrían las empresas gracias a esa política se derramará sobre las clases populares de manera automática y lloverían las inversiones generadoras de empleo.
Lo que mostró la realidad de las últimas décadas es que el efecto derrame nunca se verifica y que las inversiones llegan donde hay infraestructura acorde para desarrollarlas, antes que donde los impuestos son más bajos.
Vale mirar lo que pasó en Corrientes, que intenta seducir inversores en la forestoindustria ofreciendo ventajas impositivas, pero no consigue concretarlas porque no les puede garantizar suministro eléctrico ni caminos.
El Gobierno de Misiones en cambio opta por cobrar los impuestos que necesita para poner a disposición de los inversores la infraestructura que demandan y para brindar servicios de calidad en materia de salud, educación y seguridad de manera gratuita a su población. Así viene obteniendo resultado ostensiblemente mejores que los de Corrientes.
Otra consecuencia directa de las políticas a las que pretende volver Juntos por el Cambio es el endeudamiento, ya lo demostró sobradamente el Gobierno de Macri. Ocurre que cuando un Estado reduce impuestos, por lo general se queda sin plata para cubrir los gastos que requiere su funcionamiento y no le queda otra que pedir prestado.
Las consecuencias de eso los misioneros también la conocieron bien cuando Puerta debió recortar los salarios de todos los empleados del Estado provincial con el nefasto IETE para poder cumplir con los pagos de la deuda.
A eso quieren volver, como Gardel quería volver a Buenos Aires.
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