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Según la orden de la magistrada, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro (22) tendrá una custodia de la Policía de Misiones o de una fuerza federal “mientras dure el proceso”. También se deberá “garantizar la integridad física” de su familia. De hecho, su padre es uno de los cinco imputados.
Las medidas fueron pedidas por la fiscal porteña Daniela Dupuy tras un pedido de los abogados defensores, que denunciaron “sospechosas visitas” en el domicilio del hacker. En ese contexto, la jueza Martínez mandó un exhorto al juez de garantías de Eldorado en el que destaca que Nuñes Pinheiro “ha brindado información relevante para la continuación de la pesquisa”.
El martes, Nuñes Pinheiro declaró durante tres horas en el marco de una ampliación de su indagatoria. Contó que prendió fuego su teléfono y lo arrojó al río Paraná luego de que la jueza federal María Servini lo citara a declarar como testigo en otra causa. Dijo que lo hizo porque “se asustó”, aunque ya había comprobado que se habían borrado las conversaciones con la persona que lo había contratado.
El joven aseguró además que esa persona siempre le pagaba por anticipado. Y reconoció un pago de $46 mil por “tres objetivos”. Ese pago figura en un listado de transferencias que aportó la empresa Lemon. Se concretó el 17 de octubre, el mismo día que el sitio El Destape reveló el viaje a Lago Escondido de un grupo de personas entre las cuales estaba D’Alessandro. Dos días después, se concretó el hackeo en su teléfono.
Hace dos semanas, el joven había confesado que que le pagaron “entre 12 y 15 mil pesos por cada objetivo” a través de una billetera virtual de cripto monedas. Además, dijo que lo contactaron mediante un usuario de la red Telegram identificado como “ElJuanxd”, aunque pudo escuchar la voz de una persona. Por la terminología que usaba, supone que era oriundo de la provincia de Misiones.
Tras la “confesión”, la empresa Lemon emitió un informe donde identificó varias cuentas asociadas y aportó nombres propios. Además, esa empresa aportó el dato de una cuenta de Binance, un mercado de compra y venta de criptomonedas. Esa cuenta sería el comienzo de la ruta del dinero.
D’Alessandro no fue la única víctima del hacker. La Justicia determinó que desde el mismo IMEI, y desde la localidad de Eldorado, ingresaron a las líneas de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso (ambos integrantes del Tribunal Oral que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el caso Vialidad), y del juez de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, entre otros.
Basso y Hornos no denunciaron el hackeo ante la Justicia. En cambio, Giménez Uriburu hizo una denuncia penal que tramita en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi, dos hay otras dos causas iniciadas por el presidente de la Corte Horacio Rosatti y el camarista Mariano Borinsky.
En el caso de D’Alessandro, el joven utilizó una tarjeta SIM blanca vendida por la empresa Comtel SA, e interactuó, vía SMS, con la plataforma de Movistar que le solicitó tres datos: el número de línea, el número de documento del titular de esa línea, y el número de trámite del DNI.
En su última declaración, el joven aportó los datos de una nueva persona, con domicilio en José C. Paz, a la que le habría vendido unas 50 tarjetas SIM.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 31, 2023
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