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Durante poco más de un mes los argentinos volvimos a transitar esa intensa y vigorizante experiencia de estar unidos detrás de un objetivo, de sentirnos bien representados por un grupo de compatriotas, de recordar cómo era aquello de tirar todos para el mismo lado, de festejar un triunfo que todos sentimos como propio, de vivir una alegría colectiva, con todos adentro.
¿Es la pasión que genera el fútbol? En parte sí, pero no es solo eso. Porque el deporte más popular también suele generar desencuentros, discusiones y hasta violencia. La euforia que despertó La Scaloneta en todo el país es la respuesta que dio un pueblo harto de las decepciones y sediento de ilusiones cuando se sintió representado por un grupo que demostró esfuerzo e inteligencia y obtuvo resultados positivos.
En diferentes momentos de la historia y por lapsos más o menos largos, dirigentes de la política nacional como Irigoyen, Perón, Alfonsín o Néstor también supieron generar ilusión en grupos mayoritarios de la sociedad (en el campo de la política es prácticamente imposible llegar a un consenso unánime) y lo consiguieron también en base a resultados, en este caso no futbolísticos sino de gestión.
Pero la política nacional hoy está muy lejos de generar algo parecido. De hecho los referentes principales no consiguen respaldos mayoritarios ni siquiera dentro de los partidos que los contienen. De nuevo la cuestión pasa por los resultados.
Salvo las extremas derechas e izquierdas, que proponen algo más parecido a una aventura que a un proyecto realizable, todos los demás participaron de algunos de los últimos gobiernos que (abusando de la metáfora futbolera) prometieron campeonatos pero llevaron al país a varios descensos consecutivos.
En un contexto en el que prima el desencanto con la clase política, el mundial de Qatar llegó como un bálsamo refrescante tanto para una oposición que no consigue resolver sus internas como para el Gobierno que tampoco consigue cerrar las propias pero además tropieza con sus falencias en la gestión.
Pero la distracción duró poco. La interna del Gobierno se coló en pleno festejo cuando se desató una disputa por definir el itinerario que debería recorrer el colectivo descapotable (la bañadera diríamos en Misiones) que trasladaba a los campeones.
Las pequeñas mezquindades impidieron al oficialismo capitalizar la alegría del momento y un par de días después las mismas avenidas que atestiguaron una descomunal bacanal de alegría descontrolada, volvieron a la rutina de las manifestaciones piqueteras y al dólar blue se le ocurrió emular las electrizantes corridas de Di María.
La coparticipación de la discordia
Después de analizar la cuestión durante más de dos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Ejecutivo que le devolviera a la Ciudad de Buenos Aires el dinero que Mauricio Macri le había asignado por vía de decreto y el actual Gobierno le quitó con el respaldo de una ley del Congreso.
Lo que hay en el fondo es una disputa por alrededor de 180 mil millones de pesos mensuales que el expresidente devenido en dirigente de la FIFA le había asignado al único distrito en el que gobierna el PRO y luego Alberto se los quitó para ponerlos en manos de la provincia de Buenos Aires, principal bastión kirchnerista.
En la disputa, Misiones sentó su postura por encima de la grieta y exigió que los recursos que injustificadamente le regaló el expresidente a la CABA sean distribuidos de manera equitativa en el conjunto de las provincias.
La ciudad porteña recibe desde 2002 el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables, monto que aumentó considerablemente a poco de haber asumido Mauricio Macri. Más concretamente en 2016 cuando el entonces presidente aumentó por decreto ese porcentaje y el distrito gobernado por su delfín político comenzó a recibir 3,75% del total de la masa coparticipable con la excusa de financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Con esos números, la Policía Porteña pasó a ser por lejos la más cara del país, de hecho recibía una asignación de recursos más alta que la que reciben varias jurisdicciones provinciales.
En marzo de 2018, en el inicio de la crisis que se llevó puesto al gobierno de Cambiemos y bajo presión de las provincias, Macri redujo 0,25% puntos porcentuales el coeficiente de coparticipación correspondiente a la CABA que pasó entonces a recibir 3,5% del total.
En plena pandemia al calor de protestas de la Policía Bonaerense, el Gobierno de Alberto Fernández volvió a disminuir la coparticipación porteña. Primero lo hizo por decreto a 2,32% del total y luego a través de una ley del Congreso la volvió a establecer en 1,4% más una asignación para financiar a la policía de Buenos Aires, lo que en términos prácticos dejó la coparticipación porteña en los 2,32% que establecía el decreto de Alberto.
La ley se apoyó en dictámenes técnicos que determinaron que la asignación de recursos que había destinado Macri al funcionamiento de la policía porteña fue excesiva.
Como era de esperarse, el Gobierno porteño se sintió perjudicado por la quita de una parte de los fondos que Macri le había cedido e inició una demanda en respuesta a la cual la Corte emitió el jueves una cautelar que obliga al Gobierno nacional a aumentar a 2,95% el porcentaje de coparticipación de la CABA.
El fallo de los supremos en ningún momento hace referencia a los costos del financiamiento de la Policía de la Cuidad de Buenos Aires, que era el fundamento principal para que la coparticipación porteña aumentara de los 1,4 p.p. que recibía desde 2002. Lo que plantea en cambio es que ni el decreto de Alberto ni la ley posterior contaron con el acuerdo del Gobierno porteño, al cual ambos instrumentos afectaron de manera directa y por lo tanto carecían de validez.
El fallo se festejó en las filas de Juntos por el Cambio más que el penal que metió Montiel en la final contra Francia pero cayó como una bomba en el deshilachado Gobierno nacional y también fue cuestionado desde las provincias que no responden a la conducción cambiemita.
El Presidente y catorce gobernadores lo consideraron “un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento”, tras lo cual el Gobierno nacional presentó un pedido de revocatoria “in extremis” de la cautelar y recusó a los jueces de la Corte.
La posición oficial es que el fallo es de cumplimiento imposible porque el Congreso ya sancionó una ley de presupuesto que no contempla un crédito presupuestario para cumplir con lo que manda la cautelar.
Desde Juntos por el Cambio hablaron de un nuevo embate contra la Justicia y plantearon la posibilidad de denunciar al Presidente por desobedecer un fallo de la Corte.
En este punto conviene aclarar que ni Alberto ni los 14 gobernadores que lo acompañaron están proponiendo desobedecer el fallo, lo que sí plantearon es presentar una serie de recursos que demorarían la efectiva puesta en vigencia de la cautelar, lo que es una cosa muy distinta.
El punto que interesa a los gobernadores pasa por la afectación que pudrían sufrir las provincias a partir de la modificación que ordena la Corte en la distribución de los fondos federales.
Si bien el fallo de los supremos no afecta a la coparticipación de las provincias, porque el dinero para la Ciudad de Buenos Aires debería salir de los fondos de que corresponden a la Nación, los gobernadores consideraron que la cautelar sí los perjudica porque el dinero para cumplirla debería salir del presupuesto asignado para obras proyectadas en distintos puntos del país.
Por encima de la grieta
Misiones no acompañó la declaración firmada por las catorce provincias que se alinearon decididamente del lado del Gobierno nacional en su disputa con la CABA y la Corte, pero tampoco se quedó callada como lo hicieron las jurisdicciones en las que gobierna Juntos por el Cambio, frente que se extiende a lo largo del país pero tiene su corazoncito en Buenos Aires, en cambio optó por una tercera vía junto a otras tres provincias.
La Tierra Colorada manifestó su postura oficial a través de un comunicado conjunto que también firmaron los gobernadores de Salta, Rio Negro y Neuquén en el cual manifestaron preocupación “por el fallo de la Corte que asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la Nación en su conjunto”.
Recordaron que el traspaso de la policía a la Ciudad de Buenos Aires fue “un hecho cuyos costos fueron determinables, y que se demostró fehacientemente que la transferencia original de fondos nacionales a CABA, fue superior a la necesaria para absorber el traspaso policial”.
Pero se diferenciaron de la declaración del Gobierno nacional y los catorce gobernadores al remarcar que los fondos nacionales que están disputa “deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones que conformamos la Nación Argentina”.
Los fondos nacionales que están disputa “deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones que conformamos la Nación Argentina”.
La declaración no es menor, porque cuando Alberto decidió recortar los recursos que Macri le había asignado por decreto a la CABA, la única jurisdicción en la que gobierna el PRO, después no repartió equitativamente esos recursos sino que se los entregó íntegramente a la provincia de Buenos Aires, principal bastión del kirchnerismo.
El Gobierno de la renovación sentó una postura firme y coherente con su perfil de fuerza provincial, ajena a las disputas de la grieta y manteniendo como único norte la defensa de los intereses de Misiones.
Juntos por el Cambio contra los pequeños productores
Con la firma del diputado nacional misionero Alfredo Schiavoni (PRO), la legisladora tucumana Paula Amodeo, también de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto que propone desregular todos los mercados que funcionen bajo algún tipo de regulación, entre ellos el yerbatero.
Vale recordar que durante su presidencia, Mauricio Macri ya había planteado la posibilidad de desregular el mercado yerbatero, lo que no ocurrió por la resistencia que opuso quien por entonces era gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.
La iniciativa recientemente presentada pretende quitarle al INYM su potestad para establecer precios mínimos para la materia prima y adoptar medidas tendientes a buscar el equilibrio entre la oferta y la demanda de hoja verde, lo que equivaldría a eliminar al instituto yerbatero y volver a los tiempos de la desregulación de los 90 que sumió a los productores en la más profunda crisis de la que se tenga memoria.
Lo que pretenden los legisladores de Juntos por el Cambio es volver a un escenario en el cual las grandes compañías del sector podían abusar de su posición dominante para planchar los precios de la materia prima, lo que iría en desmedro de los más de 13 mil productores que dependen de la yerba mate para vivir.
La cadena yerbatera se caracteriza por un eslabón industrial concentrado en pocas empresas y un eslabón primario atomizado en muchos productores pequeños. Según datos del INYM, 7.500 productores de yerba tienen menos de 10 hectáreas y 4.500, menos de 5 hectáreas. Ninguno de ellos tiene capacidad de negociación frente a una industria que todos los años compra millones de kilos de hoja verde.
De convertirse en ley el proyecto que impulsa la oposición, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) perdería una de sus funciones principales, la definición de precios, pero también la de adoptar medidas tendientes a regular la oferta y demanda de materia prima, lo que llevaría en corto tiempo a una nueva crisis por sobreoferta.
Los datos del instituto yerbatero, que mantiene un relevamiento actualizado de plantaciones, permiten avizorar un escenario de superproducción de materia prima en un plazo de cinco años, cuando entren en plena producción las hectáreas que se plantaron en los últimos años. Atendiendo a este diagnóstico puso en vigencia la resolución 170 que limita la posibilidad de nuevas plantaciones.
Esa situación es reconocida también desde el sector privado. Lo advirtió recientemente el presidente de la Cooperativa de Santo Pipó (Piporé), Raúl Karaben, y Denis Bocher, de la Cooperativa Agrícola de Montecarlo, ambos en diálogo con Misiones Online.
Desregular precios en este contexto garantizaría una vuelta a la crisis yerbatera de los 90 que mató a los productores y le valió pingües ganancias a la molinería concentrada que se benefició con los precios bajos de la materia prima.
Y finalmente, como para hacer desaparecer definitivamente al instituto nacido como respuesta a las demandas de los productores, la ley elimina la tasa de fiscalización que financia el funcionamiento del INYM, la famosa estampilla. Con ello se perdería capacidad de fiscalización, lo que redundaría en una caída de la calidad del producto.
Solo este año, el INYM decomisó más de 11 millones de kilos de palitos de yerba mate, material que era trasladado por grandes industrias para mezclarlo con el producto elaborado y así obtener mayor volumen, pero de una menor calidad, una práctica que fue prohibida para preservar las características del producto yerba mate.
El comercio de palitos está detrás de una vieja maniobra que llevan adelante algunos industriales para matar a su competencia tirando para abajo los precios del producto en desmedro de la calidad. “Al colono le exigen que su yerba sea de primera, casi despalada. Después ‘estiran’ esa yerba con palitos y bajan hasta 30% su costo de producción. Así es como pueden ofrecerle a los mayoristas precios finales que para las demás yerbateras están por debajo de sus costos. El tramposo gana porque vende más y todos los demás perdemos”, explicó un dirigente de la producción.
Se despertó el blue
La fiebre del mundial paralizó hasta al dólar que durante el último mes se mantuvo tranquilo, como si estuviera distraído con los partidos de La Scaloneta. Pero terminados los festejos volvió a hacer lo que mejor le sale, aumentar de golpe. Y vaya si lo hizo, 10 pesos en un solo día, el viernes, con lo cual superó por dos pesos a su mayor cotización histórica, la del 22 de julio cuando había tocado los 338 pesos en medio de la crisis política que generó la intempestiva renuncia de Martín Guzmán.
Cabe aclarar en este punto que pensar en términos nominales en un país como Argentina no tiene mucho sentido, porque después de toda la inflación que pasó por debajo del puente los 338 pesos de julio valen bastante más que los 340 pesos del viernes último.
Los analistas del mercado atribuyeron la suba de la divisa a un incremento de los pesos en circulación producto del pago del aguinaldo y bonos de fin de año.
Otros advierten que lo del viernes es un anticipo de lo que podría pasar en enero, cuando se dispare la demanda de divisa para financiar gastos vacacionales.
La inflación dejó una de cal y una de arena. Por lado se aceleraron en noviembre los precios mayoristas, pero la inflación en alimentos fue en el sentido contrario.
El nivel general del Índice de precios internos al por mayor subió con fuerza y cortó una racha de dos mes consecutivo en los que había comenzado a desacelerar. En noviembre trepó 6,3% frente a octubre que había registrado un incremento del 4,8%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El dato pone serias dudas respecto a la posibilidad de que la inflación minorista sostenga el camino a la baja que mostró en noviembre y se termine estabilizando por debajo del 4% en algún momento del primer trimestre del año próximo, tal como pretende el ministerio de Economía.
Por otra parte, según un estudio de la consultora LCG, en la tercera semana de diciembre la suba de precios de los alimentos promedió 0,18%, desacelerando 1,16 pp respecto la semana anterior, según un relevamiento de LCG.
El índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual de 3,2% promedio en las últimas 4 semanas y 3% punta a punta en el mismo periodo.
Clima diferente
Mientras el país atraviesa una difícil situación económica que se encuentra agravada por una crisis política que atraviesa a todos los partidos de alcance nacional y a los tres poderes del Estado, Misiones consigue cerrar otro año en un clima de concordia y tranquilidad.
En entrevista con Misiones Online, actual vicepresidente de la Legislatura, exgobernador y candidato a volver a ocupar ese cargo, Hugo Passalacqua, atribuyó ese clima al contexto de mayor certidumbre que transita la provincia en comparación al resto del país.
“El pueblo necesita que quienes nos gobiernan, nos den certezas, nos den garantías, confiabilidad. Inspirar confianza y eso hicimos en este período de tiempo, con nuevas ideas, mucha gente joven incorporada, con nuevas prospectivas y con muchas certezas sobre lo que va a ocurrir”, señaló.
“Es muy difícil que nosotros digamos algo y después no ocurra. Nos podemos equivocar, obviamente, pero damos certezas”, agregó. Para graficar “y ser lo más didáctico posible”, Passalacqua puso como ejemplo de certezas, “habernos convertido en los últimos años, en la única provincia que paga los sueldos al día”.
“Eso significa inyectar dinero a todo el circuito económico y esa plata fluye en la sociedad. No pagamos en tiempo y forma, sino antes, porque se abona el último día hábil del mes”, precisó.
Ese componente de mayor certidumbre que ofrece Misiones la convirtió en un imán para captar inversiones y se tradujo en aumentos sostenidos en el empleo privado y en todos los indicadores de consumo, como patentamiento de vehículos, metros cuadrados de construcción, demanda de alquileres comerciales y ventas en supermercados.
Desde hace tiempo, la gestión del gobernador Herrera Ahuad y del intendente Lalo Stelatto tienen calificaciones destacadas según lo indican diferentes encuestas de consultoras privadas y desde el oficialismo lo atribuyen a que se ocupan de “de escuchar y resolver lo que la gente necesitaba: tan simple como eso”.
La política y la gestión, el rumbo tomado y las decisiones acertadas de los últimos años han hecho que el pueblo de Misiones también se destaque sobre el resto de las provincias por sus niveles de emprendedurismo, calidad de servicios de salud, educación y transporte; por su bienestar relacionado al disfrute de la naturaleza, del río, de los espacios verdes, de los espacios públicos, la recreación, entre otras cuestiones que hacen a la calidad de vida de la gente.
Al margen de los resultados técnicos y los números de la gestión, que destacan a Misiones sobre el resto del país, hay orientaciones que fueron centrales como por ejemplo el hecho de cuidar que la grieta no entre a Misiones. Cuando se decidió la boleta corta para no quedar vinculado a ningún frente nacional ni obedecer órdenes de Buenos Aires, como lo hacen los que integran el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en Misiones.
“Algunos dudaron de los resultados positivos de aquella decisión, pero ahora queda claro que desde el frente renovador se prioriza el bienestar del pueblo y la concordia social por encima de los alineamientos políticos que solo benefician a los partidos nacionales en Buenos Aires. Misiones no dejó que entre la grieta y eso tuvo gran relevancia en el clima social y político de paz, concordia y armonía”, afirman desde la renovación.
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