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El ministro de Economía a cargo de la administración del Gobierno de Alberto, Sergio Massa, consiguió hilvanar una serie de aciertos allí donde muchos le auguraban fracaso. De Estados Unidos se trajo el aval del FMI a la segunda revisión trimestral y dólares frescos del BID, mientras que el dólar soja permitió liquidaciones record de exportaciones que permitieron multiplicar las reservas netas en menos de un mes.
En las nueve jornadas en las que operó el tipo de cambio específico para los exportadores de soja, los ingresos por ventas al exterior superaron los 3.500 millones de dólares y el Central pudo comprar más de 2.100 millones unidades de esa moneda para alimentar sus alicaídas reservas.
Al menos en el corto plazo, se descomprimieron las expectativas de un shock devaluatorio y volvió la tranquilidad a los mercados financieros.
Disipar la posibilidad de una nueva corrida contra el peso que descalabrara un poco más a la economía argentina era el objetivo más urgente de la hoja de ruta de Massa y puede considerarse cumplido.
Más que por sus conocimientos de economía, el éxito inicial del ministro que se convirtió en un auténtico primus inter pares, responde a su capacidad de construir en términos políticos. En poco tiempo logró reunir los pedazos rotos de una alianza que estaba quebrada y encolumnó a la propia tropa detrás de un proyecto que tiene un norte claro, pero en el que también abundan elementos difíciles de digerir para el kirchnerismo.
En su primer mes de gestión, Massa recortó subsidios, ajustó partidas en Educación y Desarrollo Social y de postre le otorgó al campo sojero (villano habitual en la retórica kirchnerista) un beneficio que supera al que alguna vez le diera Mauricio Macri reduciendo las retenciones.
Por muchísimo menos que eso, a Martín Guzmán lo maltrataron, le trabaron la gestión y lo empujaron a renunciar. Massa en cambio consiguió avanzar en una agenda difícil pero necesaria gracias a su capacidad de hacer política.
Aplicando un giro a la ortodoxia en la gestión económica de un Gobierno que ahora se muestra mucho más dispuesto a abjurar de su propia doctrina, el súper ministro resolvió la urgencia pero todavía está lejos de ordenar una economía plagada de distorsiones.
La inflación de 7% que relevó el INDEC en agosto es una muestra del largo camino por recorrer.
Lo peor del caso es que no hay expectativas reales de una baja sustancial en ese índice, al menos para lo que queda del año. La posibilidad de usar al dólar oficial como ancla de los precios directamente no está en la mesa. Por un lado porque el tipo de cambio acumula un atraso que ya está afectando a los exportadores y por otro lado, porque el acuerdo con el FMI compromete al Gobierno a devaluar el peso en la misma medida que la inflación.
Otra cuestión que conspira contra la chance de bajar la inflación es el atraso de las tarifas y la necesidad del Estado de recortar subsidios para cumplir con las metas de déficit fiscal comprometidas con el mencionado organismo de crédito.
En lo inmediato se sentirá la quita de parte de los subsidios a la energía, pero en algún momento también habrá que aumentar las tarifas para que al menos acompañen a la inflación.
Cuando el análisis se proyecta al mediano plazo, los mecanismos dispuestos por Massa para apagar el incendio lucen insuficientes y hasta generan nuevas dudas.
La bonanza del dólar soja terminará con el último día de septiembre o cuando se agote el stock que los productores tenían encanutado, lo que ocurra primero.
El objetivo inicial de ingresar 5.000 millones de dólares durante el transcurso del mes seguramente se cumplirá con creces, pero quedarán interrogantes.
El primero tiene que ver con el impacto inflacionario de esta devaluación temporal y sectorizada. Los 60 pesos de más que el Estado decidió entregar a los sojeros por cada dólar que liquiden, en algún momento se sumarán a la oferta de pesos sobrantes e irán a tensionar los precios, entre ellos el de los dólares paralelos.
Después habrá que ver cómo opera en las expectativas futuras el beneficio extraordinario otorgado a sojeros. Resulta difícil que después de haberle torcido el brazo al Gobierno y conseguir un tipo de cambio 40% superior al oficial, los exportadores de soja vuelvan alguna vez a liquidar a dólar oficial.
Presupuesto austero
Tras abrochar la segunda revisión del acuerdo con el FMI, el ministro de Economía presentó el proyecto de Presupuesto 2023, que toma como base las metas acordadas con ese organismo. La austeridad fiscal es el denominador común a los largo de las más de cuatro mil páginas del proyecto en el que no hay indicios de la heterodoxia que supo pregonar el kirchnerismo.
El Presupuesto viene con un fuerte recorte del déficit fiscal. Si todo termina de acuerdo a lo planeado, este año terminará con un rojo primario de 2,5% del PIB, cifra que para el año próximo se reducirá a 1,9% si se cumpliera con lo dispuesto en el expediente que el viernes fue presentado al Congreso.
La mayor contribución a esa reducción del gasto llegará de la mano de un recorte en los subsidios a las tarifas de energía, pero además se prevé una drástica baja en la financiación monetaria de ese déficit que será afrontado con una mayor toma de deuda.
Para desgracia de los industriales que están peleando para conseguir dólares a precio oficial para importar insumos, el Presupuesto 2023 prevé un incremento de solo 2% de las importaciones.
La argumentación de la política económica incluida en el Presupuesto reconoce que el ajuste fiscal tendrá impacto directo en la actividad. La previsión de crecimiento de 4% del PIB que había proyectado Guzmán para 2023 bajó a 2%.
Sobre la base de una fantasiosa proyección de 60% para la inflación, el proyecto prevé que los sueldos de los empleados estatales y los haberes de los jubilados recuperen poder adquisitivo.
La masa salarial del Estado subirá un 76,7% y que los pagos para los 7 millones de beneficiarios de la seguridad social tendrán un incremento de 81%.
De cumplirse la previsión de 60% de inflación, esos incrementos se traducirán en mejoras reales de salarios, pero prácticamente ningún analista cree que los precios vayan a subir “solo” 60% el año próximo, especialmente si se tiene en cuenta que la inflación de este año rondará el 95%.
También en concordancia con la supuesta inflación de 60%, el proyecto de Presupuesto 2023 prevé un dólar oficial de 269,90 pesos. Más que un pronóstico a futuro, esta proyección debe leerse como un compromiso a mantener atado al dólar a la inflación para evitar un mayor atraso cambiario.
Poco para Misiones
El proyecto presentado por Massa estipula un incremento interanual de 97% en lo presupuestado para Misiones. El número equipara a la inflación que se espera para el año en curso, pero brillan por su ausencia todas las reivindicaciones insistentemente solicitadas por el Gobierno provincial.
No hay mención a la zona especial aduanera, ni a una partida especial que retribuya a Misiones por los servicios ambientales que presta al país o que la compense por la baja coparticipación que recibe. Tampoco aparecen obras importantes a desarrollarse en territorio provincial, a excepción de la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Yaboty, en el acceso al Parque Provincial de los Saltos del Moconá, y obras de pavimentación en las rutas 12, 14 y 105.
Para el resto de las provincias el tratamiento fue similar. La austeridad es la tónica general y los gobernadores también supieron aceptarlo a cambio de una mayor tranquilidad en el contexto general de la economía.
Estalla la interna de JxC
“No pueden manejar ni un auto en una calesita”, la más reciente declaración del presidente de la UCR, Gerardo Morales, no llama tanto la atención por su contenido sino por su destinatario. El lector desprevenido pensará con toda lógica que el radical dirigió semejante veredicto al Gobierno nacional o a algún grupo del Frente de Todos, pero no es así, Morales se refirió de esa manera a sus aliados (?), los “halcones” de Juntos por el Cambio.
“A los halcones, el día que les den a manejar algo, estaría bueno. Los que tenemos que gobernar tenemos que poner el pecho; no pueden manejar ni un auto en la calesita”, dijo el gobernador jujeño frente a los micrófonos de TN, lugar usualmente elegido por los representantes de la oposición para ventilar sus diferencias.
Los motivos más recientes de disputa dentro de JxC pasan por la posibilidad de eliminar las PASO en algunas provincias y por el recientemente aprobado Consenso Fiscal.
Puntualmente, la posibilidad de suspensión de las primarias en Chubut recalentó las reiteradas peleas cambiemitas. El expresidente Mauricio Macri abrió fuego el lunes con un posteo en su cuenta de Twitter en el que afirmó que “hay sectores que quieren modificar las reglas electorales a meses de votar y derogar las PASO, porque les molesta la participación ciudadana”.
Entre quienes manifestaron afinidad a la idea de derogar las PASO por considerarlas un gasto excesivo cuyo único objetivo es resolver internas partidarias, se cuentan referentes de la UCR de Chubut a los que Macri denostó con su publicación.
Morales no tardó en contestar y le recomendó a Macri que no opinara de cuestiones referentes a la vida interna de Chubut sin conocerla.
Pero la declaración del jujeño referida a las supuestamente escasas habilidades de manejo de los halcones del PRO se referían al Consenso Fiscal, un proyecto que llegó al Congreso con el apoyo de los gobernadores, incluido los radicales Valdés (Corrientes) y Suarez (Mendoza), además del mencionado Morales y que fue rechazado por los diputados del PRO.
Los gobernadores apoyan el Consenso Fiscal porque les proporciona un horizonte de mayor previsibilidad al permitirles resguardarse de un ajuste fiscal que pueda afectar a sus provincias. Lo hace otorgándoles la facultad de subir (dentro de los límites establecidos por el convenio) distintos tributos y crear nuevos.
Dentro de la oposición los votos se dividieron entre los diputados que responden a gobernadores que dada su investidura tienen la responsabilidad de administrar una provincia y los que no tienen responsabilidades ejecutivas.
La actitud mezquina de algunos diputados nacionales misioneros de JxC quedó en evidencia en cuando votaron en contra de esa ley que en definitiva resguarda la autonomía de las provincias y les permite cumplir con sus obligaciones.
Como buena parte de los legisladores del PRO que no tienen responsabilidades de gobierno y repitiendo el voto del fallido Presupuesto 2022, optaron por votar en contra solamente por ganarle una votación al oficialismo. En cambio, los diputados radicales de provincias que sí tienen responsabilidad de gobernar acompañaron el proyecto de ley entendiendo que es lo más conveniente para sus jurisdicciones.
Las broncas al interior de JxC vienen desde hace largos meses y a medida que se acercan las elecciones, aumenta la distancia de la agenda política del PRO con las necesidades de la gente. JxC se disputa el poder al interior del partido profundizando la grieta con los votantes, olvidándose de una sociedad que enfrenta la batalla contra el aumento acelerado de precios, las quitas de presupuesto nacional en salud y educación, las quitas de subsidios a la energía, por nombrar sólo algunos de los principales problemas que enfrentan los argentinos.
Vuelve a caerse el mito de la mudanza a Corrientes
Desde ciertos sectores de la oposición al Gobierno provincial vienen repitiendo desde hace casi 20 años que la industria misionera terminará mudándose a la vecina Corrientes por las supuestas ventajas que esa provincia ofrece. El último informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) confirmó (una vez más) que tal pronóstico no tiene el más mínimo asidero con la realidad.
Las cifras vertidas en el mencionado informe revelan que la industria misionera duplica a la de Corrientes en todos los indicadores.
De acuerdo al mapa productivo laboral, la industria misionera emplea a 22.014 trabajadores formales, alberga a 1090 empresas y a 1414 establecimientos. La correntina, por su parte, tiene 11.058 empleados, 550 empresas y 682 establecimientos.
La industria chaqueña tiene 7.295 personas asalariadas registradas, 680 empresas y 770 establecimientos. Por último, Formosa cuenta con 1677, 141 y 165 respectivamente.
Contando todos los rubros de la actividad privada, Misiones cuenta con 105.547 trabajadores registrados, siendo la única provincia del NEA que supera la barrera de los 100 mil. Lo sigue Chaco con 82.772 empleados formales y atrás quedan Corrientes con 78.844 y Formosa con 24.433.
Fuerza en crecimiento
En el plano de la política provincial, la renovación busca implicar a los jóvenes al interpelarlos como agentes de cambio y ubicarlos en un sitial de protagonismo en el desarrollo de sectores como la economía del conocimiento, en el que Misiones se plantó como líder a nivel nacional en la generación de empleo en los últimos dos años.
El objetivo es aportar un espacio que abra oportunidades reales de crecimiento y desarrollo para los jóvenes. Desde ese espacio aseguran que esa política, así como otras orientadas específicamente a ese sector etario, se tradujeron en un marcado entusiasmo de los jóvenes por participar de la gestión estatal y también en las elecciones de 2023, donde la Renovación promete un nivel de apertura a jóvenes y mujeres nunca antes visto.
Desde el oficialismo provincial destacan además la incorporación de profesionales de diversas actividades y de dirigentes provenientes de otros espacios que llegan seducidos por las oportunidades de desarrollo y la convivencia política interna pacífica.
“Pensamos en una provincia con dos millones de habitantes”
El Vicepresidente de la Legislatura, Hugo Passalacqua, remarcó la visión de largo plazo en el diseño de las políticas del Gobierno provincial, especialmente teniendo en cuenta que Misiones es la provincia con más rápido crecimiento poblacional del país. Indicó que el desafío pasa por generar las soluciones que demanda esa población creciente y hacerlo a pesar de las limitaciones que implica tener una coparticipación desfavorable y no tener acceso al gas natural que se distribuye por redes.
Remarcó la necesidad de pensar una infraestructura que satisfaga las necesidades de una provincia de dos millones de habitantes, lo que demandará inversiones en energía, obras viales y vivienda. Pero fundamentalmente destacó la gestión que está haciendo la Provincia para que su economía genere los puestos de trabajo que necesitará esta población a medida que se vaya incorporando a la demanda laboral.
“Misiones se está preparando para lo que viene”, consideró Passalacqua y añadió que en ese trabajo de anticipación de escenarios la educación juega un rol fundamental.
“Si queremos atraer inversiones tenemos que formar mano de obra calificada y hoy la estamos calificando”, dijo el legislador y resaltó el enfoque que adoptó la Renovación al impulsar fuertemente las economías del conocimiento, dado su potencial para generar puestos de trabajo bien remunerados.
Leyes de avanzada
Con nuevas leyes sancionadas esta semana, la Legislatura continúa priorizando la salud de los misioneros. Los diputados provinciales crearon un programa para la prevención y detección temprana del cáncer de pulmón, y una división de motoambulancias.
Además, sancionaron una ley para fortalecer la producción animal y vegetal en las comunidades guaraníes; declararon de interés de la provincia el paso del general Belgrano por Misiones y la protección ambiental del cielo oscuro.
Como tema más sensible, que cala hondo en las familias misioneras y principalmente en aquellos que tuvieron algún ser querido con esta patología, el Programa de Prevención y Detección del Cáncer de Pulmón, que funcionará en el ámbito del Parque de la Salud, apunta a detectar y tratar de manera precoz el cáncer de pulmón con la intención de disminuir la mortalidad de esta enfermedad.
Este programa permitirá a la población de riesgo “realizar la prueba de detección del cáncer de pulmón para el diagnóstico precoz en forma gratuita, y derivar a la consulta con especialistas y al tratamiento oportuno, dando la posibilidad de acceder a opciones terapéuticas como radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, tratamientos de blancos dirigidos y cirugía”, explicó el diputado en los fundamentos de su proyecto.
Mediante otro proyecto del mismo autor, la Legislatura creó la división de motoambulancias en el ámbito de la Unidad Central de Emergencias y Traslados, para que se pueda dar respuesta a urgencias y emergencias médicas extrahospitalarias de manera rápida y oportuna.
Así, se pretende disminuir el tiempo de respuesta en situaciones emergentes y urgentes en la vía pública, en zonas de difícil acceso o de tránsito congestionado, utilizando motocicletas u otros vehículos similares como unidades de primera respuesta.
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