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Cuando Alberto Fernández era candidato a presidente juró que sentaría a los gobernadores en la mesa en la que se toman las grandes decisiones y que pondría todo su empeño en atenuar la postergación que históricamente sufren las provincias periféricas.
Pero en los dos años y medio que lleva de presidente hizo todo lo contrario. No toma en cuenta casi para nada a las provincias más alejadas del centro del país, particularmente ignora a las del empobrecido Norte Grande y pone especial énfasis en desoír los reclamos de Misiones.
Se ocupó de vetar el área especial aduanera que todas las fuerzas vivas de la provincia exigieron con fundamentos contundentes, no otorgó un peso de compensación por los servicios ambientales que la selva misionera presta al resto del país y se negó a otorgar una tarifa diferenciada en la energía que compense parcialmente a Misiones por la ominosa omisión de excluirla de las redes de gas natural que llegan a todas las demás provincias.
Al igual que sus antecesores, Alberto continúo privilegiando de manera alevosa al Ámbito Metropolitano de Buenos Aires (AMBA) en el reparto de subsidios al transporte público y al consumo de energía, beneficiando directamente a los barrios de mayor poder adquisitivo del país en detrimento del interior mucho más pobre.
Pero este Presidente que se vendió como federalista, no se limitó a sostener el histórico perfil centralista que mantuvieron todas las demás administraciones sino que lo profundizó.
De resultas que Misiones no solamente se quedó sin acceso a algún gasoducto y sin una tarifa diferenciada de energía que la compense por ese olvido, además está obligada a pagar el combustible más caro del país.
Y lo más llamativo es que esta severa asimetría no responde a una decisión de petroleras privadas que solamente piensan en su propia rentabilidad sino por la política de precios que lleva adelante la estatal YPF, que por su posición en el mercado de los combustibles es la que termina poniéndole la vara a las demás.
Desde hace varios años que los combustibles de YPF son más caros en el interior del país, pero este año esa política discriminatoria se profundizó. En lo que va de 2022 aumentaron 44% en Misiones y 31% en CABA, lo que llevó a que un litro de nafta en la Tierra Colorada cueste 20 pesos más que en Buenos Aires.
En este punto un misionero, un chaqueño, un jujeño o un formoseño tendrán argumentos para preguntarse de qué les sirvió haber aportado con sus impuestos a la estatización de una petrolera que los castiga cada vez que remarca precios.
El mismo criterio centralista imperó en el laudo de los precios oficiales de la yerba mate que se dio a conocer el jueves. El Gobierno nacional se ubicó mucho más cerca de la postura que defienden los industriales y el Gobierno de Corrientes que de la que sostienen los pequeños productores y cooperativas con el respaldo del Gobierno de Misiones.
Así la secretaría de Agricultura de la Nación definió un precio oficial de 46,89 pesos para el mismo kilo de hoja verde que el mercado está pagando entre 58 y 62 pesos actualmente.
Es decir que ni siquiera aquello de la “guerra contra la inflación” vale como argumento para explicar un laudo tan mezquino para con los productores, dado que los precios que de hecho está pagando el mercado están por encima de los establecidos por Nación.
En esta situación cobra mayor importancia lo dicho por el gobernador Oscar Herrera Ahuad en su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura cuando anunció que se creará un molino yerbatero en Andresito que va a pagar 60 centavos de dólar y así favorecerá a los productores de toda la provincia al incorporar a una industria que, al contrario de la lógica que impera en ese eslabón de la cadena yerbatera, empuje a los precios de la materia prima hacia arriba y no hacia abajo.
Más allá de la bronca que trajo el laudo, hay otro aspecto de la política económica que lleva adelante el Gobierno nacional que enciende luces de alerta entre los yerbateros de Misiones y los productores de las demás economías regionales con capacidad exportadora de todo el país: el atraso en el tipo de cambio oficial.
Ocurre que con los altísimos precios internacionales de la soja, del trigo y de las demás commodities del agro de la Pampa Húmeda, el Gobierno puede darse el lujo de atrasar el tipo de cambio oficial y aun así obtener jugosos ingresos de dólares por exportaciones.
Pero las producciones que se quedaron afuera de este boom de precios provocado por la guerra en Europa, como la yerba mate por ejemplo, están experimentando una constante pérdida de competitividad conforme sus costos aumentan al ritmo de la inflación más alta de los últimos 30 años y sus ingresos por exportaciones se mantienen atados a un dólar oficial que se actualiza mucho más lentamente.
La consecuencia se ve en la estadística. Según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en el primer trimestre las exportaciones cayeron 30% con relación a igual período del año pasado y la máxima preocupación por estas horas para el sector es que Siria, el principal mercado de la yerba Misionera, está comprando cada vez más producto de Brasil y Paraguay. “Con este dólar no podemos competir”, aseguran los yerbateros que exigen a Nación algún tipo de beneficio fiscal que los ayude a mantener los mercados tan trabajosamente ganados.
En algo son iguales
Si bien el gobierno de Alberto Fernández no está cumpliendo con el federalismo que declamó, Juntos por el Cambio tampoco genera expectativas. La plana mayor de ese frente concentra su capacidad de lobby en presionar a la Corte Suprema, que bajo la presidencia de Carlos Rosenkrantz muestra reiteradas coincidencias de criterio con el macrismo, para que falle a favor de la Ciudad de Buenos Aires en un planteo por la distribución de recursos federales.
El Gobierno de Macri había incrementado de 1,4% a 3,5% el porcentaje de coparticipación transferido a la CABA para costear el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires, lo que fue interpretado por todas las provincias como un gesto de favoritismo del entonces presidente a favor de su delfín en la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, y en detrimento del resto de las jurisdicciones.
Apoyado en un informe técnico de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI), el presidente Alberto Fernández dispuso en 2020 que ese porcentaje volviera a ser de 1,4%.
La Ciudad de Buenos Aires reclamó en la justicia, el expediente terminó en manos de la Corte que dio un plazo para que Nación y la CABA llegaran a un acuerdo. La última prórroga del paréntesis abierto por el máximo tribunal venció el miércoles último y anticipando un fallo a medida del distrito de cabecera de Juntos por el Cambio, un grupo de 17 gobernadores, entre los que se cuenta el misionero Oscar Herrera Ahuad, emitió un comunicado en “defensa del federalismo”.
“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, remarcaron en el documento.
“Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone”, subrayaron.
“Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”, finaliza el comunicado.
Dependiendo del territorio del que obtengan la mayor parte de sus votos, unos benefician a la Ciudad de Buenos Aires y otros al Conurbano Bonaerense, pero ambos, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, coinciden en una profunda mirada centralista.
Teniendo eso en cuenta no debería sorprender el crecimiento que están mostrando movimientos que levantan las banderas del hartazgo hacia estos espacios hasta ahora mayoritarios.
Tanto destrato a los misioneros de estos grandes frentes de alcance nacional está siendo capitalizado por el libertario Javier Milei que en la última encuesta realizada por la consultora CB fue el presidenciable con el porcentaje más alto de imagen positiva en Misiones.
En este contexto, la estrategia política del Frente Renovador de profundizar su perfil provincialista al punto de ir con boleta corta en las elecciones nacionales demostró ser la indicada.
No solo porque le permite al Gobierno provincial enfocarse en la gestión sin meterse en las eternas disputas que desgastan al FdT y a JxC e impulsar sin ataduras partidarias los reclamos necesarios para mejorar la calidad de vida de los misioneros, sino también en términos electorales.
Porque si bien no hay profundas coincidencias ideológicas entre el movimiento libertario que lideran los economistas Javier Miley y José Luis Espert y la renovación misionera, el electorado misionero encuentra puntos de contacto entre ambas fuerzas en la crítica a los dos grandes frentes nacionales y en el intento por construir una alternativa a esos modelos.
Así es como comienza a perfilarse un voto con Miley presidente y la renovación en las demás categorías, incluyendo la de gobernador.
Festival de candidaturas
La política nacional sigue sin aportar las soluciones que necesita el país para empezar a salir de la profunda crisis en la que está después de los gobiernos de Cristina, de Macri y la mitad del de Alberto, pero lo que sobran son candidaturas.
A las ya formalizadas de Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Facundo Manes, Alfredo Cornejo y Gerardo Morales, se sumaron esta semana las de Alberto Fernández –que viajó a Europa para contestarle a Cristina desde una distancia prudente- y de Miguel Pichetto, que hizo su lanzamiento junto al club de la nostalgia del menemismo con las participaciones estelares de Ramón Puerta y el Salteño Juan Carlos Romero.
A ellos se suman los candidatos que todavía no salieron del clóset, como Mauricio Macri, Cristina y/o algún otro referente del kirchnerismo.
Tanta candidatura tiene desorientados a varios dirigentes de la oposición en Misiones. Todavía no se sabe cómo jugará el misionero Martín Arjol, que se mantiene al margen de la agenda política desde diciembre, después de votar en contra del presupuesto nacional, haciéndole perder a Misiones un paquete de 96 mil millones de pesos en obras.
Juntos por el Cambio vive al borde de la fractura, línea que ya superó hace bastante tiempo el Frente de Todos que cuenta con la dificultad anexa de tener que gobernar.
Los resultados están a la luz: mientras el kirchnerismo ataca y el albertismo contrataca, la inflación alcanzó el 60% interanual y la disputa interna tiene paralizado al gobierno.
En este escenario, cada vez se valora más la decisión de la Renovación de no caer en la trampa de ninguno de esos dos espacios, cuidar la independencia de Misiones y sostener la boleta corta. La unidad interna le permite a la renovación trabajar en conjunto, en silencio y con el foco puesto en las necesidades de la gente, todo lo contrario a lo que ocurre a nivel nacional y en los dos grandes frentes.
Agenda de la gente
La agenda legislativa de Misiones es estrictamente la de la gente,1 a diferencia del Congreso de la Nación que discute temas que solo le interesan a los políticos, como la integración de la Corte o la boleta única.
Esta semana salieron todos los opositores a tratar de modificar a su antojo el sistema electoral, una de las pocas cosas que funcionan bien en la Argentina.
El funcionamiento del parlamento misionero no muestra fisuras en su búsqueda de afianzar los diferentes servicios de la gente y ayudar a concretar las metas de la sociedad.
Además, como nunca en su historia, el Poder Legislativo potencia, amplifica y da previsibilidad a la gestión del Poder Ejecutivo, no como ocurría antes en Misiones cuando el Poder Legislativo pretendía gobernar, algo parecido a lo que ocurre ahora a escala nacional que Cristina pretende gobernar desde el Senado y la oposición desde Diputados
Hasta los opositores destacan que la Renovación, teniendo amplia mayoría, acompaña leyes de diputados opositores y hasta de algunos con mandato cumplido. Sin mezquindad, pensando en lo mejor para la gente.
De todo el paquete de esta semana, tres leyes se destacaron: la conservación de los humedales, el plan integral de cobertura de Salud Si Misiones, y la producción frutihortícola.
Con el nombre de “SI Misiones”, el plan de salud funcionará de manera transversal a los programas existentes, para garantizar accesibilidad, equidad y universalidad. El objetivo de la ley, creada por iniciativa del diputado Carlos Rovira, es dar una respuesta sanitaria eficiente y eficaz, con calidad profesional y alta capacidad resolutiva a todos los habitantes de la provincia.
La Legislatura también sancionó una Ley de Impulso y Desarrollo de la Actividad Frutícola que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de esa actividad en la provincia, a través del fortalecimiento de la producción, industrialización y comercialización de las frutas y productos elaborados.
La norma, que unifica iniciativas presentadas por el diputado Martín Sereno y por los legisladores con mandato cumplido Marta Ferreira, Rosana Argüello y otros, declara de interés público todas las acciones tendientes al fomento y promoción de la actividad frutícola, su producción, industrialización y comercialización en la provincia, y al bienestar socioeconómico de los productores y sus familias.
La ley apunta a diversificar y adaptar los sistemas de producción para obtener nuevos productos, subproductos y procesos que permitan mejorar el desarrollo de la actividad frutícola; fomentar la producción de plantines de especies frutícolas en viveros a fin de lograr el autoabastecimiento de plantas con viveros radicados en la provincia; y aumentar la diversificación productiva, manteniendo y potenciando los servicios ecosistémicos de los sistemas productivos; entre otros objetivos.
En la misma sesión, el parlamento creó un marco regulatorio para la preservación, conservación, defensa y desarrollo de los humedales, a partir de un proyecto presentado por el diputado Julio Barreto. El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables debe calificar a los humedales como áreas de protección: de alto valor de protección, donde las actividades son absolutamente restringidas; áreas de gestión de recursos, donde se debe gestionar para su conservación a largo plazo.
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