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El interbloque opositor de Juntos por el Cambio prestó conformidad para dar quórum pero manifestó su desacuerdo con la propuesta sobre la deuda, a la que calificó como «un blanqueo encubierto». Además, sostuvieron que en la actualidad ya existen mecanismos para combatir la fuga.
El senador oficialista, Oscar Parrilli, autor del proyecto, pidió a la oposición acompañar con su voto. «Nosotros estamos humildemente tratando de buscarle una solución a la Argentina. Cualquiera pueda ganar en 2023 y se va a encontrar con este escenario», indicó.
Además, agregó que “está claro que la intención no es recaudar, ni crear un impuesto, nuestro objetivo es cancelar totalmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional y para eso creamos esta herramienta liberando a los argentinos del pago de esa deuda”.
Como miembro informante del Frente de Todos, el senador Daniel Bensusán explicó los principales lineamientos de la iniciativa y sostuvo que no es cierto que se trate de «un blanqueo», sino que «implica evitar que los contribuyentes paguen la millonaria deuda» contraída y que «la paguen y hagan aportes quienes se beneficiaron» con la fuga de capitales.
El legislador describió la «crítica situación» en que quedó el país tras «el mayor crédito otorgado en la historia del organismo (por el FMI) en condiciones -dijo- imposibles de cumplir a la Argentina».
Además, añadió que esos fondos «no fueron destinados ni un solo peso a Salud, Educación ni a la Inversión o la Industria» y aclaró que la norma «no exime de responsabilidades por contrabando, narcotráfico o trata de personas ni limita actuales facultades del Estado para investigar y sancionar conductas».
En el mismo sentido, su compañero de bancada, el riojano Ricardo Guerra, indicó que «el proyecto en tratamiento aborda uno de los problemas estructurales más serios que soporta nuestra economía». «Es inadmisible que existan en el exterior más de 410 mil millones de dólares de los cuales 340 mil millones son fruto de evasión de impuestos», explicó.
Por su parte, la senadora del Frente de Todos, Juliana Di Tullio, también descartó que esta iniciativa implique un blanqueo. «No es un blanqueo, porque es compulsivo», lanzó y destacó que «este proyecto se ha construido desde la demanda popular, nadie quiere pagar la deuda que tomo Mauricio Macri. La oposición debería estar junto a nosotros para generar una herramienta efectiva y poder juntar las divisas necesarias».
En representación de la oposición, el senador chaqueño Víctor Zimmermann expresó que «evitar la evasión y mejorar la recaudación es un objetivo compartido» pero aclaró que el actual proyecto se superpone con normas que ya rigen y que perjudican esos objetivos.
«Permanentemente se posibilita una regularización impositiva en Argentina que permita salvar la conducta de evasor de muchos de los contribuyentes decepcionando a aquellos para pagamos nuestros impuestos», sostuvo y dijo que «es absolutamente innecesario impulsar una ley de estas características».
A su turno, el senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, insistió con la idea del blanqueo. «Este proyecto se presenta como la creación de un fondo para garantizar que al Fondo Monetario Internacional se le pague con los fondos de los que la fugaron, pero claramente no es eso. Esto es lisa y llanamente un blanqueo», dijo.
Al momento de los cierres, el titular de la bancada de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, insistió con que este proyecto tiene «materia tributaria y que se trata de un blanqueo». «Es un blanqueo porque perdona impuestos, Que tiene que ver que no sea voluntario y coercitivo. Además, en la primera etapa también es voluntario», destacó.
De qué se trata el proyecto
El proyecto apunta a formar un fideicomiso con el aporte del 20% de los bienes de ciudadanos argentinos en el exterior no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
En el caso de que los evasores declarasen los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subiría del 20 al 35%, de acuerdo al texto de la iniciativa, que recibió dictamen de mayoría el pasado 20 de abril.
Por otra parte, la iniciativa estipula la creación de la figura del «colaborador», que será «cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos».
El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información proporcionada por el colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados.
El colaborador, de acuerdo a la norma propuesta, recibirá una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales. Según se explicó, quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de recibir una sanción penal.
Este fondo estará vigente hasta que se cancele en su totalidad la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y será administrado por el Ministerio de Economía.
El proceso de contralor, fiscalización y supervisión de este fondo estará a cargo de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
La oposición advierte que la medida, si bien busca capturar parte del capital fugado al exterior, representa un blanqueo fiscal ya que quienes cumplan quedarán eximidos de cualquier sanción de tipo penal, pese a haber cometido el delito de evasión y defraudación.
Creación de la Región del Norte Grande Argentino
El Senado aprobó por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución que reconoce el tratado interprovincial de creación de la Región Norte Grande Argentino (NOA-NEA) previsto por la Constitución, para promover el «desarrollo económico y social» de las provincias de esa región.
El texto establece la creación de la Región Norte Grande (NOA-NEA) para el desarrollo económico-social de las provincias que la componen, y establecer los órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines, de conformidad a los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional.
Así, se determinan como Estados parte a las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
El embajador de EEUU elogió a Martín Guzmán: “El trabajo que hizo ante el FMI fue impresionante”https://t.co/E6AMTq7heF
— misionesonline.net (@misionesonline) May 11, 2022
(Fuente: Ámbito)
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