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La iniciativa recibió el rechazo de parte de Juntos por el Cambio, la derecha liberal y miembros de otros interbloques.
El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame). Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito Ministerio de Desarrollo Productivo.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de «maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos».
Al abrir el debate, la diputada del Frente de Todos, Mara Brawer, destacó la versatilidad de la planta: “Toda la planta se usa: la raíz, el tallo, las hojas, las flores y las semillas. Más de 25.000 productos se hacen con cáñamo y cannabis. Por eso es tan importante esta ley»
«Nuestro país tiene el conocimiento científico-tecnológico, las organizaciones, las tierras y los climas. Nace una nueva industria en Argentina. Estamos viviendo un momento histórico», agregó.
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A su turno, el diputado de la UCR y titular de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile, indicó: “Venimos a tratar el cannabis con usos medicinales, no con usos recreativos, la sociedad nos está reclamando empatía. Quiero tener la convicción de estar apostando a la salud pública”.
Por su parte, su compañera de Juntos por el Cambio, Paula Amoedo, consideró que el proyecto “tiene problemas de fondo, de forma y de procedimiento». «Esto no quiere decir que estemos en contra del uso del cannabis medicinal, lo que nos preocupa es que en más de 12 artículos se deja un vacío legal”, explicó.
En tanto, la legisladora del bloque Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, expresó sus reparos, al puntualizar que “el Estado no tiene políticas de combate de la droga ni de las adicciones». «En ese marco venimos a poner un nuevo commodity bajo el ropaje del cannabis medicinal. Queda claro que lo que viene después es la legalización de la marihuana”, dijo.
La diputada del PRO por Córdoba, Laura Rodríguez Machado, también criticó el proyecto y puntualizó que “las provincias argentinas son quienes autorizan el establecimiento de industrias lícitas en su territorio, no una agencia supranacional como la que determina esta ley”.
El marco normativo busca «desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad, y terminar con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad».
La industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial incorpora cerca de 200 productos y servicios asociados en su cadena de valor, es decir que abre una multiplicidad de opciones para desarrollar actividades de servicios y de producción en toda la Argentina.
Según se informó, el potencial económico para el desarrollo de la actividad del cannabis medicinal y el cáñamo industrial para el año 2025 se proyecta en 10.000 nuevos empleos (alto porcentaje en I+D+i), 500 millones de dólares en ventas al mercado interno anuales y 50 millones de dólares de exportación anuales, revelan los datos.
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— misionesonline.net (@misionesonline) May 5, 2022
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