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Ante la denuncia penal contra los jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, que integran el Tribunal de Enjuiciamiento; la JuFeJus expresó que «jamás puede ser considerado un delito el ejercicio de los deberes legales y administrativos del máximo órgano del Poder Judicial provincial, ello teniendo en cuenta que se han pronunciado en cumplimento de un deber legal, más aún tratándose de cuestiones procedimentales».
El JuFeJus remarcó que la “independencia e imparcialidad de los jueces tiene su bastión en la observancia estricta de las reglas que cada Constitución establece”.
La funcionaria denunció penalmente a los ministros: Martín Carbonell, Daniel Carubia y Claudia Mizawak –los tres vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ-Entre Ríos)-, que integran el Jurado de Enjuiciamiento y votaron la apertura del proceso en su contra.
La entidad vuelve a reiterar que “el Estado de Derecho presupone el respeto a la división de poderes, a la Ley como expresión de la voluntad popular y la existencia de un poder judicial imparcial e independiente”.
Ante esa situación, la JuFeJus emitió un comunicado en el que declaró que “jamás puede ser considerado un delito el ejercicio de los deberes legales y administrativos del máximo órgano del Poder judicial provincial, teniendo en cuenta que se han pronunciado en cumplimento de un deber legal, más aun tratándose de cuestiones procedimentales”.
Goyeneche promovió una denuncia penal contra los jurados que votaron por el apartamiento del Ministerio Público Fiscal del proceso, es decir, los tres vocales del STJ, la abogada Sonia Rondoni y el senador Armando Gay; pero también apuntó directamente contra el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Martín Carbonell, por la decisión de suspender los plazos procesales (permitiría extender la tramitación del proceso más allá de los seis meses que establece la Ley).
La suspendida Procuradora Adjunta presentó la denuncia el 31 de diciembre; lo hizo a título personal y con el patrocinio del abogado Enrique Pita, que la representa ante el Jurado de Enjuiciamiento. Si bien los motivos esgrimidos son amplios y variados, se resumen en una serie de actos dispuestos por el Tribunal que, a su criterio, se enmarcan en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El comunicado de Jufejus, que lleva la firma de su presidenta, María del Carmen Battaini, hizo hincapié en que “la independencia e imparcialidad de los jueces tiene su bastión en la observancia estricta de las reglas que cada Constitución establece” y agregó que “el Estado de Derecho presupone el respeto a la división de poderes, a la ley como expresión de la voluntad popular y la existencia de un Poder Judicial imparcial e independiente”.
En ese punto refiere, que el rol de la Justicia, “es velar permanente por el cumplimiento de las garantías constitucionales y el normal funcionamiento de las instituciones de nuestro sistema democrático y republicano de gobierno, garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos, la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción, especialmente, de los sectores más vulnerables”.
En ese contexto, el JuFeJus reiteró que para cumplir acabadamente esta función, “resulta indispensable cuidar la independencia, imparcialidad y autonomía real de los Poderes Judiciales que integran la estructura del Estado en las jurisdicciones Provinciales”.
“Nuestro compromiso con los justiciables: es garantizar la imparcialidad e independencia, pilares fundamentales para hacer efectivo el Estado de Derecho Constitucional”, sostiene finalmente en su comunicado, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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