La previa a la debacle del 2001: 10 años de vaciamiento estatal, privatizaciones y apertura importadora  

La crisis de 2001 quizás haya sido el peor derrumbe social de la historia Argentina. Puso en juego la continuidad del Estado Nacional y su capacidad de autogobierno.

¿Cómo llegó Argentina a la Crisis del 2001?

Es posible afirmar que las condiciones materiales y sociales que desembocaron en la crisis de 2001 comenzaron a gestarse en 1976. La dictadura cívico militar transformó el poder social a favor de los sectores más concentrados en los productivo y financiero. En el terreno económico, provocó un enorme endeudamiento externo que favoreció la ingerencia permanente de la tecnocracia neoliberal del FMI sobre la definición de las políticas públicas nacionales.

Sin embargo, serán las reformas estructurales de los ´90, acompañadas por el Plan de Convertibilidad lanzado en 1991, las causas más próximas de la crisis de 2001.

La década del 90´ en Argentina estuvo marcada por las políticas de apertura importadora, la privatización a precio vil de las empresas públicas y la desregulación a favor de intereses privados, con el único objetivo de otorgar rentas en condiciones privilegiadas a determinados actores locales y extranjeros.

El tipo de cambio artificialmente sostenido con endeudamiento externo, el famoso 1 a 1,  fue parte del plan de medidas en contra de los argentinos. El Plan de convertibilidad ideado por el entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, favoreció la toma de créditos muy útiles para los financistas internacionales y los comisionistas locales que necesitaban colocar fondos en economías periféricas; favoreció la importación de todo tipo de bienes de consumo, lo que llevó a la destrucción de la industria local y el mercado interno. El 1 a 1, también le proporcionó a parte de la población la sensación (ficticia) de progreso y de “acceso” a bienes de la modernidad.

Otro aspecto relevante del modelo menemista, fue la destrucción masiva de puestos de trabajo públicos y privados, el desempleo llegó al 18%, situación que presionó hacia la baja el salario.

Desde 1998 los indicadores económicos y sociales no dejaron de retroceder permanente: cayó el nivel de actividad, el empleo, los ingresos, las finanzas públicas. La fuga de la gestión menemista, consistió en la venta de valiosos activos públicos. En los años 90, un total de 67 empresas públicas -entre ellas algunas de incidencia crítica como YPF, Ferrocarriles Argentinos, Gas del Estado, Aerolíneas Argentinas, Entel, entre otras- fueron privatizadas. Así, el Estado disminuyó su participación en la economía y renunció a la gestión de recursos y a ciertas actividades productivas muy estratégicas.

Misiones no estuvo ajena al festival privatizador

 Entre 1991 y 1999 Ramón Puerta, considerado uno de los mejores alumnos de la dupla Menem-Cavallo, gobernó la provincia. Su gestión transfirió a manos privadas las empresas estatales Papel Misionero, el Banco de la Provincia de Misiones y el Instituto Provincial del Seguro.

Papel Misionero había sido emblemática, ya que surgió como empresa testigo para sostener a los pequeños y medianos productores. Sin embargo, nada impidió su transferencia a manos privadas. La venta de las empresas públicas tuvo como contrapartida el ahogo de las empresas privadas que empezaron a cerrar sus puertas, mientras el proyectado achicamiento se producía, aumentaba la importación de productos y materia prima de baja calidad y bajos precios.

La venta de la empresa estatal Papel Misionero contiene numerosas irregularidades, como todo el paquete privatizador de la década de 1990. La principal, fue el precio de venta  de 50 millones de dólares, que fue objetado como muy bajo por quienes se oponían a la privatización. Y hasta el día de hoy no se conoce el destino de casi 40 millones de dólares.

Las investigaciones periodísticas de esa época dan cuenta de las anomalías: “Por la venta de las acciones de la empresa forestal estatal que nació a fines de la década del 60, aprobada por ley el 12 de diciembre de 1996, se generaron recursos por 46.5 millones de dólares -menos de lo estimado por los diputados, que alcanzaba a U$S 50.033.958. A valor de U$S 0,1207 por acción-, de los cuales, no se tienen registros del paradero de algo más de 38 millones de dólares”.

El entonces gobernador Ramón Puerta, quien hoy integra las filas de Juntos por el Cambio y postula a su hijo Pedro Puerta como candidato a diputado en las últimas elecciones, había prometido que los recursos se iban a destinar a la producción primaria y a mejorar la oferta forestal, pero nada de eso sucedió.

La debacle, que explotó en diciembre del 2001 y provocó el estallido social, conllevó una feroz represión que causó 40 muertes, la renuncia de Fernando de la Rúa a la presidencia -el fin del gobierno de la Alianza- , es la crisis más reciente en la memoria colectiva de nuestro país.

El derrumbe del aparato productivo, bancario y de las finanzas públicas fue sólo la expresión económica del desplome de toda la sociedad. “A diferencia de un cataclismo, no fue un producto de la naturaleza, sino de la acumulación de políticas contrarias a los intereses básicos de la Nación” expresa Ricardo Aronskind Licenciado en Economía y doctor en Ciencias Sociales.