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El reconocimiento de esta garantía fundamental por el máximo órgano de derechos humanos es el resultado de décadas de ardua lucha de ambientalistas, activistas, pueblos indígenas, científicos y muchos otros actores de la sociedad civil. El Consejo también nombra a un relator especial para el Cambio Climático.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró este viernes al ambiente saludable como un derecho humano y exhortó a todos los Estados a trabajar juntos, en conjunto con otros actores, para implementarlo.
La resolución que estableció esta garantía fue aprobada con 43 votos de apoyo y cuatro abstenciones: Rusia, China, India y Japón. Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza auspiciaron el texto.
El Consejo también estableció, en una resolución separada, una nueva relatoría dedicada específicamente al impacto del cambio climático en los derechos humanos.
Fue una decisión histórica. Tras la adopción de los documentos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a los Estados a tomar medidas audaces para dar efecto “rápido y real” al derecho a un medio ambiente saludable.
Michelle Bachelet llamó a que la resolución “sirva como trampolín para impulsar políticas económicas, sociales y ambientales transformadoras que protejan a las personas y a la naturaleza”.
Bachelet, quien había solicitado este reconocimiento desde hace tiempo, se mostró complacida por la “histórica” decisión del Consejo y afirmó que el derecho a un medio ambiente limpio “tiene que ver con la protección de las personas y el planeta: el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos”.
Degradación ambiental
“También se trata de proteger los sistemas naturales, que son condiciones previas básicas para la vida y el sustento de todas las personas, dondequiera que vivan”, argumentó, destacando que la declaración de este derecho reconoce claramente la degradación ambiental y el cambio climático como crisis de derechos humanos interconectadas.
Asimismo, continuó, el texto resalta que los segmentos de la población en mayor situación de vulnerabilidad se ven afectados de manera más aguda.
La contaminación atmosférica de las centrales eléctricas alimentadas con carbón está relacionada con el calentamiento global y otras consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y la salud pública.
La Alta Comisionada consideró que la decisión del Consejo de Derechos Humanos rinde homenaje a décadas de arduos esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, así como de las instituciones nacionales de derechos humanos, las empresas, los ambientalistas, los activistas y todas las personas que han abogado por el pleno reconocimiento internacional de este derecho.
Para los defensores de los derechos ambientales, Bachelet pidió que los Estados los protejan y empoderen, recordando que el año pasado un número sin precedentes de ellos sufrieron ataques o fueron asesinados.
Justicia ambiental
La directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), por su parte, aseveró que la adopción de la resolución es “un hito decisivo para la justicia ambiental”.
“Este derecho tiene sus raíces en la Declaración de Estocolmo de 1972. Cinco décadas después, es muy alentador ver que se reconozca formalmente a nivel mundial mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, abundó Inger Andersen.
No pueden quitarles la naturaleza
Añadió que la decisión envía un mensaje a los mil millones de niños que corren un riesgo altísimo de sufrir el impacto del cambio climático. “Un medio ambiente sano es su derecho. Nadie puede quitarles la naturaleza, el aire y el agua limpios, ni un clima estable”, acotó.
Andersen se refirió a la resolución como un paso definitivo para transformar al planeta en un hogar seguro y justo para todos.
La funcionaria sumó su voz a la de Bachelet para recalcar “los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de los defensores de los derechos humanos que trabajan en asuntos ambientales”.
“Las agresiones físicas, las detenciones, los arrestos, las acciones judiciales y las campañas de desprestigio son la cotidianidad de estos grupos de ciudadanos, pueblos indígenas y otros. Sólo en 2020 fueron asesinados más de 200 defensores del medio ambiente”, denunció Andersen.
Fuente: ONU
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