Registro de alquileres: la prórroga hasta fines de mayo es para todos los contratos firmados a partir del 1 de julio de 2020

Julia Acosta Azoya, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, se refirió a la nueva prórroga dispuesta por la AFIP hasta el 31 de mayo para registrar los contratos de los alquileres.

Julia Acosta Azoya – Radio Libertad

“Si bien la obligatoriedad de incorporar la información de los contratos rige a partir del 2010 en adelante, la obligatoriedad de la registración de los contratos se sumó en la nueva ley de alquileres que está en funcionamiento a partir del 1 de julio de 2020”, mencionó.

Acosta Azoya explicó que la obligatoriedad de registración es para todos aquellos contratos celebrados a partir del 1 de julio de 2020, cuando se puso en funcionamiento la ley de alquileres.

En cuanto al beneficio de los inquilinos en el sentido de poder deducir el monto del alquiler del Impuesto a las Ganancias, Acosta Azoya afirmó que “si alguien está pagando el impuesto a las ganancias, pero tiene registrado un inmueble a su nombre, no puede acceder a ese beneficio, el beneficio no es para todos”, indicó y aclaró también que el beneficio es únicamente para viviendas familiares.

Aclaró que “si bien tanto el inquilino y el intermediario pueden realizar la registración si lo desean, la obligatoriedad rige para el locatario”, añadió.

Sobre el estado actual del mercado tanto en alquileres como ventas en Misiones, detalló que algunas personas decidieron trasladarse a inmuebles más grandes debido al encierro que vivenciaron durante la cuarentena en el año pasado. En cuanto a alquileres, señaló que los inmuebles más solicitados hoy son las casas con pequeños patios. Mientras que en las ventas se movieron en un promedio de cuatro millones a cinco millones de pesos.

                                    Durante la pandemia muchas familias buscaron alquilar casas con patio.

Además, se refirió a los diferentes programas que lanza el gobierno de la Provincia y el nacional para reducir el déficit habitacional. “Creo que la parte que más afecta a la mayoría es la posibilidad de demostración de ingresos para acceder a este tipo de créditos. El Iprodha brindó acceso a muchas viviendas, de alguna manera se cubren los cupos, pero las familias se agrandan y hay que volver a completar esos requerimientos; la ciudad creció y hay mayor acceso, pero en el país entero el mayor problema es la demostración de ingresos para acceder a los programas”.

Por último, resaltó la importancia de tomar los servicios de corredores inmobiliarios matriculados, ya que aquel que ejerce la intermediación sin una matrícula estaría ejerciendo en la ilegalidad.

Prórroga hasta el 31 de mayo 

Días atrás, Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, se había referido a la prórroga del registro de contratos de alquileres lanzada por la AFIP, requisito impuesto a partir de la implementación de la ley de alquileres.

“Se extendió un plazo porque había muchos locadores que se les dificultaba, entonces la extensión se realizó para poder cumplir con lo anterior. Los contratos que se firmen después del 15 de mayo deberán registrarse en el sitio web de la AFIP dentro de los 15 días posteriores a la firma”, explicó.

Botana comentó: “Siempre que se modifica alguna normativa suele suceder que a plazo inmediato se retracta, pero a mediano plazo comienza a normalizarse. La nueva ley trajo muchas herramientas para el inquilino, pero en este primer momento genera un poco de rechazo que suban los alquileres”.

Explicó que con la ley de alquileres los inquilinos verían un aumento al año de un 35%, a diferencia de la vieja ley en que se veían aumentos cada 4 meses.

Sobre el descongelamiento de los alquileres y de los desalojos y su protocolo, dijo que el protocolo buscará información en todo el país con todos los poderes judiciales de las provincias, para que puedan evaluar la cantidad de familias en situación de desalojo. Una vez que se tenga esa información, se lanzará el protocolo de alerta, habrá herramientas para asistir a las familias en esta situación.

“Nunca vi que un gobierno quiera recaudar toda esta información para poder implementar una política pública de bien”, destacó y concluyó: “Dependerá del esfuerzo mancomunado que se pueda hacer para atender a las familias”.